Una tormenta recorre los pasillos del poder judicial. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de la Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños, ha puesto en marcha la que ha calificado como la mayor reforma de la Justicia en los últimos cuarenta años.
El proyecto, que ya ha sido registrado en el Congreso de los Diputados, abarca desde el acceso a la carrera judicial hasta la reestructuración de los órganos judiciales y las funciones del Ministerio Fiscal. La iniciativa se plantea como una modernización estructural del sistema, pero ha provocado un rechazo frontal de buena parte de la judicatura y de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, que la consideran un riesgo para la independencia judicial y la garantía de los derechos fundamentales.
Una reforma estructural en tres frentes
La reforma judicial se articula en tres grandes bloques: el acceso a las carreras judicial y fiscal, la reorganización de los órganos judiciales y la redefinición de las competencias en el proceso penal.
1-Reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal: El Gobierno plantea una transformación del actual sistema de oposiciones. Entre los principales cambios destacan:
- Sistema de becas SERÉ: se crea un programa de becas dotado con el salario mínimo interprofesional durante cuatro años para opositores sin recursos económicos. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal.
- Eliminación del examen oral en el turno libre: se suprime la tradicional prueba oral en las oposiciones de turno libre y se sustituye por pruebas escritas tipo test y casos prácticos que evalúen el razonamiento jurídico.
- Corrección anónima de las pruebas: todas las pruebas escritas serán corregidas sin identificación del autor, para asegurar la objetividad del proceso selectivo.
- Cuarto turno reforzado: se amplía el acceso a la carrera judicial y fiscal mediante el cuarto turno para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. Este acceso pasará a representar hasta un 25% de las plazas, frente al 8% actual.
- Proceso de estabilización de interinos: se prevé un mecanismo extraordinario para consolidar a jueces sustitutos e interinos que han ejercido funciones jurisdiccionales durante años sin plaza fija.
- Registro de preparadores: se creará un registro público de preparadores de oposiciones, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés.
- Nueva Comisión de Ética Judicial: formada por cinco jueces y cuatro académicos, tendrá carácter consultivo y promulgará códigos de conducta y criterios éticos.
- Prohibición de financiación privada a asociaciones judiciales para garantizar su independencia.
- Modernización de la elección de órganos judiciales: se permitirá el voto telemático y secreto en las elecciones a órganos de gobierno de jueces y fiscales.
2- Reorganización de los órganos judiciales. La segunda gran línea de la reforma es la reorganización territorial y funcional de los tribunales:
- Creación de tribunales de instancia: estos nuevos órganos colegiados sustituirán a los actuales juzgados unipersonales. Permitirán una distribución más racional de los asuntos, favoreciendo decisiones colegiadas y disminuyendo la carga individual.
- Mediación previa obligatoria: en el ámbito civil y mercantil, se establecerá un sistema obligatorio de mediación previa para reducir litigiosidad y fomentar la resolución extrajudicial.
- Especialización funcional: se crearán nuevas salas especializadas, especialmente en materia mercantil y de igualdad.
- Impulso a la digitalización: se promoverá el expediente judicial electrónico y la interoperabilidad de sistemas entre los distintos órganos.
3- Reforma de la instrucción penal y el papel del Ministerio Fiscal. El cambio más sensible de la reforma es el relativo al proceso penal:
- Eliminación del juez de instrucción: se traslada la función instructora a la Fiscalía, en línea con los modelos de otros países europeos.
- Policía Judicial bajo la Fiscalía: se establece que los cuerpos de Policía Judicial dependerán directamente del Ministerio Fiscal, no del juez.
- Límites a la acusación popular: se restringe la legitimación para ejercer la acusación popular a quienes acrediten un interés directo y personal en el caso.
El rechazo de la carrera judicial
Las asociaciones judiciales y fiscales han reaccionado con una mezcla de alarma y firmeza. Jueces Decanos, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y colectivos como la APM, Francisco de Vitoria o la UPF han emitido comunicados y participado en protestas públicas.
La protesta simbólica de 10 minutos realizada este miércoles es solo un anticipo de las movilizaciones previstas si el proyecto sigue adelante sin modificaciones.
Acusan al Ejecutivo de tramitar estas reformas “por vía de urgencia, sin demanda social alguna y con informes muy críticos del Consejo General del Poder Judicial”. Aseguran que las nuevas pruebas de acceso “rebajan la excelencia, introducen criterios subjetivos y abren la puerta a filtraciones”, y critican que se pretenda crear un centro de preparación de opositores “dependiente del Gobierno y, por tanto, susceptible de selección ideológica”.
Pero el párrafo más incendiario del manifiesto que han leído es el que se refiere a la conversión de 1.300 jueces y fiscales sustitutos en titulares sin pruebas de acceso: “Se pretende hacerlo en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio para las promociones más jóvenes y para miles de opositores que se están dejando la piel.”
Respecto al anteproyecto del Ministerio Fiscal, el manifiesto alerta de que se consolidará el poder del Fiscal General del Estado, designado sin filtro previo por el Gobierno. Esto, sumado a la eliminación de garantías de autonomía interna, “incrementará el riesgo de injerencia política, justo en contra de lo que exige Europa”.
El texto también denuncia el contexto político en el que se producen estas reformas, que describen como de “desprestigio permanente del poder judicial y de la Fiscalía”, con declaraciones institucionales que deslegitiman las resoluciones judiciales y “tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Ejecutivo”.
Y concluyen con un aviso: “Estas reformas buscan convertir al poder judicial en un poder con minúscula, más débil, más manipulable, en la senda de democracias iliberales que, por eso mismo, dejan de ser democracias.”
La exigencia es clara: retirada inmediata de ambos proyectos legislativos. Y si no se atiende esa demanda, advierten que no descartan medidas más contundentes, incluida la huelga.
¿Avance o retroceso?
El Gobierno insiste en que esta reforma es una respuesta a las demandas de Europa, una apuesta por una Justicia más moderna, equitativa y eficaz. Las asociaciones judiciales, por su parte, advierten de un posible retroceso histórico que pondría en riesgo principios esenciales del Estado de Derecho. El debate ya está servido. Y lo que está en juego no es solo la organización de los tribunales, sino la arquitectura misma de las garantías democráticas.
La reforma se discutirá en las próximas semanas en el Congreso. PP y Vox han anunciado su oposición frontal y han presentado enmiendas a la totalidad. Las mayorías parlamentarias, sin embargo, podrían facilitar la aprobación del texto. En el horizonte, una pregunta: ¿puede una reforma tan profunda sobrevivir sin el respaldo de quienes deben aplicarla cada día en los tribunales?