La democracia se abre paso en Las Torres de Cotillas. Por primera vez en la historia de la Región de Murcia, un municipio celebrará una votación ciudadana -legal y oficial- para decidir sobre la implantación de una controvertida planta de biogás. Una macroinstalación industrial que ha dividido a la localidad y ha puesto en pie de guerra a cientos de vecinos.
Este hecho insólito ha sido autorizado por el propio Consejo de Ministros, marcando un hito sin precedentes en la comunidad autónoma y enviando un mensaje claro: la ciudadanía tiene derecho a decidir sobre su modelo de territorio y futuro energético. Sin embargo, el Gobierno regional de López Miras, con el apoyo de VOX, sigue dando la espalda a las demandas vecinales. Se niega a paralizar las plantas en tramitación y se niega a elaborar una normativa regional que ponga orden.
El artículo 149.1.32ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». Por otra parte, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, estableciendo en su artículo 71, que «los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local».
El Gobierno autoriza la consulta planteada al cumplir los requisitos de fondo exigidos por el citado artículo 71 de la LRBRL.
La lucha vecinal que venció la apatía institucional
Nada de esto habría sido posible sin la presión constante de la Plataforma Stop Biogás de Las Torres de Cotillas, un movimiento ciudadano que lleva meses desmontando lo que califican como una “manipulación” informativa por parte del equipo de gobierno local.
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“Se permitió el acceso de la empresa promotora para vender solo las bondades del proyecto”, denuncian desde la plataforma. Incluso se organizaron jornadas informativas con una persona contratada por la Universidad de Murcia, a la que el Ayuntamiento pagó 15.000 euros por sus servicios. ¿Pluralidad? Ni rastro.
La estrategia institucional fue clara: agotar la resistencia vecinal a base de retrasos, silencios y burocracia. Pero la gente no se rindió. Y hoy, tras meses de insistencia, la consulta popular es una realidad. Una conquista cívica que el actual gobierno local, paradójicamente, solicitó convencido de que sería denegada por el Ejecutivo central. Craso error.
La pelota está en el tejado de la Junta Electoral de Zona, que deberá encauzar el proceso con diligencia. Todas las personas empadronadas en Las Torres de Cotillas -más de 23.000- podrán expresar su voluntad sobre una decisión estratégica: ¿biometano sí o no?
La consulta no solo marcará el rumbo del municipio, sino que sienta un precedente que puede inspirar a otros pueblos de la Región. Porque participar, decidir y cuestionar no puede seguir siendo un privilegio excepcional.
Como recuerdan desde la plataforma: “Esto no lo ha conseguido el Ayuntamiento. Esto lo ha conseguido el pueblo.”