Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones formales contra el proyecto de una planta de producción de biogás y biofertilizante en Mazarrón, a escasos 1.150 metros de la urbanización Camposol y a 3 kilómetros de la urbanización Condado de Alhama. En su escrito, remitido tanto a la Consejería de Medio Ambiente como al Ayuntamiento del municipio, denuncian que esta instalación supondría una amenaza directa al medio ambiente, a la salud pública y a la calidad de vida de los vecinos.
La megaplanta de biogás, ubicada en Polígono 8, parcelas 1, 8 y 9 – Casa Tejada, Mazarrón, está promovida por la empresa Biometano Mazarrón S.L.con sede central en Madrid. El fondo de inversión que hay detrás de la planta es Qualitas Energy. El proyecto está tramitado oficialmente ante la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, bajo el expediente AAI20250009, tal como aparece publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La planta está diseñada para tratar hasta 316.160 toneladas de residuos orgánicos al año -unas 540 toneladas diarias en su operativa habitual- con el fin de generar biometano (CH4), abono líquido y abono sólido. Ecologistas en Acción considera que se trata de una «megaplanta», con un impacto ambiental muy superior al que suele divulgarse en este tipo de proyectos.
Entre los riesgos destacados por el colectivo ecologista se encuentran la contaminación atmosférica, los malos olores persistentes, la filtración de lixiviados a los suelos y acuíferos, el sobrecoste hídrico, y la alteración del entorno por el tráfico pesado: el proyecto prevé la circulación diaria de 74 camiones, lo que supone emisiones, ruido, congestión y posibles vertidos accidentales en las carreteras de acceso. El consumo total de agua previsto asciende a de aproximadamente 27.970 m³/año.
Pero el problema va más allá. La ubicación de la planta en una zona de vientos dominantes podría arrastrar los olores y emisiones hacia núcleos habitados cercanos, como Los Serranos, Cantareros, El Paretón, Los Pulios o la Urbanización Condado de Alhama. La propia urbanización Camposol -con un alto porcentaje de residentes extranjeros- también podría verse afectada si cambia el régimen de vientos. El colectivo ecologista alerta de una pérdida del valor de las viviendas y de una clara merma en la calidad de vida de los residentes.
«La planta no está pensada para tratar los residuos de cercanía, si no que por el volumen de tratamiento que va a albergar, van a llegar residuos procedes del resto de la región. Hay que tener en cuenta que por la A-7 – RM-3 van a llegar los
vehículos procedentes del área Lorca-Totana. Los procedentes de la Huerta de Murcia y Vega del Segura, utilizarían la vía A-7 – RM-2 – RM-23. Y los procedentes del campo de Cartagena la vía RM-2 – RM-23. Estando la RM-2 saturada ya de vehículos pesados y siendo la RM-23 una vía rápida que dudo que esté preparada para un gran volumen de vehículos pesados, correrían incluso más peligro de deterioro que la RM-3″ alega la organización ecologista.
Entre los equipamientos sensibles que podrían verse comprometidos, señalan el Consultorio local del Centro de Salud de Camposol y el colegio público del Paretón.
Desde el punto de vista ambiental, Ecologistas en Acción recuerda que la zona está incluida en el Plan de Recuperación de Aves Esteparias, aún pendiente de aprobación, y que alberga especies en peligro de extinción como el cernícalo primilla (Falco naumanni) y el sisón (Tetrax tetrax), además de otras aves vulnerables como la ganga ortega, el aguilucho cenizo, la carraca y el búho real.
«Estas plantas se venden como soluciones sostenibles, pero lo que en realidad suponen es una nueva fuente de contaminación y deterioro ambiental, además de un riesgo real para la salubridad y habitabilidad del entorno», denuncian desde la organización.
El colectivo reclama una moratoria inmediata a este tipo de instalaciones en la Región de Murcia, junto con un plan de desescalada de la ganadería industrial, fuente principal de los residuos que alimentan estas plantas. En su lugar, apuestan por apoyar a la ganadería extensiva y a los modelos agroecológicos que prioricen el consumo de proximidad.
Por último, Ecologistas en Acción critica la falta de información pública y participación ciudadana en la tramitación del proyecto, y alerta de que este tipo de procedimientos opacos impide a los vecinos conocer con detalle los riesgos a los que se enfrentan.
La CARM sigue sin regular distancias
El gobierno regional de López Miras sigue sin aprobar una normativa regional que regule las distancias de las plantas de núcleos urbanos. También rechaza una moratoria como piden los grupos parlamentarios en la oposición.