Las brigadas forestales de la Región de Murcia, gestionadas desde hace años por Orthem, empresa del grupo Hozono Global (antigua Generala), trabajan en condiciones que sus representantes sindicales califican de “vergonzosas”. El delegado de prevención de CCOO, Juan Pedro Cornejo, denuncia que los 358 efectivos, entre bomberos forestales, personal técnico, operadores y logística, perciben salarios cercanos al salario mínimo interprofesional, pese a afrontar tareas de máxima peligrosidad como incendios, inundaciones, terremotos o incluso misiones internacionales de apoyo.
“Estamos cobrando entre 1.275 y 1.300 euros al mes. Y dentro de ese sueldo, el plus de peligrosidad, toxicidad, penosidad y coordinación de medios aéreos es de 29,80 euros mensuales. Es indignante cuando nos jugamos la vida en cada intervención”, explica Cornejo a RRNEWS. El contraste con los bomberos urbanos es abismal: mientras estos perciben entre 500 y 600 euros de pluses, los forestales murcianos apenas alcanzan 30.
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Emergencias sin reconocimiento
El sindicato recuerda que estas brigadas han estado en primera línea en incendios como los de Castellón o Valdehebó, en inundaciones en Los Alcázares y Lorca, en el terremoto de Lorca e incluso en labores de desinfección durante la pandemia de la COVID-19. También han participado en incendios internacionales, como en Canadá. “Siempre estamos dando la cara en todas las emergencias, y sin embargo nuestro trabajo no está reconocido ni económica ni profesionalmente”, lamenta Cornejo.
Una plantilla insuficiente
Actualmente, el servicio cuenta con 358 trabajadores, pero CCOO reclama al menos 23 o 24 efectivos más para poder garantizar los relevos en caso de grandes incendios. “Si en la Región se declaran dos incendios a la vez, la cosa va muy justa. Estamos al límite”, advierte el delegado sindical.
El cuadrante actual de trabajo (4-1-4) tampoco facilita la conciliación familiar. “Estamos localizados por 168 euros al mes, lo que significa que aunque tengamos un día libre, no podemos movernos de casa hasta medianoche. Eso no es un día de descanso real”.
Montes secos y plagas: “la Región de Murcia es un polvorín”
La situación de los montes murcianos preocupa especialmente a los brigadistas forestales, aunque ellos prefieren que les llamen lo que son y es «bomberos forestales». La sequía y el abandono forestal han provocado que extensas masas de pinar en Carrascoy, Coto Cuadros, Sierra de las Puñas o El Valle estén completamente secas, agravadas por la plaga del tomicus que ha devastado grandes extensiones. “Es un polvorín. Basta con mirar el paisaje para darse cuenta de que el monte no está preparado”, denuncia Cornejo.
La ley y las reivindicaciones pendientes
En noviembre de 2024 se aprobó la Ley estatal de bomberos forestales, que reconoce la profesión y permite aplicar coeficientes reductores para la jubilación. Sin embargo, aún quedan competencias en manos de las comunidades autónomas, como la implantación de la segunda actividad para los trabajadores mayores. “Con 55 o 60 años no puedes seguir subiendo montañas con 30 kilos de peso a la espalda. Necesitamos una segunda actividad en la Región deMurcia”, reclama el delegado sindical.
Entre las reivindicaciones también destacan: mejoras salariales acordes al riesgo asumido, ampliación de plantilla, reconocimiento oficial como bomberos y bomberas forestales, y no solo como “brigadas” y aplicación real de la ley nacional en la Región de Murcia.
Privatización cuestionada
Preguntado por la gestión de la empresa Orthem, Cornejo reconoce que “hay cosas que funcionan y otras que no”, pero subraya que el verdadero problema es de modelo. “Un servicio así no debería estar privatizado. Si la Administración dice que no tiene dinero para subirnos el plus de peligrosidad, lo lógico sería que gestionara directamente el servicio y no a través de una empresa privada. Lo que pedimos es compromiso: que reconozcan nuestro trabajo y que nos paguen lo que nos corresponde”.
La denuncia sindical no se limita a las condiciones laborales. CCOO alerta de que la Región atraviesa “uno de los momentos más críticos en la última década” en riesgo de incendios forestales. Montes como Carrascoy, El Valle, Coto Cuadros o el puerto de la Cadena presentan pinares secos, restos de podas abandonadas y árboles talados que convierten esas masas en “polvorines naturales”.
La combinación de sequías, tormentas eléctricas y abandono de la gestión forestal hace temer incendios de “quinta generación”, imposibles de extinguir. “En caso de un gran incendio no habría medios humanos suficientes para hacerle frente”, advierte el sindicato, que insiste en la urgencia de ampliar la plantilla.
