La presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en la Región de Murcia, Sabah Yacoubi, ha cargado con dureza contra la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir la celebración del fin del Ramadán (Eid al-Adha) en espacios públicos. Una medida que, según denuncia, “no es una simple decisión administrativa, es discriminación pura y dura que vulnera la Constitución y los acuerdos que el propio Estado firmó con la Comisión Islámica en 1992”.
Yacoubi rechaza el argumento municipal de que se trata de “actividades ajenas a la identidad del pueblo”. Lo califica de “falso y peligroso”: “¿Desde cuándo se cuestiona que las procesiones de Semana Santa usen las calles? ¿Quién decide qué es ‘la identidad del pueblo’? En Jumilla viven más de 1.500 musulmanes que pagan impuestos y forman parte de la comunidad. Tienen el mismo derecho que cualquiera a usar los espacios públicos para sus celebraciones”.
La representante recuerda que el islam forma parte de España y que negarlo es “negar casi ocho siglos de historia”: “El legado andalusí está en nuestra cultura, lengua, arquitectura y tradiciones. No es extranjero, es nuestro. Pretender borrarlo es revisionismo que solo busca sembrar odio”.
También acusa de incoherencia a quienes, en su opinión, defienden la “españolidad” de ciertas costumbres mientras atacan otras protegidas por ley: “La Constitución, en su artículo 16, garantiza la libertad religiosa y de culto sin más límite que el respeto al orden público. Ya en 2013 el Tribunal Supremo dejó claro que los ayuntamientos no pueden legislar contra ese principio, como cuando tumbó las ordenanzas contra el uso del burka en Lleida y otros municipios”.
Para Yacoubi, la decisión de Jumilla no es un hecho aislado. Afirma que forma parte de una tendencia que ya se ha visto en otros municipios de la Región de Murcia, como Torre Pacheco, donde “se ensayan discursos y políticas islamófobas bajo el paraguas de una supuesta defensa de ‘lo nuestro»: “Es un experimento político de exclusión, un laboratorio de racismo institucional, y lo que hoy se permite en Jumilla puede ser la antesala de lo que se intente aplicar mañana en otros pueblos y ciudades de España si no se frena a tiempo”.
La presidenta subraya que el conflicto va más allá del uso de un pabellón para celebrar una fiesta religiosa: «Está en juego el principio de igualdad ante la ley y el respeto a la diversidad democrática. Si permitimos que unas religiones puedan usar el espacio público y otras no, abrimos la puerta a una regresión que recuerda tiempos oscuros. Hoy es el Eid, mañana será el derecho a vestir como quieras o rezar a quien quieras. No se trata de identidades, se trata de derechos, y los derechos no se negocian”.
La polémica en Jumilla no es un caso aislado ni un rifirrafe local: es un síntoma de un pulso más profundo por el modelo de convivencia en España. Las leyes son claras: la libertad religiosa y la igualdad ante la ley no están sujetas a referéndum ni a la “identidad del pueblo” que dicte un pleno municipal. Cuando un ayuntamiento decide qué fe puede ocupar la calle y cuál debe esconderse, lo que está en juego no es una fiesta, es el andamiaje mismo de la democracia.
En palabras de Sabah Yacoubi, “los derechos no se negocian”. Y si se cede en ellos, por muy pequeña que parezca la grieta, la fractura siempre llega.
ATIM‑RM son las siglas de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en la Región de Murcia. Se trata de una delegación local de ATIM, una entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional fundada en 1994, declarada de utilidad pública en 2012, dedicada a la integración social, jurídica y laboral de la comunidad inmigrante, especialmente de origen marroquí.