Este 28 de junio, el Partido Popular ha vuelto a subirse al carro del Día del Orgullo con mensajes en redes sociales que apelan a la “libertad”, la “igualdad” y el “respeto a todas las personas, sean como sean y amen a quien amen”. Pero, en política, la memoria también es un acto de justicia. Porque hace exactamente 20 años, ese mismo partido fue el principal adversario de la ley que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en España. La ley logró 187 votos a favor y 147 votos en contra.
En 2005, el PP no solo votó en contra de la histórica Ley 13/2005 que modificó el Código Civil, sino que también presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, promovió el rechazo social desde las instituciones y respaldó las grandes manifestaciones convocadas por grupos ultracatólicos.
Aquella ley, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, convirtió a España en el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario con todos sus efectos, incluida la adopción conjunta.
Lo que hizo el PP en 2005
El entonces líder del PP, Mariano Rajoy, autorizó a todos sus diputados a votar en contra. En ningún momento se planteó una postura neutral ni se reconoció el derecho al matrimonio para personas del mismo sexo. El recurso de inconstitucionalidad que presentaron el 30 de septiembre de 2005 sostenía que la Constitución española solo permitía el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que la adopción por parte de parejas homosexuales podía atentar contra “el interés superior del menor”.
Como si fuera poco, el PP respaldó públicamente las masivas marchas del Foro Español de la Familia, que en junio de 2005 reunieron a cientos de miles de personas en Madrid bajo pancartas como “La familia sí importa” y “Por la libertad, la familia y la infancia”. Fue, literalmente, la calle contra los derechos.
Las palabras que dijeron y hoy prefieren olvidar
Mientras hoy hablan de “libertad”, en 2005 el discurso era otro. Muy otro. Estas son algunas de las declaraciones reales de aquella época:
“Esta ley es uno de los hechos más graves que han ocurrido en los últimos tiempos en España”, dijo el entonces arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares. “El matrimonio homosexual es una amenaza para el futuro de la humanidad”, remató.
Desde la Conferencia Episcopal Española, el entonces portavoz Juan Antonio Martínez Camino fue incluso más directo: “No es discriminación llamar matrimonio sólo a la unión entre un hombre y una mujer”. “Esta ley no sólo no es un bien para las personas homosexuales, sino que constituye una gravísima injusticia hacia la institución del matrimonio.” “Equiparar legalmente las uniones homosexuales al matrimonio es un acto gravemente dañino para el bien común.”
Y por si quedaban dudas, añadió que los católicos tenían una “obligación moral de oponerse a la ley”.
“Casarse con animales”: cuando el argumento era el miedo
Aunque la Conferencia Episcopal no llegó a verbalizarlo, algunos sectores afines al PP y al ultracatolicismo llegaron a defender que permitir el matrimonio homosexual podría abrir la puerta a legalizar uniones con animales o poligamia.
Uno de los más llamativos fue el jurista vinculado al PP, Jesús Trillo-Figueroa, autor de «El matrimonio homosexual y la falsa antidiscriminación», quien llegó a afirmar que “Si el Estado puede redefinir el matrimonio para incluir a personas del mismo sexo, también podría hacerlo en el futuro para permitir matrimonios con más de dos personas o incluso con animales”.
El propio Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia y cercano al Opus Dei, también alertó de la “desnaturalización total del matrimonio” y afirmó que: “La ley dinamitaba la institución básica de la sociedad” y abriría un “proceso irreversible de degeneración legal”.
El varapalo del Constitucional
En 2012, tras siete años de espera, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del PP por amplia mayoría (8 votos a 3) y avaló la constitucionalidad de la ley. Su sentencia dejó claro que: “La noción de matrimonio no es inmutable ni está cerrada a la evolución social.”
Aquel fallo supuso un punto de inflexión. Ya en el Gobierno, Mariano Rajoy no derogó la ley, aunque siempre se refirió a ella con evasivas. En 2011, tras la sentencia, aseguró que respetarían la decisión del TC, pero siguió evitando llamar “matrimonio” a las uniones homosexuales durante años.
Del “no rotundo” al “todos cabemos”
Hoy, en sus cuentas oficiales, el PP lanza eslóganes como “la libertad es el orgullo de todos” o se suma a eventos institucionales del Orgullo con banderas arcoíris en fachadas públicas que gobiernan. Pero ni una palabra sobre el recurso de inconstitucionalidad, ni una rectificación formal, ni una autocrítica, ni una disculpa. Pura hipocresía. En la Región de Murcia, el Gobierno de López Miras ha pactado los presupuestos con VOX que, entre otras coas, exige derogar la Ley de Igualdad LGTBIQ+ y ha bloqueado cualquier partida para luchar contra la LGTBIQfobia. Además, su gobierno no cumple la Ley 8/2016.
Veinte años después, el matrimonio igualitario es una realidad asentada y apoyada por la inmensa mayoría de la sociedad española, también por muchos votantes y dirigentes del PP. Pero la historia no se borra con una lona multicolor ni con una foto en redes.
Porque hacer memoria es también un acto de libertad
En un tiempo en el que parte de la política vive de la amnesia colectiva, conviene recordar que los derechos que hoy se celebran no fueron una concesión generosa, sino una conquista empujada desde abajo, resistida desde arriba y ganada a pulso. La libertad que hoy reivindican muchos desde la tribuna es la misma que negaron con uñas y dientes cuando estaba en juego en el Congreso.
Y si ahora el PP celebra el Orgullo, está bien. Pero que no olvide que hubo un tiempo en el que defendía que el matrimonio igualitario “atentaba contra el bien común”, que “era una amenaza para la humanidad”, y que, según sus aliados ideológicos, podía terminar en alguien casándose con un perro.
La incoherencia no se queda en el pasado
Mientras el PP cuelga banderas arcoíris en sus redes sociales, pacta gobiernos con Vox, un partido que niega la existencia misma del colectivo LGTBI, que tacha de “lobby” sus reivindicaciones y que ha eliminado concejalías de Igualdad y Diversidad allá donde gobierna.
¿Libertad para qué? ¿Para blanquear alianzas con quienes consideran que las leyes contra la discriminación son “chiringuitos ideológicos”? ¿Para borrar menciones al colectivo en documentos oficiales, como ya ha pasado en ayuntamientos y comunidades gobernadas por ambos partidos?
Hablar de libertad sin compromiso con los derechos es hacer política de escaparate. La libertad real no se mide por lo que se tuitea el 28 de junio. Y en ese espejo, el PP sigue reflejando más continuidades que rupturas con aquel “no” rotundo de 2005.
Porque no se puede ondear la bandera del Orgullo con una mano y firmar retrocesos con la otra. Eso no es libertad: es hipocresía.