El pleno del Ayuntamiento de Lorca aprobó el pasado 28 de julio una moción promovida por Vox y respaldada por el PP que pide reducir los límites del Parque Regional de Cabo Cope–Puntas de Calnegre. Sobre la mesa, un discurso que huele a viejo: que si el parque ha espantado a los vecinos, que si aquí solo crecen los matorrales y anidan las lagartijas, que si la costa está muerta y, de paso, que todo esto es un coladero para “pateras e inmigrantes ilegales”.
Con este tipo de afirmaciones, más propias de un panfleto que de una institución pública, los partidos que gobiernan Lorca dan un paso claro hacia la urbanización del último tramo virgen del litoral lorquino. Lo hacen camuflando sus intenciones bajo palabras como “turismo sostenible”, cuando todo apunta a un modelo de cemento, piscina privada y adiós a la biodiversidad.
Pero hay quienes no se callan. Cuatro organizaciones -AMACOPE, ANSE, Ecologistas en Acción y Naturactúa- han levantado la voz de inmediato. Y lo han hecho con datos, con argumentos legales y con un mensaje contundente: lo que se está vendiendo como solución es, en realidad, un ataque directo al territorio, a sus habitantes y a su futuro.
¿De verdad el parque ha despoblado la zona?
Basta con mirar los datos oficiales del INE para desmontar esa narrativa. Entre 2000 y 2023, la población se ha mantenido o ha crecido en prácticamente todas las pedanías situadas junto al Parque:
- Puntas de Calnegre: de 332 a 357 personas
- Ramonete: de 896 a 1.218
- Morata: de 502 a 556
- Librilleras: de 351 a 662
- Puerto Muriel: de 129 a 145
- Garrobillo: estable en 77
¿Dónde está el éxodo? No lo hay. Decir que el Parque ha vaciado la costa es tan falso como fácil de comprobar. Y aún más grave: ni siquiera se ha intentado analizar el contexto social o económico. ¿Qué papel juegan el abandono institucional, la falta de transporte público o de servicios básicos? De eso no se dice ni una palabra.
Lo que sí hay en el parque: vida, riqueza y futuro
Quien conoce el Parque Regional de Cabo Cope–Calnegre sabe que no hablamos de un páramo. Al contrario: es uno de los rincones mejor conservados de la costa mediterránea. Allí viven especies únicas, muchas en peligro, y se mantienen paisajes que en otros puntos del litoral ya han sido devorados por la urbanización salvaje.
El propio Instituto Español de Oceanografía, la Universidad de Murcia o la Consejería de Medio Ambiente han avalado su valor ambiental. No es casualidad que se esté planteando ampliar la reserva marina de interés pesquero en la zona o que SEO/BirdLife lo haya señalado como Área Importante para la Conservación de las Aves. Esto no es romanticismo ecologista: es ciencia y sentido común.
¿Y por qué no aprovechar esta riqueza para impulsar proyectos reales de futuro? Educación ambiental, rutas interpretativas, pesca artesanal, pequeñas empresas familiares dedicadas al ecoturismo… Funciona en Calblanque, en las Salinas de San Pedro, en tantos otros lugares. ¿Por qué no aquí?
Un parque legal, ratificado y protegido por la justicia
Y atención: este parque no está en el aire. Se creó por ley en 1992 y su delimitación ha sido confirmada tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional. Jugar ahora con la idea de recortarlo, como plantea la moción, no es solo una irresponsabilidad: es ilegal. Cualquier intento de reducir su superficie por interés urbanístico está ya sentenciado. Literalmente.
Lo que no se puede tolerar: mentiras peligrosas
Pero lo que ha desatado la indignación no es solo el urbanismo encubierto. Es la mezcla de conservación con delincuencia. “El Parque solo favorece la entrada de pateras y el tráfico de drogas”, se ha dicho en el Pleno. Así, sin pruebas, sin matices, sin rubor.
¿De verdad alguien cree que proteger una zona natural provoca crimen? No hay ningún informe policial, ningún estudio serio que respalde semejante disparate. Y mientras tanto, se señala a personas migrantes, se alimenta el miedo y se arroja sospecha sobre colectivos vulnerables. Un cóctel tóxico.
Parque no es Ley de Costas (y lo saben)
Y ojo con otra trampa: se está mezclando deliberadamente el Parque con los conflictos generados por la aplicación de la Ley de Costas en Puntas de Calnegre. No es lo mismo. Ni el parque ha puesto en riesgo las viviendas, ni las decisiones sobre dominio público marítimo-terrestre dependen de su existencia. Pero a río revuelto…
¿Qué sí necesita esta zona?
Las organizaciones ecologistas no se limitan a criticar. Plantean un camino claro, viable y, sobre todo, respetuoso con el territorio:
- Que se apruebe de una vez el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), pendiente desde 1992.
- Que se dote al Parque de recursos, vigilancia y personal.
- Que se impulse la economía local con apoyo a la pesca, agricultura sostenible, turismo respetuoso y formación ambiental.
- Que se cumpla la ley. Toda.
- Que Lorca y Águilas colaboren en serio en la gestión de playas, residuos y conservación.
- Y que los servicios públicos —sanidad, transporte, escuelas, conectividad— lleguen donde hacen falta. Donde sí hay riesgo de despoblación.
El Parque Regional de Cabo Cope–Calnegre no está muerto. Está vivo, muy vivo. Es legal, está protegido, y puede ser la clave de un modelo que funcione sin devorar lo que lo hace único.
¿De verdad queremos vender el último trozo de costa virgen de Lorca al mejor postor? ¿O vamos a apostar por algo que merezca la pena dejar a quienes vengan después? Negarlo no solo es mentir. Es hipotecar el futuro. Y aquí no vale mirar para otro lado.