Hoy se cumplen 50 años. En 1975, el régimen de Francisco Franco se encontraba en una fase de profunda crisis política, social y económica. Desde finales de la década de 1960, el sistema había experimentado un incremento sostenido de las protestas, las huelgas y la movilización social, lo que señalaba un creciente descontento en todos los rincones del país. La dictadura, que se había mantenido en el poder durante casi cuarenta años, se enfrentaba a una ofensiva antifranquista cada vez más intensa y diversificada, que ponía de manifiesto su creciente ilegitimidad social.
Las tensiones se intensificaron en los años 1974 y 1975, un periodo en el que el régimen, «herido de muerte», respondió como un «animal herido», aumentando drásticamente la represión para dar un escarmiento. Las detenciones, juicios y procesos se multiplicaron, y la violencia policial y de la Guardia Civil causó la muerte de más de 30 personas solo en 1975 por su participación en actividades antifascistas.
Los fusilamientos del 27 de septiembre, acaecidos en el ocaso de la vida de Franco, son un acto que resuena con una gran carga simbólica. La famosa frase del historiador Sergio Vilar, «Franco moría matando, como había vivido,» se convirtió en una poderosa metáfora del final del régimen. La brutalidad de este último acto de represión se interpreta como el último gesto de un hombre y un sistema en su lecho de muerte, una última afirmación de su poder absoluto antes de que la muerte lo hiciera imposible.
La orden del «anciano general» de no ser despertado «llamase quien llamase» la noche de los indultos sugiere que los fusilamientos no fueron un acto impulsivo, sino una decisión consciente y final, posiblemente alentada por la presión de los sectores más intransigentes del régimen, que querían dejar un mensaje claro de firmeza y control antes de su desaparición. El deterioro físico del dictador y el colapso político de la dictadura se entrelazaron en este último y brutal acto de violencia de manera que, en 1975, el régimen optó por la vía de la firmeza total ignorando los llamamientos a la clemencia y demostrando su voluntad de desafiar a la opinión pública tanto nacional como internacional, en lo que pareció ser su último y más violento acto de autoridad.
El proceso judicial que llevó a las sentencias de muerte estuvo plagado de irregularidades, caracterizándose por la total ausencia de garantías jurídicas. Los juicios, calificados como «farsas», fueron consejos de guerra «sumarísimos», un tipo de procedimiento que otorgaba al tribunal militar un poder absoluto y una total indefensión para los acusados.
Especialmente sangrantes son los casos de José Luis Sánchez Bravo y Xosé Humberto Baena Alonso cuyo padre, cinco minutos antes de ser fusilado le pidió a su hijo que le dijera la verdad, de manera que su culpabilidad le ayudase a asimilar y digerir un poco mejor su pérdida. Humberto le contestó: “lo siento padre, no puedo darle ese consuelo. Yo no fui”. ¿Cómo se quedó ese padre? Cinco minutos después su hijo estaba muerto. José Luis Sánchez Bravo, un estudiante de Ciencias Físicas de 19 años había sido “capturado” repartiendo panfletos contra el régimen en la universidad; en el momento en se cometió el crimen del que se le acusaba estaba, de manera atestiguada, en Mazarrón (Murcia), con lo que se le acusó de “inductor” del crimen, ¡a un chico de 19 años! ¿Cómo se quedó esa madre?
Los detalles de las ejecuciones reflejan la brutalidad inherente al régimen en sus últimos momentos. Los pelotones de fusilamiento estaban compuestos por «voluntarios de la Guardia Civil y la Policía Armada». Un sacerdote que asistió a las ejecuciones en Hoyo de Manzanares relató la dantesca escena en la que grupos de policías y guardias civiles llegaban en autobuses para «jalear las ejecuciones», muchos de ellos borrachos. Un hecho especialmente escalofriante ocurrió cuando, al acercarse a dar la extremaunción a uno de los fusilados, el sacerdote descubrió que aún respiraba. El teniente al mando del pelotón tuvo que darle el «tiro de gracia» para rematarlo, salpicando de sangre al sacerdote. Estos detalles de la violencia estatal, que no solo era sancionada sino activamente celebrada por las fuerzas del orden, refuerzan la idea de un régimen que agonizaba «matando», en un último y desesperado acto de terror y control.
La reacción internacional fue contundente e inmediata. Varios países europeos, incluyendo Noruega, el Reino Unido y Holanda, retiraron a sus embajadores de Madrid. En Copenhague, la Alianza Atlántica aprobó una moción de protesta que exhortaba a los países miembros a no tomar ninguna medida que pudiera favorecer el ingreso de España en el organismo. El presidente de México pidió la expulsión de España de la ONU, retiró a su embajador y suspendió todo contacto diplomático. En Portugal, el palacio de Palhavã, sede de la embajada española en Lisboa, fue asaltado y saqueado en protesta. El Papa Pablo VI intentó interceder personalmente llamando a Franco, pero la llamada no fue atendida bajo la excusa de que el dictador «estaba descansando». La reacción del régimen a la presión internacional fue la de aducir, en su último discurso público, que todo formaba parte de una «conspiración judeo-masónica y comunista». Sólo le faltó echarle la culpa a Pedro Sánchez.
Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 representan un hito fundamental en la historia reciente de España. Más que un mero acontecimiento aislado, se trató de un acto final y deliberado de violencia estatal que puso fin a la larga historia de represión de la dictadura franquista.
El contexto de la agonía de Franco, la crisis interna del régimen y el endurecimiento legal de los «juicios sumarísimos» contribuyeron a crear las condiciones para esta tragedia. La decisión de ejecutar a los cinco militantes, ignorando los masivos llamamientos a la clemencia, no solo consolidó el aislamiento internacional de España, sino que también galvanizó a las fuerzas de la oposición, dejando claro que no habría un pacto de continuidad, sino una transición forzada por el fin brutal del régimen. Un saludo a todo el mundo.