La Justicia murciana arranca el curso judicial con una de las vistas más esperadas de los últimos años. Este lunes, en la Audiencia Provincial de Murcia, comienza el juicio por el caso Novo Carthago, considerado uno de los mayores procedimientos por corrupción urbanística que han investigado los tribunales de la Región en las últimas décadas. La vista llega casi veinte años después del inicio de la investigación sobre un presunto pelotazo urbanístico en los terrenos del sur del Mar Menor.
En el banquillo de los acusados no estará el ex presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, a pesar de que en fases iniciales dos jueces instructores llegaron a situarlo en el centro de las pesquisas. Sí veremos en el banquillo a varios de los hombres fuertes de sus ejecutivos, como Antonio Cerdá, ex consejero de Agricultura y Agua, y Joaquín Bascuñana, que dirigió la Consejería de Obras Públicas y posteriormente ocupó la Delegación del Gobierno en Murcia.
Peticiones de la Fiscalía
El fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano atribuye a Cerdá un delito de falsedad en documento público en concurso con prevaricación continuada, relacionado con la reclasificación de terrenos protegidos para levantar una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf. Para él pide tres años y medio de cárcel, la misma pena de inhabilitación y una multa.
A Bascuñana se le responsabiliza de haber avalado la operación desde Obras Públicas, por lo que la acusación reclama seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.
Junto a ellos se sentarán otros ex altos cargos y asesores del Gobierno regional: María Antonieta Fernández Cano, asesora de Cerdá, acusada de prevaricación y blanqueo, para quien se piden tres años y ocho meses de prisión; además de Antonio Alvarado (ex director general de Calidad Ambiental), Manuel Alfonso Guerrero (ex director general de Urbanismo), José María Ródenas (ex subdirector de Urbanismo) y Luis María Romero Agulló (ex asesor jurídico), todos señalados por prevaricación con penas de inhabilitación que rondan los cinco años. Un octavo acusado, Carlos Brugarolas, ex director general de Medio Natural, falleció en 2019 antes de llegar a juicio.
Una vista de gran complejidad
El proceso estará dirigido por el magistrado Álvaro Castaño Penalva, presidente de una de las secciones de la Audiencia, que además será ponente de la sentencia. Se prevé que el juicio se prolongue hasta el 11 de noviembre, con unas veinte sesiones cargadas de cuestiones previas, interrogatorios y declaraciones.
La Fiscalía subraya que la trama se remonta a 2002, cuando la promotora Hansa Urbana empezó a adquirir suelo junto al Mar Menor con la intención de levantar un complejo urbanístico de dimensiones colosales. Pese a ser una actuación contraria a derecho, el proyecto fue tramitado por el Ayuntamiento de Cartagena y respaldado por las consejerías de Cerdá y Bascuñana, que -según el Ministerio Público- “actuaron de forma coordinada para sortear los reparos legales y minimizar los informes contrarios”.
Testigos de peso
El juicio contará con hasta 35 testigos. Destacan el propio Ramón Luis Valcárcel, el ex consejero Francisco Marqués y la ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, todos ellos finalmente excluidos de responsabilidad penal en esta causa. También acudirán políticos de primer nivel en la Región, como Antonio Navarro Corchón o los ex concejales populares Agustín Guillén y José Fidel Saura, además de antiguos altos funcionarios autonómicos y empresarios ligados al proyecto.
ANSE: la acusación particular
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) mantiene su papel como acusación particular, tras dos décadas denunciando las graves consecuencias ambientales y sociales del proyecto. Su director, Pedro García, insiste en que la recalificación de suelos habría supuesto la puntilla para el Mar Menor y recuerda que la organización mantuvo hasta cuatro reuniones con Valcárcel para advertirle.
ANSE considera que, aunque se archivaran las imputaciones a funcionarios municipales de Cartagena, la responsabilidad principal recae en el Gobierno regional, verdadero impulsor de un proyecto que generó pérdidas millonarias a entidades financieras como la CAM y el Banco Santander. La asociación confía en que el fallo judicial acabe con la anulación definitiva de la recalificación y pide que los terrenos vuelvan a ser suelo no urbanizable de conservación, con parte restaurada y puesta bajo titularidad pública.
Un macrojuicio con dos décadas de retraso
El procedimiento llega marcado por las dilaciones indebidas: cerca de veinte años de instrucción y aplazamientos, incluido el de febrero de 2023 por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Ese retraso podría traducirse en rebajas de condena para los acusados, según advirtió el propio fiscal superior de Murcia.
De momento, no hay señales de un pacto con el Ministerio Público: las defensas de Cerdá y Bascuñana, encabezadas por los letrados Aurelio Llanes y Francisco Martínez-Escribano, respectivamente, niegan cualquier acercamiento.
Más que un listado de imputados, Novo Carthago es el reflejo de toda una forma de gobernar: la de los años en que el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, blindado por mayorías absolutas, impulsaba sin reparos macroproyectos urbanísticos incluso en enclaves de enorme valor ecológico. El juicio que arranca ahora trasciende el mero trámite judicial y se perfila como emblema de una época marcada por el descontrol urbanístico y las sombras de la corrupción.