“No estamos ante un problema de seguridad, sino ante un problema de odio al diferente”, advirtió la ministra Elma Saiz tras los ataques racistas de Torre Pacheco
Tras los violentos altercados xenófobos registrados en junio en Torre Pacheco, protagonizados por grupos ultras, el Gobierno ha activado todas las alertas institucionales. En una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI), presidida este lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha acordado convocar con carácter urgente a las principales plataformas digitales en España para exigirles algo que suena tan obvio como imprescindible: que actúen, y que lo hagan ya.
El detonante no ha sido solo la violencia callejera. Según el último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en junio se detectaron más de 54.000 mensajes de odio en redes sociales. Sin embargo, apenas el 8% de los contenidos reportados por usuarios fueron eliminados, y solo un mísero 2% se retiró en menos de 48 horas. La ministra lo ha dicho con claridad: “La normalización del odio en el entorno digital tiene consecuencias reales sobre la convivencia. No podemos permitir que se tolere con impunidad el odio desde los algoritmos”.
Los datos son escandalosos. Plataformas como YouTube o X (antes Twitter) suspenden por su escasa respuesta: retiraron apenas un 5% y un 9% de los contenidos denunciados, respectivamente. Instagram, algo mejor, alcanzó un 23%, aunque sigue siendo claramente insuficiente. Lo preocupante no es solo la lentitud, sino la pasividad.
Frente a este panorama, la sesión del FISI ha puesto en valor un mecanismo que sí parece funcionar: el de los trust flaggers o “informantes de confianza”. Son organizaciones autorizadas que notifican directamente a las plataformas los contenidos de odio. Gracias a este sistema, se logró la retirada adicional de un 21% de los mensajes denunciados. Resultado: cuando hay cooperación real, la eficacia se dispara.
Además del tirón de orejas a Silicon Valley, la Comisión ha encargado a OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) un informe extraordinario centrado en la actividad digital previa y posterior a los ataques de Torre Pacheco. El objetivo es claro: anticiparse a futuros estallidos de violencia detectando patrones de odio en redes.
“La condena del Gobierno es rotunda ante cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia”, subrayó la ministra Saiz. “España no puede permitirse dar ni un paso atrás. No podemos volver a los tiempos oscuros en los que los ultras iban de cacería contra personas LGTBI o aficionados de equipos rivales. Hoy esos mismos fanáticos actúan contra nuestros vecinos migrantes”.
El FISI también ha apostado por reforzar la coordinación institucional entre administraciones públicas, entidades sociales y comunidad académica para blindar la convivencia democrática. El mensaje es claro: no se va a tolerar el retroceso en derechos ni en dignidad.
Finalmente, se acordó mantener sesiones extraordinarias periódicas para hacer un seguimiento constante de los episodios xenófobos y su evolución en redes sociales. En tiempos de algoritmos tóxicos y discursos incendiarios, el Estado pretende hacer valer su responsabilidad de garante de la convivencia.
El odio, cuando se deja correr, se organiza. Por eso ahora es el turno de las plataformas: o se convierten en aliadas de la democracia, o seguirán siendo cómplices por omisión.