No es suficiente con la preocupación. Si hace apenas dos décadas el ascenso electoral de la ultraderecha en Europa provocaba editoriales, columnas de opinión y foros de expertos sobre la vuelta de los fantasmas del siglo XX, hoy día se asiste, entre la resignación y la turbación, a su asentamiento definitivo en el corazón de las instituciones.
Lo que aparecía como una anomalía se ha convertido en norma; lo que comenzó siendo estigmatizado se ha recubierto de legitimidad. Pero es conveniente ser precisos: en este momento no se está en la fase de desestigmatización, ni siquiera en la de normalización, sino que se ha entrado en la fase de institucionalización de la extrema derecha. Ya no protesta desde los márgenes del sistema, sino que redacta y toma decisiones desde los despachos oficiales.
Existe una gran diferencia entre una extrema derecha normalizada y una institucionalizada, ya que, en tanto que la normalización implica que se trataría de una opción política más, entre otras muchas, la institucionalización lleva consigo que ya no es necesario que vocifere, sino que decide la agenda. En Francia es paradigmático que Marine Le Pen, que durante muchísimo tiempo intentó “desdiabolizar” a su partido, ya no necesita moderar su tono porque los demás se han adaptado. Incluso Macron ha ido endureciendo su retórica en relación con la inmigración y la seguridad para intentar contener, con poco éxito, el avance del Rassemblement National. La paradoja evidente es que, para frenar a la derecha radical, se adopta su retórica, su agenda discursiva e incluso sus formas. Es como si, para evitar que se produzca un incendio, se rociara con gasolina.
Por su parte, Italia ejemplifica un caso no de mimetismo, sino de integración. Giorgia Meloni, líder de Fratelli d’Italia, es una primera ministra con un manifiesto pasado posfascista. Su partido no disimula su orientación ideológica, si bien lo presenta bajo la apariencia del conservadurismo democrático. La paradoja de Meloni es mayor que la de Le Pen, al conseguir ser percibida en Bruselas como una figura de estabilidad institucional, mientras que en Italia está destruyendo paulatinamente, con la paciente táctica del desgaste legal, la colonización de los medios de comunicación y la dilución del pluralismo, los contrapesos republicanos. Es como si Carl Schmitt estuviera matriculado en un curso de comunicación política en la Sapienza Università di Roma.
No es posible comprender estos hechos sin observar el escenario transatlántico. Es cierto que, si Europa ha sido el espacio en el que surgió el autoritarismo moderno, Estados Unidos está siendo el laboratorio de su mutación posdemocrática. El sumo pontífice Donald Trump y sus acólitos no solo están legitimando a la ultraderecha como fuerza de gobierno, sino que están rediseñando lo que significa gobernar en el siglo XXI. Ya no se trata de gestionar lo público, sino de controlar el relato. No es necesaria la coherencia programática, sino la habilidad escénica. No se penaliza el insulto o la bravuconería, sino que se aplaude como prueba de autenticidad. Se ha convertido la mentira en pura estrategia y la violencia simbólica en un acto rutinario. Desde la llegada de Trump, y especialmente en el poco tiempo transcurrido desde el inicio de su segundo mandato, la política ha dejado de ser deliberación pluralista para convertirse en mero espectáculo.
El trumpismo ha creado una narrativa que la extrema derecha europea ha hecho suya con mucha rapidez: demonización del adversario, ataques verbales a los medios de comunicación, nacionalismo impregnado de victimismo y una relación instrumental con la legalidad. Pero, más que la imitación, hay algo mucho más alarmante: la aproximación de los partidos conservadores tradicionales, que han dejado de ser diques de contención para transformarse en vehículos de acceso al poder. El llamado “cordón sanitario”, salvo en casos muy concretos, es en estos momentos un eufemismo nostálgico, al imponerse, única y exclusivamente, el cálculo electoral.
Como no podría ser de otra forma, España ha seguido, con sus particularidades, el mismo guion: durante años se consideró que era una excepción, con una sociedad que, vacunada por el franquismo, tenía una cultura política que era reticente a las derivas autoritarias. Este espejismo duró hasta que Vox consiguió 52 escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de noviembre de 2019. Desde ese momento, el proceso ha sido acelerado, pasando de apestado político a socio preferente del Partido Popular en comunidades autónomas y ayuntamientos, donde está dictando marcos de debate antiinmigración, vetando políticas de igualdad y diversidad, bloqueando programas culturales y derogando leyes de memoria histórica.
