La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona y actual diputada en el Congreso compareció esta semana en la Asamblea Regional de Murcia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura. No estaba obligada legalmente a ello, pero Narbona no rehuye ningún escenario en el que defender su gestión hídrica.
Lo hizo tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en cumplimiento de una obligación legal (cinco sentencias del Tribunal Supremo) de establecer caudales ecológicos en el Tajo. El debate, sin embargo, derivó por otros caminos.
Lejos de centrarse en el funcionamiento actual del Trasvase Tajo-Segura, el Partido Popular y Vox optaron por reabrir el debate sobre el Trasvase del Ebro, un proyecto descartado desde hace dos décadas y fuera de cualquier planificación hidrológica vigente. El trasvase que no existe volvió a ocupar más espacio que el que sí funciona.
Narbona rechazó ser una “fundamentalista antitrasvasista”. Defendió su gestión al frente del Ministerio entre 2004 y 2008, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aseguró que en ese periodo no se redujeron los caudales trasvasados respecto a las reglas vigentes. “No se derogó el trasvase. Se le dio certidumbre”, afirmó. Según dijo, hoy existe más seguridad jurídica e hídrica que entonces.
La actual presidenta del PSOE negó cualquier enfoque ideológico en su política hidráulica. Reivindicó una gestión basada en criterios técnicos y en la experiencia acumulada. Recordó, además, que gobernar implicaba atender también las necesidades del sureste, incluso en un contexto de fuerte presión política desde Castilla-La Mancha, entonces, en manos de Barreda (PSOE).
Las restricciones que vienen de atrás
El relato de los “recortes” al trasvase del Tajo no se sostiene si se atiende a los antecedentes normativos. Las principales limitaciones estructurales al Tajo-Segura fueron aprobadas por gobiernos del Partido Popular.
El Ejecutivo de José María Aznar fue el primero en fijar un límite máximo trasvasable. Estableció en 240 hectómetros cúbicos el umbral mínimo en los embalses de cabecera del Tajo. Hasta entonces, el trasvase no estaba sujeto a esa restricción automática.
Ese límite se endureció en 2013, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno. El umbral se elevó hasta los 400 hectómetros cúbicos, incorporándose de forma permanente a las reglas de explotación. El margen para trasvasar se redujo.
En 2017, también conRajoy como presidente, el trasvase permaneció cerrado durante once meses consecutivos. Un hecho inédito hasta ese momento. Ocurrió, además, sin caudales ecológicos obligatorios fijados por ley y en un escenario climático menos extremo que el actual. «¿Qué habría ocurrido durante esos once meses de no haber habido desaladoras?» preguntó Narbona a los diputados.
El Ebro y el rechazo europeo
La insistencia política en resucitar el trasvase del Ebro ignora su recorrido real. El proyecto no cayó solo por un cambio de Gobierno en España tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco por una decisión ideológica.
En Bruselas, el rechazo fue explícito. La entonces comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, lo expresó sin rodeos tras la llegada del nuevo Ejecutivo en 2004: “El nuevo Gobierno de España no llevará a cabo el trasvase del Ebro. ¡Dios existe!”, declaró en rueda de prensa.
La frase reflejaba el cansancio de la Comisión Europea ante las presiones del Gobierno de Aznar para sacar adelante una obra sin respaldo técnico, ambiental ni financiero. El proyecto quedó enterrado y ningún Gobierno posterior del PP lo ha vuelto a plantear formalmente. ¿Por qué no lo resucitó Rajoy cuando dispuso de mayoría absoluta?
El factor climático
Narbona cerró su intervención poniendo el foco en el cambio climático. “Si alguien recorta el trasvase, es la reducción de precipitaciones”, afirmó. Una tendencia estructural que, advirtió, irá a más. Incluso aunque se alternen con episodios de lluvias torrenciales.
España, recordó, es uno de los países más vulnerables de la Unión Europea. Por eso defendió una gestión prudente del agua. Apostó por una planificación plurianual del trasvase y por un enfoque más amplio del mix hídrico. También por la desalación como recurso complementario.
La comparecencia dejó un mensaje claro. Las reglas que hoy limitan el trasvase del Tajo no son nuevas. Fueron aprobadas hace años y por gobiernos del PP. El resto, una vez más, forma parte del ruido político.
El discurso del agravio permanente tampoco es nuevo. El Partido Popular gobierna la Región de Murcia desde hace más de treinta años y, durante todo ese tiempo, ha sostenido que el trasvase Tajo-Segura estaba a punto de cerrarse. Tres décadas después, ese anuncio no se ha cumplido. El trasvase sigue operativo y ninguna de las advertencias lanzadas de forma reiterada se ha materializado, aunque el mensaje continúe utilizándose como eje central del relato político regional con el apoyo del Sindicato Centras de Regantes.