Era 1 de agosto de 2020 y el sol caía como plomo sobre los campos de Lorca. A esa hora, cuando cualquiera buscaría refugio a la sombra, Eleazar Benjamín Blandón Herrera llevaba horas agachado entre hileras de sandías. No tenía contrato, ni papeles, ni derechos. Solo la promesa de un jornal que necesitaba para mantener viva la esperanza de su familia en Nicaragua.
Ese día, la temperatura superó los 40 grados. Blandón empezó a marearse temprano, a eso de las diez. Respiraba con dificultad, estaba pálido, se tambaleaba. Intentaba recomponerse bajo un árbol o dentro de una furgoneta, pero cada vez le costaba más seguir. Su jefe, el empresario agrícola Pedro Manuel P. T., no paró la faena. Es más: permitió que, después de varias horas bajo el sol, el grupo se trasladara a otra finca para descargar un camión.
El abandono
A las 15:20 horas, ya al límite, Blandón fue llevado por su jefe y otros dos compañeros hasta la puerta del centro de salud de Lorca. Lo dejaron allí. Inconsciente. En parada cardiorrespiratoria. El vigilante de seguridad recuerda que incluso expulsaba trozos de sandía. El equipo médico intentó todo: su cuerpo ardía a 41 grados. No hubo forma. Camino del hospital Rafael Méndez, ya no había nada que hacer.
La autopsia confirmó lo que cualquiera habría temido: golpe de calor. Y las cifras de la Aemet dibujan un día criminal para trabajar al raso: a las siete de la mañana, 29,1 grados; a las ocho, más de 30; a las nueve, 34; y a la una de la tarde, el termómetro ya había pasado de 40. Pese a todo, el empresario mantuvo el trabajo como si nada, ignorando lo que su propia evaluación de riesgos laborales decía.
Sin agua fría, sin descanso y sin sombra
Ese día, ni siquiera había nevera con agua fresca. El propio acusado reconoció que no la llevó porque, según él, “los trabajadores prefieren el agua natural”. Blandón llevaba despierto desde las cinco de la mañana y solo había tenido un descanso a las diez. Sin sombra adecuada. Sin un tiempo de aclimatación. Sin protección contra el calor extremo. Todo ello, saltándose las normas más básicas de prevención de riesgos laborales.
La magistrada Emilia Ros ha cerrado la investigación cinco años después. Y lo dice claro: hay indicios para juzgarlo por un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de homicidio imprudente y otro contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Un viaje roto por la explotación
Para entender la magnitud de esta historia, hay que retroceder un poco. Blandón no llegó a España buscando aventura, sino huyendo por su vida. En Nicaragua, había recibido amenazas por participar en manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega. Llegó a Bilbao y pidió asilo, pero el sistema estaba desbordado y la pandemia dejó su solicitud en un limbo. Sin papeles, no podía trabajar legalmente. Acabó en Almería, en la economía sumergida. De allí pasó a Murcia. Fue su última mudanza.
Su hermana Karla lo contaba con la voz rota: “Su futuro, lleno de ilusiones, sueños, esperanzas para sus hijos, su esposa y su madre, se vio truncado por personas que no tienen ningún tipo de aprecio, valor y estima por las personas más necesitadas”. Otra de sus hermanas recordaba una llamada en la que él le confesó: “Aquí a uno le humillan. Me llaman burro, me gritan, me dicen que soy lento. Te tiran el polvo en la cara cuando estás agachado. No estoy acostumbrado a que me traten así”. Y añadía que él y sus compañeros volvían del campo llorando, como críos, de pura impotencia.
Lo que está en juego
Ahora, la jueza propone sentar al empresario en el banquillo. Todavía queda la posibilidad de que recurra ante la Audiencia Provincial de Murcia. Pero más allá del proceso judicial, este caso es un espejo incómodo para el campo murciano: largas jornadas, calor extremo, trabajadores sin papeles expuestos a abusos y una cadena de silencios que hace que tragedias como esta sigan ocurriendo.