En la Región de Murcia, que en 2019 ya se constituyó en uno de los primeros laboratorios del pacto entre el PP y Vox, el partido de la extrema derecha ha pasado de ser un actor accesorio a ser un socio necesario, con poder real y visibilidad institucional en varios municipios y en la Comunidad Autónoma, donde acaba de pactar los presupuestos regionales. La política murciana se ha configurado como un espacio de ensayo para una gobernanza en la que la pulsión iliberal se combina con la más pura lógica de la polarización. Lo que acontece en la Región de Murcia, al igual que sucede en otras regiones, ya no es un simple experimento político, sino que es un augurio de un ecosistema en el que la extrema derecha no solo subsiste, sino que se acomoda, se desarrolla y manda.
Pero lo más inquietante de esta situación no es que la derecha radical tenga presencia institucional, sino su capacidad para condicionar el marco de lo que se puede pensar y expresar. Gramsci señalaba que la hegemonía no tiene que ver con el porcentaje de votos que consiga una fuerza política, sino en la posibilidad de que pueda moldear el sentido común; y en ese terreno, la extrema derecha parece que está ganando. En la actualidad, el discurso político y mediático gira en torno a las ideas fijas de la ultraderecha, a un discurso que conjuga nacionalismo, nativismo e identitarismo, centrándose en la inmigración —particularmente la de origen marroquí— como amenaza a la cohesión cultural y socioeconómica.
Un ejemplo ilustrativo de esta orientación es el acuerdo alcanzado entre Vox y el PP para garantizar el apoyo de la formación ultraderechista al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2025, en el que se expresa, además del compromiso con la defensa de la unidad e integridad de España, el rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes. Asimismo, se establece el compromiso de cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al Centro de Menores de Santa Cruz, eliminar y tramitar la devolución de las subvenciones recibidas por las ONG que colaboren con la inmigración ilegal, y a no desarrollar ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí.
De esta forma, se va configurando un nuevo orden político que no tiene que ver con la democracia liberal, aunque tampoco con el autoritarismo clásico. Se trata de un autoritarismo posdemocrático, en el que se mantienen las formas —elecciones, parlamentos, jueces—, pero se vacía de contenido. Un sistema en el que se vota, pero no se delibera; en el que se gobierna, pero no se rinde cuentas; y en el que se legisla para sectores específicos, sin pensar en el conjunto de la ciudadanía. La posdemocracia, concepto acuñado por el sociólogo y politólogo británico Colin Crouch en el año 2000, ya no es una advertencia, sino un régimen que se expande.
No parece, pues, que la institucionalización de la derecha radical sea un accidente o un desvío temporal. Por el contrario, parece que es el resultado de décadas de desafección, de errores estratégicos de los partidos tradicionales o de una crisis de representación que se ha querido solventar con tecnocracia. Pero también —y esto es muchas veces difícil de admitir— de sectores de la población que se sienten desamparados, que perciben la globalización como una amenaza, que sienten que peligra su identidad, y que desconfían y no encuentran en la política tradicional la solución a sus problemas. La extrema derecha ha sabido interpretar estos sentimientos y conectar con ellos, aunque sea para transformarlos en resentimientos.
En definitiva, lo que está en juego no es únicamente el equilibrio ideológico en Europa, España o la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sino la propia arquitectura de la democracia. Quizás ha llegado el momento de dejar de pensar en la extrema derecha únicamente como una “amenaza” y comenzar a pensar en ella como nuevo “centro de gravedad”. Tal vez no se trate de pretender frenar su ascenso, sino de desactivar su hegemonía simbólica. Pero, para ello, se requiere algo que escasea en la actualidad: una izquierda con proyecto, un centro con convicciones, una derecha moderada y una ciudadanía que prefiera el análisis crítico a la consigna o al grito. Mientras tanto, la extrema derecha ya no llega, sino que manda. También aquí, en la Región de Murcia.