El 15 de enero de 2025 (hace un año) el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, compareció con un mensaje rotundo y aparentemente tangible: anunció “un modelo pionero de vivienda protegida” para construir 1.634 viviendas para jóvenes en el municipio de Murcia, aseguró que su Gobierno ya había identificado 63 solares públicos y avanzó que el Ejecutivo regional estaba trabajando en un decreto ley para hacerlo posible. El mensaje trasladaba inmediatez, concreción y capacidad de gestión. No hablaba de futuribles: hablaba de suelo disponible y de una norma en marcha.
Un año después, la realidad es otra muy distinta. No se ha construido ni una sola vivienda de aquellas 1.634 prometidas. No hay promociones iniciadas, ni obras visibles, ni calendario público de ejecución. El “modelo pionero” no ha pasado del titular.
Lejos de rendir cuentas por ese incumplimiento, en 2026 el presidente regional ha optado por reformular el relato, sustituyendo el compromiso concreto por un nuevo marco discursivo mucho más difuso. Ahora ya no se habla de 1.634 viviendas ni de solares identificados, sino de una ley “avanzada e innovadora” que, según sus propias palabras, permitiría la construcción de 25.000 viviendas en los próximos cinco años. La concreción desaparece; el horizonte se alarga; la responsabilidad se diluye.
El cambio no es menor. En 2025, el anuncio tenía cifras cerradas, localización definida y un supuesto instrumento jurídico inmediato. En 2026, lo que se ofrece es un anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible que, de nuevo, está “prácticamente ultimado” y que se aprobará “en unos días”. Exactamente el mismo lenguaje que ya se utilizó un año antes. Exactamente el mismo punto de partida. Exactamente ningún resultado.
La gran novedad ahora es la incorporación de la figura del “proyecto unificado residencial”, presentada como la solución para agilizar trámites. Pero ni siquiera esa innovación normativa sirve para ocultar lo esencial: no hay viviendas construidas, ni siquiera en ejecución, y el Gobierno regional sigue instalado en la fase declarativa.
El contraste se vuelve todavía más grave cuando se analizan los hechos objetivos de gestión. En el último año, el Ejecutivo autonómico solo ha construido cinco de las 566 viviendas comprometidas en un programa financiado con 20 millones de euros de fondos europeos que transfirió el Ministerio de Vivienda Cinco viviendas frente a un compromiso que debía materializarse ya. Si el próximo mes de junio no están finalizadas, la Región de Murcia tendrá que devolver esos fondos (20 millones de euros) convirtiendo la ineficacia política en un perjuicio económico directo para la ciudadanía.
A ello se suma una decisión difícilmente defendible: la Región de Murcia renunció voluntariamente a los 35 millones de euros extraordinarios habilitados por el Ministerio para las comunidades autónomas que declararan zonas tensionadas de vivienda. No fue una imposición. Fue una elección política. Una autoexclusión que dejó fuera recursos públicos clave en un contexto de emergencia habitacional.
Y todo esto mientras el propio Gobierno regional considera “asequible” una vivienda de 170.000 euros por 90 metros cuadrados, un precio que exige estabilidad laboral, ahorros previos y capacidad hipotecaria muy alejada de la realidad de la mayoría de jóvenes murcianos.
La comparación entre 2025 y 2026 es reveladora:
– En 2025 se prometieron viviendas concretas que no existen.
– En 2026 se anuncian leyes futuras para no explicar por qué no se hizo nada.
– Antes había suelo identificado; ahora hay cifras infladas a cinco años vista.
– Entonces había un decreto “en marcha”; ahora hay una ley “a punto”.
La política de vivienda no se evalúa por la creatividad legislativa ni por la ambición retórica, sino por su impacto real. Y el impacto de la gestión de López Miras es claro: ni viviendas construidas, ni fondos bien gestionados, ni ayudas aprovechadas.
Cuando un Gobierno sustituye los hechos por anuncios sucesivos, no estamos ante un retraso administrativo, sino ante una estrategia: ganar tiempo, cambiar el marco y evitar asumir responsabilidades. En vivienda, ese tacticismo tiene consecuencias directas: jóvenes expulsados del mercado, fondos europeos en riesgo y una credibilidad institucional cada vez más erosionada.
Un año después del anuncio de enero de 2025, la pregunta es sencilla y demoledora: ¿dónde están las viviendas? La respuesta, por desgracia, también lo es. No están. Y mientras tanto, la Región de Murcia sigue perdiendo tiempo, dinero y oportunidades.