Una empresa poderosa
La precariedad de los brigadistas forestales murcianos contrasta con el poder creciente de la empresa que los contrata. Orthem, filial del grupo Hozono Global, es la misma compañía que ha saltado a los titulares en Castilla y León por ofrecer en InfoJobs empleos de bomberos forestales sin exigir experiencia ni formación previa, justo en plena campaña de incendios. Allí acumula 17 contratos adjudicados desde 2021 por más de 26 millones de euros, centrados en cuadrillas helitransportadas y brigadas terrestres.
En la Región de Murcia, su feudo de origen, el dominio es todavía mayor. Orthem gestiona el servicio de brigadas forestales desde hace años, pero además ha ido ampliando su cartera de contratos hasta controlar servicios estratégicos:
- Transporte sanitario terrestre (2019): adjudicado por el SMS por 302,54 millones de euros durante ocho años.
- Prevención selvícola y defensa del patrimonio natural (2015–2019): contrato por 35,9 millones de euros.
- Medios aéreos y brigada helitransportada (2022–2025): contrato con valor estimado de 20,1 millones de euros.
- Retirada de biomasa en el Mar Menor (2023–2026): contratos que superan los 10 millones de euros en varias fases.
- Macrocontrato de parques y jardines en Murcia: valorado en 60 millones de euros.
- Gestión del agua en San Javier (a través de su filial Gestagua).
- Limpieza hospitalaria en el área VI de Salud (Hospital Morales Meseguer y centros adscritos).
A nivel nacional, el agregado de adjudicaciones confirma su dimensión: 292 contratos públicos por un total de 394,66 millones de euros en los últimos años. Orthem se ha convertido así en un actor privado clave en la externalización de servicios públicos, con una diversificación que abarca desde emergencias forestales hasta sanidad, pasando por el Mar Menor, el agua y la gestión de zonas verdes y jardinería.
El poder de La Generala
Orthem forma parte de Hozono Global, grupo propiedad del empresario murciano Manuel Martínez Ortuño. La compañía cambió de nombre tras el escándalo que en 2021 afectó al antiguo Grupo Generala, cuando el ex alcalde del PP de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, fue condenado a tres años de cárcel por adjudicar de manera irregular un contrato de basuras de 100 millones de euros a una UTE en la que participaba la empresa.
El contrato más polémico en la Región de Murcia llegó en 2019, cuando el Servicio Murciano de Salud (SMS) adjudicó a una UTE liderada por Orthem el macrocontrato de transporte sanitario terrestre por 302,54 millones de euros y ocho años de duración. La empresa no tenía experiencia previa en el sector ni disponía de ambulancias propias.
La concesión desató críticas de la oposición y de los sindicatos, que denunciaron riesgos para el servicio público. Sin embargo, el PP bloqueó en la Asamblea Regional la creación de una comisión de investigación. Desde entonces, el contrato ha estado marcado por denuncias de recortes en plantilla y deficiencias en la atención, mientras la Consejería defiende que se cumple lo pactado.
La crisis del Mar Menor también ha sido una fuente de ingresos para Orthem. En julio de 2023, la empresa formalizó un contrato de retirada de biomasa vegetal y limpieza de áreas marítimas por 4,7 millones de euros. En 2024 obtuvo un nuevo contrato bianual para continuar con estas actuaciones, con un importe superior a los cinco millones.
Poder académico y blindaje político
El poder de Orthem va más allá de la gestión de contratos. En 2025, Hozono Global firmó un convenio con la UCAM para crear la Cátedra de Medio Ambiente, Agua y Energía, desde la que se imparten títulos universitarios a trabajadores de la empresa. Una manera de reforzar su influencia en el ámbito académico y presentarse como líder en sostenibilidad.
En el plano político, la empresa ha encontrado respaldo. El PP en la Asamblea Regional ha evitado cualquier investigación sobre el macrocontrato de ambulancias y ha minimizado las críticas sobre las adjudicaciones ambientales.
La Generala nació en el municipio murciano de Alcantarilla en los años 80, como una empresa familiar dedicada a la recogida y tratamiento de residuos urbanos. Su sede histórica estaba en la carretera de Alcantarilla, desde donde fue creciendo a nivel local y regional. En sus inicios se centró en servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento urbano, y poco a poco fue entrando en contratos municipales en Murcia y alrededores.
Con el paso de los años, La Generala dejó de ser solo una empresa de basuras para diversificarse hacia jardinería y mantenimiento de zonas verdes, obras públicas y servicios medioambientales, prevención y extinción de incendios forestales, y más tarde también en agua, transporte sanitario y limpieza hospitalaria. Este proceso de expansión ha estado muy ligado a la contratación pública, tanto en la Región de Murcia como en otras comunidades gobernadas por el PP, como Valencia, Madrid o Castilla y León.