El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha elegido a Vox. Esa ha sido su decisión tras semanas de incertidumbre y contactos con los partidos con representación en la Asamblea. Esta jueves, el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, le ofrecía una salida: apoyar el techo de gasto sin condiciones. “Tiene que decidir entre ultraderecha o PSOE”, le dijo. La respuesta no ha tardado: López Miras ha optado por pactar con la ultraderecha.
El acuerdo permitirá aprobar un techo de gasto de 6.755 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,5% respecto al ejercicio anterior. A falta de que se conozcan todos los detalles, lo que sí está claro es que el pacto no será gratis. Vox ya ha puesto sobre la mesa sus exigencias, y algunas son especialmente polémicas.
¿Qué cede el PP a cambio del apoyo de Vox?
El líder regional de Vox, José Ángel Antelo, lo ha dejado claro en rueda de prensa: el pacto presupuestario incluye el cierre del centro de menores inmigrantes de Santa Cruz, en El Raal; el rechazo a acoger menores migrantes trasladados desde Canarias, y toda una batería de medidas que Vox ha definido como “de cumplimiento obligatorio hasta la última coma”.
Entre ellas destaca también el rechazo frontal al Pacto Verde Europeo -al que responsabilizan del encarecimiento de la vida y el ahogo del campo- y la modificación de la Ley de Participación Institucional, con un objetivo declarado: «dejar a cero las subvenciones a sindicatos y patronal».
«Vamos a derogar la obligación de pagar a UGT, CCOO y CROEM. Es una anomalía. Deben vivir de sus afiliados, igual que los partidos políticos», ha dicho Antelo. Solo que VOX no renuncia ni un solo euro de dinero público que recibe por cada uno de los escaños en la Asamblea.
El partido de ultraderecha también ha puesto la lupa en la educación: exige la eliminación de toda presencia de la cultura marroquí o de la lengua árabe en actividades extraescolares de colegios de la Región. Actualmente, en la Región de Murcia, diez centros educativos participan en el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM). Este programa es fruto de un acuerdo bilateral firmado en 2012 entre los gobiernos de España y Marruecos, y se aplica en varias comunidades autónomas españolas.
“Hasta la última coma”
El mensaje de Vox al PP no deja lugar a interpretaciones. Antelo ha lanzado una advertencia directa a los consejeros del Gobierno regional: «Con Vox hay que cumplir todos los acuerdos hasta la última coma. Y aquellos que no los cumplan deberán dimitir. Si no tienen la dignidad para hacerlo, Vox exigirá su cese».
Y añade: “Si no son cesados, el problema lo tiene López Miras. Y tener un problema con Vox no es nada bueno para López Miras”.
Sobre el cierre del centro de menores inmigrantes de El Raal, Antelo considera que deberá estar cerrado “después del verano”. Además, reclama que el Gobierno autonómico firme convenios con los países de origen de los menores para devolverlos y que se realicen pruebas periciales para comprobar la edad de muchos de ellos. Para Antelo, «el reparto de la inmigración ilegal es sinónimo de reparto de inseguridad».
Pero una comunidad autónoma no tiene competencia para firmar convenios internacionales con otros países, incluidos aquellos que afecten a la repatriación de menores inmigrantes. Esa es una competencia exclusiva del Estado, tal como establece la Constitución Española. ¿Lo sabe Antelo?
Mientras Vox ha hecho públicos sus términos, desde el Palacio de San Esteban se evita detallar por ahora el contenido íntegro del acuerdo dado que está ultimando los últimos flecos. López Miras ha preferido hablar de “buen entendimiento” y “acuerdo por el bien de la Región de Murcia”, pero los compromisos asumidos apuntan a una cesión clara a las exigencias de la ultraderecha.
Con este pacto, el PP asegura la estabilidad presupuestaria para 2025, pero queda atado a las condiciones de Vox, que ya ha demostrado que no piensa ser un socio silencioso.
Cerrar un centro de menores inmigrantes no es una política, es un gesto simbólico de castigo. No se trata de gestionar mejor, sino de señalar, criminalizar y deshumanizar. Lo mismo ocurre cuando se exige rechazar a menores migrantes trasladados desde Canarias.
Es el Gobierno regional quien lo consiente.
Se puede pactar presupuestos, claro. Pero cuando el precio es el odio institucionalizado, la censura cultural y la eliminación de derechos, ya no hablamos de gobernar, hablamos de claudicar.