El relato político del Partido Popular sobre una supuesta falta de controles profundos en las presas españolas no encuentra respaldo en el último pronunciamiento técnico del Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD), órgano que representa en España a la Comisión Internacional de Grandes Presas.
En su comunicado fechado el 19 de febrero de 2026, al que ha tenido acceso RRNEWS, los ingenieros especializados en seguridad de presas lanzan un mensaje claro: España dispone de un marco normativo avanzado y ha progresado de manera sensible en materia de seguridad. No hablan de abandono ni de infraestructuras fuera de control.
El documento introduce además una afirmación que desmonta la equivalencia implícita que algunos dirigentes del PP están trasladando al debate público: “La evidencia técnica demuestra que una presa envejecida no es lo mismo que una presa insegura”.
El dato que no encaja con el alarmismo
Es cierto que el parque de presas español es uno de los más maduros de Europa. Una de cada tres supera los 60 años y el 60% de las grandes presas de titularidad estatal tiene más de seis décadas. Pero SPANCOLD no convierte ese dato en una alerta de inseguridad, sino en una llamada a reforzar la inversión y la modernización.
España cuenta con aproximadamente 2.450 presas, de las cuales unas 1.100 son grandes presas. Solo alrededor del 28% (unas 350) son de titularidad estatal; el resto pertenecen a comunidades autónomas, ayuntamientos, hidroeléctricas o regantes.
Cada presa dispone de un ingeniero responsable de su supervisión técnica. El sistema español no funciona con inspecciones esporádicas, sino con vigilancia continua, instrumentación de control estructural, planes de emergencia y revisiones regladas conforme a las Normas Técnicas de Seguridad de 2021.
Lo que sí reclama el comité técnico
El comunicado no cuestiona la existencia de controles. Lo que reclama es financiación estable y suficiente. Con la crisis económica de 2010, la inversión cayó en picado y no se empezó a recuperar hasta los presupuestos de 2020.
Según sus cálculos, la inversión real en presas estatales ronda actualmente el 0,25% del valor patrimonial, unos 75 millones de euros anuales, cuando los estándares internacionales recomendarían en torno a 320 millones al año. El propio plan del Ministerio para la Transición Ecológicias para el periodo 2023–2033 contempla una inversión de 4.644 millones de euros para adecuación e inspección. Es decir: el debate técnico es presupuestario y estratégico, no de ausencia de supervisión.
Las presas han respondido en episodios extremos
El comité recuerda además que durante recientes episodios de lluvias intensas las presas españolas han funcionado a pleno rendimiento, laminando avenidas y reduciendo daños aguas abajo. Cita como ejemplo el comportamiento de la presa de Forata durante la DANA de 2024 o las avenidas en la cuenca del Guadalquivir en 2026.
Lejos de dibujar un sistema inseguro, el comunicado subraya su papel clave en la protección civil, el abastecimiento y la estabilidad energética. Las presas gestionan el 74% del agua destinada al riego, abastecen a 29 millones de personas y aportan alrededor del 11% de la producción eléctrica nacional.
Seguridad frente a relato político
El PP ha insistido en que existen 20 años sin “controles profundos” en determinadas presas. Sin embargo, el pronunciamiento del principal órgano técnico español en la materia no respalda esa afirmación.
El mensaje de los ingenieros es inequívoco: las presas españolas son infraestructuras maduras que requieren inversión sostenida y modernización, pero no constituyen un sistema abandonado ni carente de control.
En un contexto de alta sensibilidad social tras el accidente ferroviario de Adamuz, trasladar la imagen de que las presas son inseguras tiene un impacto directo en la percepción pública. El comunicado técnico introduce un elemento de serenidad: el envejecimiento exige atención y recursos, no alarma.
El debate político continúa. Pero, a la luz del posicionamiento del comité de expertos, la tesis de una red hidráulica sin control no se sostiene en términos técnicos.
Morán acusa a López Miras de intoxicar
La estrategia política del PP consiste en trasladar la idea de que el país se cae a trozos y ahora señalan las presas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha acusado abiertamente al presidente murciano, Fernando López Miras, de “intoxicar” y “desinformar” a la ciudadanía con sus declaraciones sobre la supuesta falta de revisiones en las presas de la Región de Murcia.
Morán sostiene que el relato de “20 años sin controles profundos” no se corresponde con la realidad técnica. Recuerda que las presas estatales están sometidas a un sistema de supervisión permanente, que cada infraestructura tiene un ingeniero responsable de su seguimiento y que la Confederación Hidrográfica del Segura ha invertido más de 85 millones de euros en seguridad desde 2018.
El secretario de Estado ha ido más allá en su crítica política, sugiriendo que el debate impulsado por el Ejecutivo murciano no busca aportar información rigurosa, sino generar alarma. “Esto va de intoxicar, y no de informar”, ha afirmado, cuestionando además la posición del Partido Popular durante los años en los que gobernó en España.
Desde el Ministerio insisten en que no existe ninguna alerta técnica que ponga en duda la seguridad estructural de las presas del Segura y defienden que el sistema español funciona con controles continuos, no con revisiones aisladas cada varias décadas.
El choque institucional, por tanto, ya no es solo técnico: se ha convertido en un pulso político abierto sobre el relato de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas.