Una denuncia presentada ante la Consejería de Medio Ambiente ha sacado a la luz una bomba tóxica a cielo abierto en Cartagena. Bajo la apariencia de un simple aparcamiento de tierra, junto al Hotel Posadas de España, se esconde una grave amenaza ambiental y sanitaria que lleva años en silencio: residuos peligrosos de la hidrometalurgia del zinc esparcidos por una parcela pública sin control ni señalización. La titular del terreno: el Ayuntamiento de Cartagena.
La denuncia, firmada por Fulgencio Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación y representante de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, alerta de un riesgo «crónico, difuso y severo» para la salud pública y el medio ambiente. Según el documento, la parcela -ubicada en el Sector Rambla-Polígono I y con 27.500 m² de superficie– ha acumulado durante más de una década compuestos metálicos altamente tóxicos procedentes de un antiguo vertedero de residuos peligrosos. El foco principal: los restos contaminantes de la industria metalúrgica del zinc, ricos en cadmio, cobre, zinc y plomo.
Aunque el terreno es urbano consolidado, su uso como aparcamiento masivo no está regulado. La denuncia recoge que no hay licencia, no hay proyecto técnico, no hay drenaje ni pavimentación y no hay señalización de riesgo.
Detalle de la superficie del suelo donde se identifican fragmentos y nódulos de residuos peligrosos asociados a cementos metálicos.
Un cóctel tóxico al aire libre
Los informes fotográficos aportados muestran fragmentos visibles de cementos metálicos incrustados en la tierra, nódulos de color verde-azulado, y acumulaciones de residuos sin confinar. “La ausencia de medidas de contención o impermeabilización está facilitando la redistribución constante de contaminantes”, denuncia el colectivo vecinal.
Y no se trata solo de contaminación del suelo. Según el documento, las partículas metálicas se dispersan por el aire cuando los vehículos acceden al aparcamiento sin pavimentar. En épocas secas, se levantan nubes de polvo con compuestos tóxicos. En época de lluvias, el lodo contaminado se adhiere a los neumáticos y se propaga por las calles. Los vientos dominantes canalizan estas emisiones hacia barrios cercanos como Torreciega, San Ginés o Los Mateos.
Niños y personas con discapacidad: entre los más expuestos
La denuncia detalla con especial preocupación la presencia de varios equipamientos sensibles a escasos metros del terreno contaminado: el Pabellón Deportivo Cabezo de Beaza, el Centro de Atención Temprana Astramur para menores con diversidad funcional, un edificio de oficinas y el propio hotel Posadas de España. “La exposición crónica a metales pesados, especialmente en menores y personas con discapacidad, puede provocar efectos neurológicos, respiratorios e incluso cancerígenos”, se advierte en el texto, que cita explícitamente los riesgos de exposición por inhalación, contacto dérmico e ingestión accidental.
«Niños, personas con diversidad funcional y deportistas están respirando, tocando y pisando residuos peligrosos, día tras día. Y la administración lo permite»
Un aparcamiento ilegal y sin licencia
La parcela, que se utiliza de forma habitual como aparcamiento masivo, carece de autorización urbanística y de cualquier infraestructura mínima de seguridad. No hay pavimento, ni sistema de drenaje, ni señalización de peligro. Según la denuncia, este uso “no autorizado” vulnera varias leyes urbanísticas y medioambientales, incluida la Ley de Suelos Contaminados y la Directiva Marco del Agua. “Se está produciendo un vertido indirecto no autorizado hacia la Rambla del Hondón, que desemboca en la dársena del Puerto de Cartagena”, alerta el texto, señalando una posible afección al dominio público hidráulico y a los ecosistemas marinos.
Silencio institucional y posible responsabilidad patrimonial
El colectivo vecinal acusa a las administraciones competentes -Ayuntamiento de Cartagena y Consejería de Medio Ambiente- de inacción prolongada y de vulnerar su deber de protección de la salud pública. Cita la Ley 7/2022 y el principio de “quien contamina paga” para exigir la identificación del responsable original del vertido (la empresa operadora del antiguo vertedero) y, subsidiariamente, la asunción de responsabilidades por parte del Ayuntamiento como propietario del terreno.
Pero la denuncia va más allá. Sostiene que se están vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la integridad física y a un entorno saludable, recogidos tanto en la Constitución Española como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y reclama a la administración autonómica que declare oficialmente el suelo como “contaminado”, obligue al cese inmediato del uso como aparcamiento y active medidas urgentes de descontaminación.
Mientras las instituciones miran hacia otro lado, cientos de personas siguen aparcando diariamente sobre un terreno sembrado de metales pesados. Polvo tóxico en el aire, lodo contaminado en las ruedas y silencio administrativo. Todo esto en pleno corazón urbano de Cartagena.
“Lo que está ocurriendo en esta parcela no es un descuido: es una negligencia institucional que puede tener consecuencias gravísimas para la salud pública”, denuncia la plataforma vecinal.