Cuando se publica un libro resulta interesante la posterior rueda de presentaciones. Ya me he referido, en otro artículo anterior, al libro que hemos recientemente publicado con el título “Vivienda, Política y Regeneración Urbana” (Catarata, 2025) y escrito junto con Miguel Ángel Alzamora, Marta Latorre y Damián Martínez. Las presentaciones resultan un buen momento para recoger y reflexionar sobre las impresiones y polémicas suscitadas por el contenido del libro.
Hicimos una primera presentación a fines de abril en la librería Babel de Granada. Para ello contamos con dos profesores de Sociología de la Universidad de Granada: Ricardo Duque Calvache y Patricia García Espín. Allí pudimos comprobar la obviedad de que la problemática de los “barrios de mala fama”, que nosotros conceptualizamos sociológicamente como “hipersuburbios desafiliados”, está presente en otras realidades geográficas. Nuestra investigación empírica se centra en los barrios de La Paz (Murcia) y de Los Mateos (Cartagena), pero expresa una problemática más general.
Entre las ricas intervenciones habidas desde el público, nos interesó particularmente la reflexión que planteó el hecho de que nosotros, en cuanto integrantes de las clases medias urbanas, somos beneficiarios del fenómeno de la gentrificación. En efecto, todos nosotros vivimos en barrios “regenerados” que han desplazado a los residentes más pobres.
Esta intervención nos interpelaba directamente como investigadores y autores de un libro orientado por una crítica a las políticas de regeneración y gentrificación urbana. Se manifestó algo así como “una posición contradictoria de clase”. Ciertamente, la ciudad es un ámbito de disputa entre clases sociales para hacerse con los espacios urbanos más atractivos. Los vecinos de Los Mateos y de La Paz, como otros muchos vecindarios pobres, ocupan espacios que antaño eran suburbiales y periféricos, pero que, con la evolución urbana, han quedado en una centralidad espacial muy codiciada por promotores que construyen viviendas y barrios para gente como nosotros, profesores universitarios y profesionales de clase media.
Precisamente esta contradicción es la que vuelve tan importante la política de vivienda pública. Hacer vivienda pública es tener en cuenta a los otros, a los más pobres y precarios. Sin vivienda pública, se abre paso el egoísmo de clase (al que tan lúcidamente apuntó el interviniente de la presentación del libro en Granada). Sin vivienda pública, el acceso a la vivienda se restringe a las clases medias y altas. Sin vivienda pública, las iniciativas de regeneración urbana se convierten en un castigo a los pobres: se les estigmatiza por considerárseles culpables de haber degradado su barrio y por ello su presencia es considerada ilegítima. En cuanto ilegítimos, de una forma u otra, se les desplazará para que los promotores planten viviendas prestigiosas para las clases socialmente prestigiadas.
La vivienda pública sirve para evitar el egoísmo de clase de la gentrificación urbana. Quizás sea por esto mismo que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia lleve desde hace décadas apostando por la cero vivienda pública. Para incentivar el egoísmo de clase de los más pudientes frente a los más débiles sobre el que se sostiene su proyecto político. Ni qué decir que esto es de una enorme irresponsabilidad con el bien común que siempre debe materializarse en la polis. Sin hacer de la ciudad un bien colectivo, se abre paso la fragmentación entre la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres.
Otro momento interesante fue cuando uno de los profesores de la Universidad de Granada, Ricardo Duque, contó que de niño había ido a la guardería del Barrio de La Paz. Y que después había estado viviendo fuera de Murcia un montón de años y regresó en 2022 con motivo de un congreso. Se fue a buscar la guardería y encontró un solar. Decía que no sabía por qué había sido hasta que leyó en nuestro libro que esa emblemática guardería fue demolida con el beneplácito del Ayuntamiento de Murcia para favorecer los intereses inmobiliarios de un promotor. Este hecho fue un auténtico castigo a los pobres. Una guardería, reconocida por todo el mundo por su meritoria labor, fue reducida a escombros por puro egoísmo de clase. Y es que los pobres no pueden tener servicios públicos de calidad, pues si los tienen nunca podrán ser desplazados por las políticas gentrificadoras.
La segunda presentación del libro la realizamos en Murcia. A mediados de mayo el Ayuntamiento de Murcia organizó las Jornadas “Habitar el futuro: Vivienda, Ciudades Sostenibles e Inclusión Social” y nos invitó a la Mesa sobre Barrios Vulnerables. Planteamos que el vecindario de los barrios pobres tiene una triada de derechos: a quedarse en su barrio (y no ser sometidos a desplazamientos por políticas de gentrificación), a ser preguntado si quiere quedarse o no en su barrio, a una vivienda de calidad y un espacio habitable.
Estas Jornadas fueron necesarias para recordar, una vez más, que los barrios más pobres siguen esperando soluciones. Comprobamos que hay un buen número de técnicos y de funcionarios públicos convencidos de la necesidad de políticas de vivienda y de servicios sociales para estos barrios. Es decir, de ir más allá de lo que en el libro llamamos “gatopardismo”.
Con gatopardismo nos referimos a políticas de regeneración urbana que se reducen a ciclos de “parcheado” o “fachadismo” (pintar un mural o arreglar tal fachada), útiles en periodos electorales, pero inútiles en el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los residentes de los barrios empobrecidos, que es en lo que ha terminado incurriendo la política dirigida a la regeneración del barrio de La Paz (Murcia) o de Los Mateos (Cartagena), tras décadas de promesas incumplidas respecto a una rehabilitación integral de estos espacios urbanos cada vez más desafiliados.
Más allá de la fatalidad del gatopardismo, en las Jornadas se puso de manifiesto que las políticas municipales de vivienda pública son posibles. Así lo demostraron con datos y acciones concretas los representantes responsables de los parques municipales de vivienda de Bilbao, Elche, Tarragona y Zaragoza que participaban en las Jornadas. Si bien, como señaló nuestra compañera Marta Latorre, las 7000 viviendas públicas del Ayuntamiento de Bilbao y una financiación de 30 millones de euros, aquí son, desgraciadamente, ciencia ficción.
Egoísmo de clase, castigo a los pobres, gatopardismo: en ausencia de una política de vivienda pública digna de tal nombre, la vulnerabilidad urbana y la desafiliación social golpean a un número creciente de población. La pobreza no está en la agenda del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Termino este artículo con la fotografía de Chema Gómez sobre la demolición de la guardería del Barrio de La Paz (Murcia) un 25 de octubre de 2007. Ilustra el significado de una política urbana dirigida a castigar a los pobres.
