Hay indignaciones que delatan. Y la de Vox con las medidas anunciadas por el Gobierno de España para blindar a los menores en el entorno digital no suena a defensa de derechos: suena a pérdida de terreno.
La palabra “libertad” les funciona como comodín. Sirve para oponerse a casi todo sin entrar en el fondo: libertad frente a la escuela crítica, libertad frente a la igualdad, libertad frente a la convivencia. Ahora la han reciclado para las redes sociales. Pero aquí el truco es especialmente burdo, porque hablamos de infancia y adolescencia: un público que no entra en el debate político como un adulto entra en una urna, sino como alguien en formación entra en una narrativa.
Las redes sociales -tal y como operan hoy- no son simples canales. Son máquinas de modelado emocional. Premian lo extremo, castigan el matiz, convierten la discusión pública en una sucesión de impactos. Y cuando eso lo consume un menor, el resultado no es “libertad”: es exposición sostenida a mensajes diseñados para enganchar, polarizar y condicionar. Que Vox se enfade justo cuando se intenta limitar ese acceso es, como mínimo, revelador.
El menor como objetivo: política y mercado remando en la misma dirección
En paralelo a la discusión ideológica hay otro dato que lo explica casi todo: el dinero.
En Estados Unidos, seis grandes plataformas (entre ellas YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook y X) obtuvieron casi 11.000 millones de dólares en ingresos publicitarios estimados procedentes de usuarios menores de 18 años en 2022, según un estudio académico ampliamente difundido por medios internacionales.
Y si bajamos el foco a los menores de 12, la cifra no es anecdótica: el mismo trabajo estima 2.100 millones de dólares en ingresos publicitarios ligados a ese grupo de edad, con ejemplos que desmontan cualquier relato edulcorado sobre la autorregulación: YouTube rondaría los 959 millones por menores de 12, Instagram unos 801 millones y Facebook unos 137 millones.
Es decir: para los tecnooligarcas, la infancia no es un sujeto a proteger. Es un mercado. Un activo. Una “cuenta corriente” con patas.
Y cuando el negocio depende de que un menor permanezca conectado el mayor tiempo posible -cuando la rentabilidad exige capturar atención y datos- la idea de “libertad” se convierte en sarcasmo. Porque la libertad presupone capacidad real de elección;y el menor, precisamente, es el usuario con menos defensas cognitivas frente a la persuasión, la presión del grupo, la recompensa inmediata y el consumo compulsivo.
Por qué a la ultraderecha le duele especialmente
En ese ecosistema sin frenos, la ultraderecha ha encontrado un atajo formidable: entrar por la emoción para no pasar por los hechos.
No necesitan construir un programa creíble para jóvenes; les basta con instalar un clima. Una sensación de agravio permanente. Una identidad contra algo. Las redes permiten eso con una eficacia que el debate tradicional no ofrece: piezas cortas, mensajes repetidos, enemigos claros, recompensa inmediata, pertenencia de grupo.
Y además, un detalle decisivo: la política en redes no se presenta como política. Se presenta como “humor”, “rebeldía”, “decir verdades” o “despertar”. La propaganda se disfraza de autenticidad. El adoctrinamiento se camufla como valentía personal. Por eso la regulación no les parece una discusión técnica. Les parece una amenaza a su método.
Abascal no mira a Elon Musk como a un empresario excéntrico, sino como a un aliado estratégico: por eso le rinde pleitesía. Porque su red social se ha convertido en un amplificador de la desinformación, del discurso de odio y de las extremas derechas, un terreno fértil donde la provocación sustituye al hecho y la mentira circula sin freno.No es una afinidad personal, es una convergencia de intereses.
Las oligarquías tecnológicas y el nuevo fascismo avanzan juntas cuando se trata de degradar el debate público, erosionar la confianza colectiva y dinamitar los consensos básicos que sostienen una democracia. Allí donde el algoritmo premia el conflicto y el dinero manda sobre las reglas, la política autoritaria encuentra su hábitat natural. Y Abascal lo sabe.
