La causa judicial por el incendio mortal del complejo de ocio Teatre-Fonda Milagros suma una nueva derivada. La acusación particular ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia que declare responsable civil al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia por el visado de proyectos técnicos vinculados al local. La solicitud abre una fase en la investigación centrada en las condiciones estructurales y administrativas que precedieron al siniestro.
La tragedia ocurrida en el complejo de ocio murciano continúa ampliando su perímetro judicial. Más allá del análisis del origen del fuego, el procedimiento se adentra ahora en la cadena de decisiones técnicas que configuraron el establecimiento durante casi dos décadas.
En un escrito presentado en la causa, la acusación particular solicita al juez instructor varias medidas: la declaración del colegio profesional como responsable civil directo o subsidiario, la exigencia de fianza para garantizar indemnizaciones, la investigación de técnicos intervinientes en proyectos clave y la aportación de pólizas de responsabilidad civil vinculadas a la actividad profesional y al visado.
Según el documento al que ha tenido acceso RRNEWS, la petición se fundamenta en la existencia de irregularidades técnicas acumuladas que no surgieron de forma puntual. La acusación sostiene que estas deficiencias “no son sobrevenidas”, sino que se arrastran desde el diseño proyectado y se mantuvieron en el tiempo mediante sucesivos proyectos y visados.
Una reconstrucción de veinte años de proyectos
La documentación judicial repasa la evolución técnica y administrativa del local desde 2005 hasta 2022. En ese periodo se tramitaron proyectos de instalación inicial, reformas estructurales, modificaciones de licencia, ampliaciones, legalizaciones e inspecciones administrativas.
El planteamiento de la acusación es que determinados fallos de seguridad detectados por la pericial judicial -relativos a evacuación, compartimentación, sectorización contra incendios y resistencia al fuego- estaban presentes en fases tempranas y fueron asumidos como base en actuaciones posteriores.
El escrito señala que estos incumplimientos se consolidaron mediante procesos de modificación y legalización que generaron una apariencia de adecuación normativa, permitiendo la continuidad de la actividad sin corregir las deficiencias esenciales.
Sin salida de emergencia
Las salidas de emergencia y las condiciones de evacuación figuran entre los aspectos más cuestionados en el escrito presentado por la acusación particular. La documentación analizada sitúa los problemas en el origen mismo del proyecto del local, en 2005. Según esa reconstrucción, la planta superior destinada al público no contaba con una salida de emergencia propia y los recorridos de evacuación no estaban debidamente justificados, pese a que el nivel de ocupación exigía dos vías independientes de salida. Tampoco se aportaron planos que reflejaran con claridad estas rutas ni su adecuación a la normativa.
Con el paso de los años, los proyectos posteriores introdujeron modificaciones que, según la acusación, no resolvieron esas carencias. Entre ellas, la instalación de una escalera interior de caracol que pasó a desempeñar un papel relevante en la evacuación de determinadas zonas y la alteración de recorridos que ampliaban las distancias hasta las salidas. En fases posteriores, las puertas interiores que comunicaban distintas áreas del complejo llegaron a considerarse salidas de emergencia siempre que permanecieran abiertas y accesibles. Sin embargo, el escrito recoge que la Policía Local dejó constancia en denuncias de que esas puertas se encontraban cerradas en distintas inspecciones.
La documentación también señala que la división del local en varias salas provocó que algunos espacios quedaran con una única vía de evacuación disponible, una circunstancia que habría dificultado el desalojo en caso de emergencia. En conjunto, la acusación sostiene que los problemas vinculados a la evacuación no se corrigieron en proyectos posteriores, sino que se mantuvieron en el tiempo, formando parte del conjunto de cuestiones que ahora examina la investigación judicial.
Oscuridad total durante el incendio
La documentación incorporada al procedimiento también pone el foco en un elemento especialmente crítico: la ausencia de una iluminación de emergencia efectiva en el momento del incendio. Según expone la acusación, el sistema eléctrico del local funcionaba desde años antes con un generador utilizado como suministro principal, una configuración considerada irregular que habría tenido consecuencias directas durante la emergencia. De acuerdo con el escrito, la planta superior quedó en completa oscuridad apenas unos segundos después de iniciarse el fuego, dejando a las personas en su interior sin referencias visuales para orientarse ni localizar las vías de salida.
La acusación sostiene que esta circunstancia no puede entenderse como un fallo aislado, sino como el resultado de decisiones técnicas mantenidas en el tiempo que afectaban a la seguridad básica del establecimiento. En ese contexto, la falta de iluminación se suma a otras deficiencias señaladas en materia de evacuación y constituye uno de los elementos que el juzgado deberá valorar al analizar cómo se desarrollaron los hechos y qué factores pudieron influir en el desenlace.
El visado técnico como elemento central
El foco más novedoso de la estrategia judicial está en el papel del visado colegial. La acusación sostiene que este procedimiento no es un trámite administrativo neutro, sino una actuación que proyecta una apariencia de legalidad técnica y facilita la obtención de licencias y autorizaciones.
En su argumentación, se plantea que el visado de proyectos con deficiencias detectables en elementos críticos de seguridad pudo contribuir a la creación o mantenimiento del riesgo estructural que finalmente se materializó en el incendio.
La petición se apoya en el régimen de responsabilidad solidaria previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación, que permite exigir responsabilidad a distintos intervinientes cuando no puede individualizarse con precisión su cuota causal en el daño.
Evacuación y resultado mortal
Entre los aspectos señalados en la documentación destaca la relación entre las condiciones del local y las consecuencias del siniestro. El escrito subraya que los fallecimientos se produjeron en la planta superior y que el desenlace no se explica únicamente por el origen del fuego, sino por las condiciones de evacuación existentes.
Se identifican como relevantes decisiones técnicas relacionadas con recorridos de salida, sectorización o configuración estructural del espacio, que habrían condicionado la capacidad de respuesta ante el incendio.
La acusación sostiene que estas condiciones derivan de proyectos técnicos concretos y se mantuvieron en el tiempo sin corrección efectiva.
Garantizar la reparación económica
La iniciativa judicial incluye además la solicitud de medidas cautelares para asegurar indemnizaciones futuras. Se plantea la consignación judicial de cuantías aseguradas vinculadas a pólizas profesionales y colectivas.
Según el escrito presentado por el abogado, José Manuel Muñoz, esta petición responde a que las víctimas no han recibido compensación económica hasta el momento y busca evitar que eventuales responsabilidades queden sin cobertura efectiva.
El juzgado deberá decidir ahora si amplía el alcance de la investigación y si procede incorporar nuevos responsables civiles al procedimiento.
Lo que está en juego no es solo la depuración de responsabilidades individuales, sino la reconstrucción completa de las condiciones que rodearon una de las tragedias más graves registradas en la noche murciana reciente. Trece jóvenes murieron en el incendio.