El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha comparecido esta semana con semblante grave para alertar a la ciudadanía de un peligro inminente y devastador: que el Gobierno de España haya pactado un modelo de financiación autonómica con Oriol Junqueras, condenado por la Justicia. Un hecho que, según el presidente murciano, “dinamita la democracia”, “pervierte el Estado de derecho” y “está fatal”, en ese orden y sin pausa para respirar.
El argumento -único, sólido y repetido hasta provocar leves mareos- ha sido recibido con entusiasmo por su entorno más cercano, que celebra que, por fin, López Miras haya encontrado una frontera moral clara, nítida y estratégicamente situada a más de 600 kilómetros de Murcia.
Lo que el presidente no ha mencionado, por un pequeño despiste sin mayor relevancia institucional, es que él mismo accedió al cargo tras ser designado sucesor por Pedro Antonio Sánchez, ex presidente regional condenado por delitos de corrupción. Un detalle que el actual jefe del Ejecutivo autonómico clasifica dentro de las categorías “contexto”, “pasado” o “ruido ambiental”.
“Una cosa es pactar con un condenado y otra muy distinta es heredar el poder de uno”, ha explicado López Miras, inaugurando así una nueva doctrina política según la cual los antecedentes penales caducan automáticamente si vienen acompañados de un relevo ordenado, una rueda de prensa sobria y una foto de partido con sonrisa contenida.
Desde el Gobierno regional insisten en que no existe contradicción alguna. “Junqueras es un condenado activo en el presente político nacional. Pedro Antonio Sánchez es un condenado integrado en el patrimonio sentimental del PP murciano”, aclara una fuente que pide anonimato, discreción y un indulto semántico.
Conviene recordar que Pedro Antonio Sánchez no es un condenado simbólico ni metafórico, sino uno con sentencia firme. La Audiencia Provincial de Murcia lo condenó a tres años de prisión y más de 17 de inhabilitación por el conocido caso Auditorio, una obra tan vanguardista que consiguió gastar millones de euros sin llegar a materializarse del todo, como un concepto artístico financiado con dinero público.
La condena es real, judicial y perfectamente localizable, aunque en la práctica el ex presidente disfruta de una figura jurídica muy apreciada en la política regional: estar condenado pero lejos (en Miami), lo que permite seguir siendo citado en discursos ajenos sin aparecer jamás en fotos propias.
La coherencia del discurso se ve reforzada, además, por el hecho de que el Ejecutivo de López Miras haya concedido subvenciones públicas a entidades vinculadas al ex presidente condenado. Pero desde el Gobierno regional aclaran que eso no constituye relación política alguna, sino “una ayuda”, “una cosa administrativa” o “una transferencia que no mira el pasado”.
Preguntado por esta aparente doble vara de medir, el presidente ha sido tajante: “Yo no estoy en contra de los condenados. Estoy en contra de los condenados que negocian cosas que no me gustan”.
El Ejecutivo murciano prepara ahora una nueva ronda de declaraciones en las que repetirá exactamente el mismo argumento, con la esperanza de que, si se dice suficientes veces, nadie repare en que el principal problema del modelo de financiación no es con quién se pacta, sino quién lo denuncia sin mirar su propio currículum institucional y, además, sin aportar propuesta alguna. “A ti no te la voy a enseñar”, declaró el consejero de Economía y Hacienda murciano, elevando el debate fiscal a la categoría de juego infantil.
Mientras tanto, la memoria institucional de la Región de Murcia sigue funcionando a pleno rendimiento: visión de halcón para detectar condenados ajenos y miopía selectiva para los propios.
Fuentes del Gobierno regional aseguran que el presidente duerme tranquilo. “Él no pacta con condenados: simplemente gobierna sobre una herencia política con antecedentes”, explican desde San Esteban. Un matiz esencial que, según el Ejecutivo murciano, marca la diferencia entre el escándalo y la más absoluta normalidad institucional.