A estas alturas, a nadie debería sorprender que Vox condicione la aprobación de los presupuestos de la Región de Murcia a la reforma -léase desmantelamiento- de la Ley del Mar Menor. Pero lo que sí sorprende es el nivel de distorsión y propaganda que algunos de sus diputados, como Antonio Martínez Nieto, están dispuestos a desplegar para convencer a los agricultores de que sus problemas vienen de una ley y no de décadas de abusos y manga ancha por parte del Ejecutivo murciano con la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.
El diputado de Vox ha calificado la ley como una “ley dictada en estado de pánico”, llegando incluso a rebautizarla como la “ley de los peces muertos” o el “susto de López Miras cuando vio el telediario”. Y si este arranque ya suena a tertulia de barra de bar, lo que viene después directamente raya lo conspiranoico: “La agricultura del Campo de Cartagena tiene los días contados, todo está programado para cerrarla en 2027 y sustituirla por alicatado con chapas solares y centrales de biogás”.
Con un lenguaje apocalíptico y referencias bíblicas incluidas (“su reino está pesado, contado y medido, como en el festín de Baltasar”), Martínez Nieto despliega un discurso donde todo lo que huela a sostenibilidad es una amenaza global orquestada por “marxistas culturales”, “la religión climática” y el “pacto verde”. Para Vox, la protección medioambiental es una excusa para la persecución de la agricultura. No importa que haya una Directiva Europea de 1991 contra la contaminación por nitratos que obliga a tomar medidas, ni que los informes científicos hayan sido abrumadoramente claros sobre la relación entre la actividad agrícola intensiva y el colapso del ecosistema del Mar Menor.
Esta norma comunitaria obliga a los Estados miembros a establecer programas de acción, códigos de buenas prácticas y zonas vulnerables para limitar el aporte de nitratos, la principal causa de eutrofización. No es una ocurrencia murciana ni una “dictadura ecológica”: es legislación europea de obligado cumplimiento desde hace más de treinta años, adoptada por España y aplicable en toda la Región de Murcia.
“La ley del Mar Menor -afirma sin rubor- es una calamidad que necesita la derogación desde el primer momento”, asegurando que fue redactada en un ambiente “aturullado de ecologismo radical”. Ignora deliberadamente que fue aprobada con un amplio consenso parlamentario y con base en evidencia científica, tras una de las mayores crisis medioambientales de Europa.
Martínez Nieto también carga contra la creación de la figura de personalidad jurídica del Mar Menor, asegurando que se trata de una “criatura nueva con vocación de destrozar a su propia madre y dejar temblando el campo de Cartagena”, y llama a la entidad de participación social “una especie de junta revolucionaria”.
Pero quizá lo más grave sea su intento de desacreditar la base empírica de la contaminación. Asegura que “no hay nitratos en la columna de agua” y que los datos son manipulados, comparando el sistema de muestreo ambiental con tomar estadísticas de salud mental de la población exclusivamente en psiquiátricos. Todo para sostener que las limitaciones que establece la ley son “un estropicio”, una “sanguijuela para el sector primario” y “una ley desfasada e imposible de cumplir”.
Antonio Martínez Nieto, diputado de Vox, utiliza una metáfora bélica para describir el efecto de la Ley del Mar Menor y otras medidas sobre la agricultura del Campo de Cartagena. Dice literalmente: “La agricultura del Campo de Cartagena ha recibido ya hasta seis escopetazos a bocajarro, todos inspirados en la ley del Mar Menor”, y enumera esos “disparos”: la propia Ley del Mar Menor, el programa de nitratos, las medidas cautelares de CHS, el marco de actuaciones prioritarias del Ministerio que está invirtiendo más de 600 millones de euros, el recorte del trasvase Tajo-Segura (que no se ha recortado) y la bomba de relojería de la personalidad jurídica”, en referencia a la figura legal del Mar Menor.
Además, remata el dramatismo con otra metáfora: “Es importante reconocer que le ha salido un sabañón al Campo de Cartagena por la imprudencia de López Miras por exponerse a la frialdad del pacto verde y la Agenda 2030.”
En resumen, usa un lenguaje de guerra, enfermedad y muerte para presentar a la agricultura como víctima de una supuesta conspiración ecologista, y a Vox como su único defensor. Un relato completamente distorsionado que pretende enfrentar al campo contra el ecologismo, cuando ambos deberían ser aliados si se quiere asegurar un futuro sostenible.
Esto no es una crítica legítima a una política pública. Es un intento de sembrar dudas, miedo y enfrentamiento entre agricultores y defensores del medio ambiente, cuando lo que hace falta es colaboración, soluciones técnicas y apoyo económico para transformar un modelo insostenible en uno viable y responsable.
Engañar al sector agrario con discursos catastrofistas solo para arañar votos es, sencillamente, miserable. Pero lo más peligroso es que Vox plantea ese mismo chantaje -reforma o no hay presupuesto- como su modo habitual de hacer política. Lo que está en juego no es solo el Mar Menor. Es el futuro del campo murciano, de sus agricultores y de todos los murcianos que no queremos seguir viendo el Mar Menor convertido en una sopa verde.