La Eurocámara refuerza la protección de la infancia frente al abuso sexual y los nuevos delitos digitales

Aumento de las penas máximas para varias formas de abuso. Supresión de los plazos de prescripción para dar tiempo a las víctimas a denunciar y nueva definición de consentimiento para los menores que han alcanzado la edad de consentimiento

Con una aplastante mayoría de 599 votos a favor, el Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una profunda reforma de la legislación comunitaria para combatir el abuso sexual infantil, actualizándola a los retos del siglo XXI: desde el embaucamiento en redes sociales hasta el uso de inteligencia artificial para generar imágenes falsas pero perturbadoramente realistas.

La nueva directiva, aún en fase de negociación con el Consejo, redefine y endurece el marco jurídico para perseguir estos delitos sin que importe si se cometen en el entorno digital o físico. Y lo hace con una idea clara: proteger a las víctimas, sin excusas ni plazos de caducidad.

Penas más duras y justicia sin fecha de vencimiento

Entre las medidas más relevantes, la Eurocámara propone aumentar las penas máximas para delitos como las relaciones sexuales con menores sin consentimiento (aunque superen la edad legal de consentimiento), la captación con fines de prostitución, la posesión o difusión de material de abuso, o incluso el ofrecimiento de dinero a cambio de actos de este tipo.

Además, se suprimen los plazos de prescripción, una demanda histórica de las víctimas, muchas de las cuales no denuncian hasta años -o décadas- después de sufrir los abusos. También se garantiza que puedan reclamar indemnizaciones sin límite temporal.

Contra la IA al servicio de los depredadores

Uno de los avances clave es la inclusión explícita de nuevos delitos tecnológicos. Se penalizará el uso de sistemas de inteligencia artificial diseñados o adaptados para cometer abusos sexuales infantiles, así como la retransmisión en directo o la difusión en línea de este tipo de contenidos.

La ley también contempla herramientas más eficaces de investigación, como operaciones encubiertas y vigilancia discreta, fundamentales para interceptar a los agresores antes de que actúen.

Consentimiento y protección sin criminalizar a menores

Otro aspecto sensible que aborda el texto es la definición de consentimiento entre menores. Se blinda el principio de que las relaciones sexuales entre jóvenes de edad similar y basadas en el consentimiento no deben considerarse delito, excepto si hay abuso de poder o confianza. Fingir ser menor para engañar a otro sí se considerará una agravante.

Apoyo real, no solo buenas intenciones

En cuanto a las víctimas, el Parlamento Europeo exige que reciban asistencia gratuita y especializada, incluyendo exámenes médicos, recopilación de pruebas, atención adaptada al género y acceso a salud sexual y reproductiva. Todo ello bajo el modelo Barnahus, que centraliza en un único espacio todos los servicios necesarios para la atención integral a los menores.

También se abrirá la puerta a que organizaciones de la sociedad civil puedan denunciar delitos directamente.

“La justicia no puede tener fecha de caducidad”

Así lo resumió Jeroen Lenaers, eurodiputado neerlandés del PPE y ponente de la propuesta:

La ley que votamos hoy es ambiciosa, pero nunca seremos lo suficientemente ambiciosos en lo que respecta a la protección infantil. Estamos criminalizando los manuales de abuso sexual infantil, y el material de IA realista recibirá el mismo trato que el material real. También necesitamos abolir la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil, porque la justicia no puede tener fecha límite”.

¿Y ahora qué?

Las negociaciones con el Consejo Europeo arrancan el próximo 23 de junio. Si prospera el acuerdo, esta nueva directiva servirá como marco obligatorio para todos los Estados miembros, unificando criterios y cerrando fisuras legales que hoy permiten que muchos abusos queden impunes.

Mientras tanto, sigue pendiente otro frente legislativo clave: el Reglamento sobre el material de abuso sexual de menores en línea, cuya aprobación definitiva aún depende del consenso en el seno del Consejo.

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