Un joven de 20 años, inmigrante de origen magrebí, fue detenido el pasado martes a las 19:15 horas en la piscina municipal de Alhama de Murcia tras ser denunciado por, presuntamente, haber tocado el glúteo de una menor de 12 años en el interior del vaso de la piscina. La denuncia fue interpuesta por la abuela de la niña después de que ésta saliera del agua y contara lo sucedido. El joven, que había acudido al recinto con dos amigos, fue trasladado por la Policía Local a dependencias de la Guardia Civil, donde prestó declaración. Posteriormente fue puesto en libertad. Asegura que el contacto fue accidental y que no hubo intencionalidad alguna.
El caso ha pasado al Juzgado de Instrucción de Totana, que deberá tomar declaración al joven y a los testigos y determinar si los hechos son o no constitutivos de un delito de agresión sexual. Por el momento, no hay auto judicial que confirme los hechos relatados por la denunciante, más allá de la apertura de diligencias de investigación, aunque hay ciudadanos que ya han acusado y dictado sentencia.
Instrumentalización política y campaña de odio
Pese a tratarse de un suceso aislado aún bajo investigación, el partido de extrema derecha VOX no ha tardado en convertir el caso en eje de su discurso político. El medio digital La Gaceta de la Iberosfera, vinculado al partido de extrema derecha, publicó apenas unas horas después del incidente un titular que afirmaba: “Un inmigrante ilegal magrebí detenido por una agresión sexual a una menor en la piscina municipal de Alhama (Murcia)”. En el interior de la noticia se hablaba, sin prueba alguna, de “tocamientos” y de la intervención de una socorrista que habría “frenado” al supuesto agresor, extremo que no ha sido confirmado por fuentes oficiales.
Este viernes, VOX organizó una concentración de protesta en Alhama. El acto contó con la presencia del presidente regional del partido y diputado en la Asamblea, José Ángel Antelo, que aprovechó el caso para exigir públicamente la deportación masiva de inmigrantes. En sus redes sociales, Antelo escribió: “Una niña de 12 años, marcada de por vida por la barbarie de un inmigrante ilegal. Con @vox_es ni una menor más desprotegida, ni un criminal más en nuestras calles. Todo mi apoyo a la familia”. También calificó el caso como “barbarie”.
La alcaldesa de Alhama, Rosa Sánchez, también ha condenado condena enérgicamente el incidente ocurrido en la piscina municipal y ha anunciado refuerzos en seguridad, aunque ha renglón seguido dice que Alhama es «un municipio seguro».
Respuesta institucional: no hay inseguridad generalizada
Ante el aumento del ruido político y mediático, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha recordado que el caso está judicializado y ha pedido no caer en generalizaciones ni en discursos de odio. A través de un comunicado oficial, subrayó que “no existe una situación generalizada de inseguridad en Alhama”, y aportó datos para respaldarlo: la criminalidad convencional ha descendido un 5% en el municipio y no se han registrado robos violentos en lo que va de año. Además, se ha reforzado el dispositivo de la Guardia Civil con motivo del verano.
Un comentario que cruzó la línea
Antelo no es el único que ya ha sentenciado y dictado condena. Juan José Martínez Pagán, ex candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alhama en las elecciones municipales de 2023 escribió en Facebook: “Si han tocado a una cría de 12 años, los usuarios de la piscina tienen que ahogar al individuo. En caso de no ser españoles, pues que repatrien el cuerpo o que lo muelan y lo echen al mar”. Y añadió: “Todo mi odio a quienes no tuvieron la valentía de ahogar a quien supo que estaban tocando a una cría”.

El diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Víctor Egío, también presente en Alhama para denunciar lo que calificó como “una concentración racista y xenófoba”, anunció que su formación presentará una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de odio contra Martínez Pagán. El Partido Popular, hasta el momento, no ha emitido ninguna valoración pública sobre el comentario de su ex candidato.
Los hechos, bajo investigación. El clima, envenenado
Mientras el procedimiento judicial sigue su curso -sin imputación formal ni pruebas concluyentes más allá de una denuncia y una declaración- el caso ha sido ya convertido en bandera política. Un suceso aún por esclarecer ha servido de coartada para azuzar el odio, pedir deportaciones colectivas y propagar un mensaje de inseguridad que no se corresponde con los datos reales.