En un país donde el lugar de residencia marca la diferencia entre recibir o no atención social básica, la Región de Murcia aparece, un año más, como la gran rezagada. Así lo refleja el Índice DEC 2024, el estudio más completo sobre el desarrollo de los servicios sociales en España, que otorga a la comunidad murciana una calificación demoledora: “irrelevante”, con apenas 3,26 puntos sobre 10. Es la nota más baja entre todas las comunidades autónomas.
El DEC -acrónimo de Derechos, Economía y Cobertura- mide desde 2012 la calidad y el alcance de los servicios sociales públicos. En esta duodécima edición, Murcia no solo no mejora respecto a años anteriores, sino que mantiene su puesto en el furgón de cola. La región suspende en todas las áreas clave: ordenación del sistema (0,4 puntos sobre 1,5), relevancia económica (1,64 sobre 3) y cobertura de servicios (1,22 sobre 5,5).
Gasto público muy por debajo de la media
El informe revela que la Región de Murcia destinó apenas el 8,4% de su presupuesto total a servicios sociales en 2023, frente al 10,25% de media nacional. Es una de las comunidades que menos esfuerzo económico hace en este ámbito. El gasto por habitante fue de solo 416 euros, lejos de los 548,1 euros de media estatal y a años luz del País Vasco (1.203 euros).
Peor aún: el porcentaje de su PIB destinado a servicios sociales fue del 1,2%, el segundo más bajo del país, solo por encima de Madrid. En un contexto donde el objetivo es acercarse al 2% del PIB, Murcia sigue alejándose de ese horizonte.
Carencias estructurales: sin catálogo, sin estrategia y con escasa cobertura
La Región de Murcia no tiene aprobado un catálogo oficial que concrete los derechos en servicios sociales reconocidos en su Ley autonómica. Tampoco dispone de una norma sobre ética en los servicios sociales, ni de un plan de investigación o Historia Social Única implantada. Estas carencias la sitúan en el grupo de comunidades con “cobertura en riesgo”, según el informe, junto a Cantabria y Castilla-La Mancha.
En cuanto a cobertura, los datos son igual de alarmantes. La Región de Murcia ofrece solo un 3,8% de plazas residenciales públicas para mayores de 75 años, muy por debajo de la media (5,9%) y tres veces menos que Castilla y León (11,8%). La cobertura de centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio también está entre las más bajas del país.
Derechos reconocidos, pero no garantizados
El informe denuncia que algunas comunidades -como Valencia o Canarias- presentan “derechos de papel”: buena legislación, pero sin dotación real. En el caso de la Región de Murcia, ocurre lo contrario: hay servicios dispersos y puntuales, pero sin un marco normativo sólido que los garantice. Es decir, sin planificación ni blindaje legal, cualquier recorte político puede dejar a miles de personas sin atención.
Un modelo asistencialista y frágil
En definitiva, el modelo murciano se caracteriza por un perfil asistencialista, poco vertebrado, sin garantías jurídicas ni una financiación adecuada. Mientras otras comunidades apuestan por estructuras profesionales consolidadas, planificación estratégica y descentralización hacia los servicios sociales municipales, en Murcia el sistema sigue siendo débil, opaco y centralizado.
“Estamos ante un modelo sin base jurídica ni planificación, y con una cobertura insuficiente”, alerta el informe. Un modelo que no solo deja fuera a los más vulnerables, sino que impide a la ciudadanía exigir sus derechos. En una comunidad con altas tasas de pobreza y exclusión social, el castigo es doble.
Brecha territorial
España ha alcanzado en 2024 la mejor puntuación media desde que se empezó a medir el desarrollo de los servicios sociales hace doce años. El Índice DEC 2024, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, otorga al sistema público una puntuación global media de 5,46 sobre 10, una cifra récord que refleja avances en derechos, gasto público y cobertura. Pero la mejora general no oculta una realidad incómoda: la brecha territorial sigue siendo abismal.
Las comunidades mejor valoradas vuelven a ser Castilla y León (7,73 puntos), País Vasco (7,67) y Navarra (6,97). Son las únicas que se sitúan en el tramo superior del índice, lo que significa que cuentan con legislación avanzada, una financiación sólida y una cobertura de servicios sociales adecuada a las necesidades de su población.
En el extremo opuesto están Madrid, Cantabria y la Región de Murcia, esta última con un demoledor 3,26 que la sitúa como la peor comunidad del país.