La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuelto a tocar la campana de alarma. Y no es una advertencia cualquiera: el plan que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe presentar por saltarse la regla de gasto en 2024 no convence. Falta pólvora. Falta concreción. Falta un compromiso real para que el gasto se ajuste a lo que marca la ley. Consulta aquí el informe.
¿Qué pide la AIReF? Básicamente, que el Plan Económico-Financiero (PEF) no sea un documento relleno de buenas intenciones, sino una hoja de ruta clara: medidas concretas, con sus efectos medidos y un calendario para ponerlas en marcha. Todo ello con proyecciones de saldo y deuda que encajen con ese recorte del gasto. Y no hablamos de caprichos. Este documento debe presentarse ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ser revisado por la propia AIReF antes de su aprobación.
Rebajas fiscales: la factura oculta
Uno de los elementos que más preocupa a la AIReF son las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno regional, que no son puntuales, sino permanentes. En los últimos años, la Región de Murcia ha aprobado deducciones en el IRPF, bajadas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y cambios en el Impuesto sobre el Patrimonio: la rebaja del mínimo exento se ha sustituido por una bonificación para quienes no estén sujetos al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El problema no es solo que estas medidas reduzcan ingresos en un momento en que las cuentas necesitan oxígeno: según la AIReF, su impacto negativo se prolongará hasta 2027, haciendo más difícil cumplir la regla de gasto y contener el déficit. Dicho en claro: la Región de Murcia ha decidido cobrar menos impuestos justo cuando gasta más y cuando tiene menos margen para endeudarse.
Ahorros que no convencen
El PEF incluye un paquete de medidas para ahorrar 189 millones en 2025 y 192 millones en 2026, la mayoría centradas en gasto sanitario. La AIReF no lo ve claro: esos ahorros no están respaldados por planes concretos ni por datos que permitan creer que se materializarán. Incluso detecta contradicciones: mientras el Gobierno regional prevé recortes en gastos de personal, la AIReF estima que la remuneración de asalariados crecerá cerca de un 4 %.
El organismo recuerda que el Ejecutivo regional ya prometió vigilar de cerca las cuentas para reaccionar a tiempo ante posibles desviaciones, y que incluso se comprometió a colgar ese seguimiento en la web de la Intervención General. Pero los números actuales no invitan al optimismo: en 2025 el gasto computable crecería un 5,2%, cuando el límite es del 3,2%. Y en 2026, más de lo mismo: un 5,6% frente al 3,3% permitido.
Si echamos un vistazo más allá, el panorama no mejora. En 2027, las previsiones apuntan a otro incumplimiento: un 4,4% frente al 3,4% autorizado. Y el gasto primario neto -es decir, descontando ingresos extraordinarios- seguiría por encima de lo pactado para el conjunto del país.
No es la primera vez que Murcia pisa esta línea roja. Desde que existe la regla de gasto, la región ha incumplido siete veces el objetivo de estabilidad y seis veces la propia regla de gasto. Eso sí, nunca se ha pasado del tope de deuda. El último traspié, el de 2024, se achaca sobre todo a un aumento de los gastos corrientes.
Lo cierto es que la deuda regional ya no está “cerca” del 30% del PIB: lo supera. A cierre de 2024, la cifra oficial es del 31,5%, lo que equivale a 13.518 millones de euros. La Región de Murcia se coloca así como la segunda comunidad más endeudada de España en proporción a su PIB, solo por detrás de la Comunidad Valenciana.
Con este escenario, la AIReF calcula que la Región de Murcia cerrará 2025 con un déficit del 1,4% del PIB. ¿Qué significa eso? Que la Comunidad gastará más de lo que ingresa, y ese desfase equivale a unos 570 millones de euros de agujero en las cuentas públicas. En 2026 la brecha se reduciría ligeramente hasta el 1,3% del PIB -en torno a 530 millones de euros-, pero seguiría siendo una cifra elevada para una región que ya soporta una deuda pública cercana al 30% de su PIB.
Y el futuro no pinta mucho mejor: si el Gobierno regional mantiene el mismo rumbo, en 2029 ese agujero no se habrá cerrado. Seguirá rondando el 1% del PIB, es decir, cerca de 400 millones de euros anuales que habrá que seguir pidiendo prestados y sumando a la deuda. Una hipoteca que no figura en los contratos de compraventa, pero que cada murciano acabará pagando, directa o indirectamente, con impuestos o con recortes.
La pregunta es evidente: ¿está el Gobierno regional de López Miras preparado para tomar las riendas de este problema? Porque los números no se arreglan solos.