Murcia se queda sin aeropuerto y sin dinero. O mejor dicho: con aeropuerto a medio gas, 401 millones de euros públicos sepultados en el asfalto de Corvera, y sin posibilidad de recuperar un solo euro. Esa es la conclusión demoledora que dejó este miércoles la comparecencia de Miguel Sánchez Calero, administrador concursal de Aeromur, la fallida sociedad concesionaria que iba a encargarse de construir y explotar el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM).
Sánchez Calero compareció ante la Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida del aeropuerto, en la Asamblea Regional, y no dejó lugar a interpretaciones: “Si prosperaran todas las actuaciones judiciales, como la empresa concursada no tiene nada, no se puede sacar nada”.
Es decir, incluso en el improbable caso de que la Comunidad Autónoma ganase todos los procesos judiciales abiertos -por daños y perjuicios, por valoraciones de obras, por reclamaciones no satisfechas-, no hay nada que rascar. Aeromur está en liquidación y no dispone de activos. El aeropuerto de Corvera será, en la práctica, un agujero negro presupuestario.
401 millones: el coste real del “no costará ni un euro”
La comparecencia sirvió para confirmar también lo que ya se temía: el coste total que asumirá la Comunidad Autónoma por el fiasco del aeropuerto asciende a 401 millones de euros, según las estimaciones del propio administrador concursal.
Esta cantidad se distribuye de la siguiente forma:
- 182,6 millones de euros correspondientes al aval que la Comunidad concedió a Aeromur, y que tuvo que ejecutar cuando la empresa incumplió el contrato.
- 212,3 millones que actualmente la Comunidad reclama por la vía judicial en concepto de daños y perjuicios derivados de la ruptura del contrato.
- Y 6 millones más correspondientes a los costes judiciales y reclamaciones acumuladas desde que estalló el conflicto.
Quien resumió con más claridad lo que esto significa para la ciudadanía fue el diputado regional del PSOE Alfonso Martínez Baños, que tras la sesión declaró: “Nos dijeron que no iba a costar ni un solo euro. La realidad es que va a costar 401 millones y, además, no vamos a recuperar ni un solo euro de la masa concursal”.
El socialista acusó directamente a los sucesivos gobiernos del Partido Popular, artífices de este proyecto fallido: “Vaya pufo que nos han dejado. Esto es un fraude colosal al interés público, ejecutado con propaganda, opacidad y una temeridad política imperdonable”.
Recursos judiciales, pero sin expectativas
El proceso judicial sigue abierto en varios frentes, pero con escasas perspectivas de éxito. Según explicó Sánchez Calero, la segunda liquidación de daños y perjuicios aprobada por la Comunidad en 2024 ha sido recurrida por la concesionaria ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que deberá determinar si esa reclamación ha prescrito, como argumenta Aeromur.
Además, la valoración de las obras del aeropuerto -estimadas por la Comunidad Autónoma en 143 millones de euros, cifra avalada por el TSJ- está actualmente recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, por lo que tampoco hay una resolución firme en ese aspecto.
En resumen: judicialización prolongada, costes en aumento, y un final cantado. La Región de Murcia no recuperará lo perdido, porque el concesionario quebró y la Comunidad acudió tarde, mal y con más dinero público del que debería haberse permitido.
Una historia de humo, propaganda y sobrecostes
El caso Corvera se ha convertido en uno de los mayores escándalos económicos de la historia reciente de la Región de Murcia. Concebido en pleno auge del desarrollismo autonómico, el proyecto fue presentado en su día como la joya de la corona de las infraestructuras murcianas, una alternativa de gestión privada al “obsoleto” aeropuerto de San Javier, que contaría con vuelos internacionales, nuevas rutas y generación de empleo. Según dijo el presidente López Miras, entrarían millones de turistas a través de Corvera. Nada más lejos de la realidad.
Nada de eso ocurrió. Tras múltiples retrasos, conflictos con las concesionarias, la retirada del operador privado y una fuerte caída de la demanda aérea, la Comunidad terminó rescatando la infraestructura, asumiendo directamente su gestión y echando mano del dinero público para tapar los agujeros.
En 2019, Aena se hizo con la explotación del aeropuerto a través de una concesión pública, pero la instalación continúa con un tráfico muy inferior al esperado. Su rentabilidad sigue siendo más que dudosa, y los datos de pasajeros siguen sin justificar el tamaño ni el coste de la infraestructura. El Gobierno regional están cantando cantidades de dinero en dar subvenciones a compañías aéreas como Volotea para que operen aviones en Corvera. El Gobierno regional también subvenciona la línea de autobús que une el aeropuerto con Murcia y Cartagena.
La Comisión Especial de Investigación sigue su curso en la Asamblea, pero pocos en la Región confían en que derive en responsabilidades políticas o administrativas. Mientras tanto, la ciudadanía asume la factura y observa con incredulidad cómo un proyecto que se vendió como “moderno, necesario y a coste cero” se ha convertido en una ruina sin retorno. El aeropuerto de Corvera vuela, sí. Pero sobre los restos de 401 millones que ya no volverán.