El 94% de los contratos públicos tramitados en 2024 por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia se adjudicaron sin publicidad, sin concurso y sin competencia. Es decir, por el procedimiento del contrato menor, la vía más rápida, directa y opaca del sistema de contratación pública. Lo revela el Informe de Evaluación sobre el Plan Anual de Contratación Pública 2024, publicado recientemente por la propia Consejería.
En total, se formalizaron 873 contratos menores, frente a tan solo 52 contratos mayores, lo que supone una proporción de 17 a 1. El importe adjudicado bajo esta fórmula directa ascendió a 2.394.517,29 euros, mientras que los contratos mayores sumaron 14.859.505,26 euros. En términos económicos: 14 de cada 100 euros públicos se gastaron sin licitación. Todo legal. Pero profundamente cuestionable.
¿Una puerta abierta al clientelismo?
Aunque el informe no emplea la palabra “abuso”, los datos hablan por sí solos. El contrato menor, regulado en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, permite a las administraciones adjudicar directamente obras de hasta 40.000 euros y servicios o suministros de hasta 15.000, sin necesidad de licitación pública ni concurrencia. Basta una factura y un informe técnico. Es decir: una herramienta perfecta para contratar «a dedo».
Este mecanismo, ideado para situaciones excepcionales o urgentes, se ha convertido en práctica habitual, y con ello, en un riesgo estructural de clientelismo. Cuando una administración contrata de forma directa cientos de veces al año, y no analiza ni quiénes son los beneficiarios ni cuántas veces repiten, la sombra de la red clientelar es inevitable.
Bajo nivel de cumplimiento
El informe también pone de manifiesto un problema crónico: el incumplimiento del propio plan anual de contratación. De los 100 contratos previstos para 2024, solo el 36% se llegaron a tramitar, un porcentaje inferior al de 2023, cuando se alcanzó un 47%. La mayoría de direcciones generales no ejecutó ni la mitad de lo planificado, y algunas como la de Presupuestos se quedaron en el 13%.
Mientras tanto, 16 contratos no previstos en el plan fueron tramitados, lo que revela una falta de previsión preocupante. Según el documento, “sería conveniente una revisión de la planificación de cara a futuras anualidades”. La Consejería se lo dice a sí misma, con delicadeza burocrática.
¿Qué direcciones generales incumplen más?
- Transformación Digital: 67 contratos previstos, solo tramitó el 40%. En 2023, con menos contratos (41), logró el 49%.
- Patrimonio: solo ejecutó el 27% de sus previsiones (frente al 44% del año anterior).
- Presupuestos: apenas el 13% de cumplimiento (1 de 8 contratos).
- Intervención General: mejora del 33% al 40%, pero sigue por debajo del 50%.
- Consumo y Comercio: sin datos completos por cambios de competencias.
- Dirección General de Impulso al Comercio: ni siquiera inició el único contrato previsto.
En ningún caso se alcanzó el 50% de cumplimiento. La administración planifica, pero no ejecuta lo que prevé, mientras se multiplica la contratación menor no planificada.
¿Y los fondos europeos?
El informe dedica un apartado específico a los contratos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Se recuerda que los contratos vinculados al objetivo 168 del PRTR deben estar adjudicados antes del 30 de junio de 2025, bajo riesgo de perder financiación.
Por ello, se incorporan dos nuevos anexos con contratos MRR previstos y tramitados, siguiendo las exigencias de control de conflicto de intereses establecidas por Hacienda. Pero el problema sigue siendo la baja ejecución del plan global, incluidos los vinculados a fondos europeos.
Los contratos menores no son nuevos, pero sí cada vez más sistemáticos
Lo más revelador es que el patrón se repite año tras año. En 2017, antes de la entrada en vigor de la actual ley de contratos, ya se adjudicaba el 14% del gasto público por esta vía. En 2024, seguimos en ese mismo 14%, pero con más contratos, más dinero, y más dependencia del “dedo” administrativo. El tiempo pasa, pero las costumbres persisten.
Además, el informe señala que en 2017 el 41% de los contratos mayores se adjudicaban por el entonces legal «procedimiento negociado sin publicidad», hoy muy limitado. La caída de este mecanismo ha sido sustituida por el aumento de los contratos menores. Mismo perro, distinto collar.
PYMES y transparencia: luces y sombras
En cuanto a la participación de pequeñas empresas, el informe destaca que el 34% de los contratos mayores y casi todos los menores fueron adjudicados a PYMES. Sumando ambas vías, las PYMES captaron el 49,5% del total del gasto. Un dato que podría parecer positivo si no ocultara el verdadero problema: no hay garantías de que todas las PYMES hayan tenido las mismas oportunidades de acceder a los contratos.
Las que están “cerca” de la administración tienen acceso preferente. Las demás, ni se enteran de que existen oportunidades. Porque, simplemente, no se publican.
¿Y las soluciones?
El informe no propone cambios normativos ni auditorías externas. Se limita a recomendar más realismo en las previsiones y una mejor recogida de datos para próximos ejercicios. Una advertencia tibia para una práctica que debería alarmar.
Los contratos menores no son ilegales. Pero cuando se utilizan como norma, ponen en peligro la transparencia, la igualdad de oportunidades y el buen uso del dinero público. Y alimentan, como mínimo, una cultura política de favores.