Qué ha anunciado el Gobierno de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de medidas para “recuperar el control” de la gobernanza digital y proteger a los menores, planteado en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.
En lo esencial, el anuncio incluye cinco líneas de actuación que elevan el conflicto con las plataformas y, de rebote, con quienes llevan años explotando su lógica:
- Prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años como han hecho Australia y Francia y recomienda el Parlamento Europeo.
- Exigir sistemas efectivos de verificación de edad, no meros formularios declarativos.
- Avanzar en mecanismos de trazabilidad y medición del odio y la polarización en plataformas (la idea de medir y hacer visible el fenómeno, incluso con herramientas específicas).
- Plantear la responsabilidad de los directivos de las compañías ante contenidos ilegales o de odio cuando no actúen.
- Proponer la tipificación como delito de determinadas manipulaciones algorítmicas vinculadas a la amplificación de contenido ilegal o dañino, además de colaboración con la Fiscalía en la persecución de ilícitos.
Se puede debatir -y se debe- sobre viabilidad técnica, privacidad y garantías. De hecho, hay expertos que advierten de dificultades para verificar la edad “de forma segura” sin abrir otros riesgos. Pero esa discusión no cambia lo nuclear: por primera vez en mucho tiempo, el poder político está señalando el corazón sucio y perverso del modelo.
Resulta impensable tolerar en el espacio físico conductas que el ordenamiento jurídico sanciona con claridad: tráfico de armas sin control, difusión de material sexual que vulnera a menores, comercialización de datos bancarios robados o explotación de personas. Nadie lo justificaría en la calle, en un banco o en un centro educativo. Sin embargo, en el entorno digital esas mismas prácticas encuentran canales de circulación, anonimato y alcance masivo.
La manipulación de imágenes de menores, la organización de delitos a través de mensajería cifrada, la negación del Holocausto o la difusión de desinformación potencialmente peligrosa conviven en plataformas que se presentan como espacios neutrales.
Y mientras ninguna familia aceptaría exponer deliberadamente a sus hijos a violencia extrema, contenidos autodestructivos o explotación sexual, la arquitectura actual de las redes facilita que esos riesgos estén a un clic de distancia. Frenar esa realidad no equivale a censurar: existe normativa europea y nacional que ampara la intervención democrática para limitar daños y proteger derechos.
El teatro de Vox: “libertad” para quien manda en el algoritmo
Ahí es donde Vox aparece tal cual: no como defensor de libertades, sino como beneficiario de una jungla.
Cuando se protege a los menores, se protege también el espacio democrático. Porque la democracia requiere ciudadanía, no usuarios adictos. Requiere deliberación, no impulsos. Requiere conflicto político, sí, pero con reglas mínimas: hechos, responsabilidad, límites al abuso.
En cambio, el ecosistema digital actual premia lo contrario. Y quienes han sabido explotarlo -la ultraderecha con su guerra cultural y las plataformas con su extracción de datos- comparten un interés: que nada cambie.
Hablan de libertad como si un adolescente estuviera en igualdad de condiciones frente a un sistema diseñado para retenerlo. Como si la propaganda encubierta fuera opinión. Como si el acoso digital, el contenido tóxico y la radicalización fueran “pluralidad”. No. Lo que piden es barra libre.
Barra libre para seguir entrando en edades donde la identidad se está construyendo. Barra libre para que la política sea un flujo de adrenalina. Barra libre para que el enfado sea ideología. Y barra libre para que la infancia siga siendo rentable: en votos, en clics, en facturación. Eso quiere la extrema derecha.
La pregunta final es simple: si el objetivo fuera la libertad de los menores, ¿por qué se enfadan cuando se intenta protegerlos? Porque no es su libertad lo que defienden. Es su acceso.
Como ha dicho Pedro Sánchez: «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos».