El Mar Menor ya no es solo un paisaje ni una víctima silente del deterioro ecológico: desde este jueves tiene voz legal. En un acto cargado de simbolismo y de implicaciones jurídicas inéditas, ha quedado oficialmente constituida la Tutoría del Mar Menor, el órgano de gobernanza encargado de velar por los derechos de la laguna costera, que desde 2022 cuenta con personalidad jurídica propia.
El evento ha tenido lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, la misma institución desde la que se gestó -con rigor académico y presión ciudadana- la Iniciativa Legislativa Popular que permitió aprobar la Ley 19/2022, un texto que convirtió al Mar Menor en el primer ecosistema con derechos legales reconocidos en Europa.
Tres comités, un mismo objetivo: proteger al Mar Menor
La Tutoría, que funcionará como una institución colegiada, está formada por tres órganos. Cada uno ha elegido ya a su presidencia:
Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho y principal impulsora de la ley, liderará el Comité de Representantes, que integra a miembros de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los municipios ribereños.
El Comité de Seguimiento, que reunirá a portavoces de organizaciones sociales, agrarias, ecologistas, sindicales y vecinales, estará presidido por Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares.
La dirección del Comité Científico recae en Miguel Ángel Esteve, doctor en Biología y profesor de Ecología de la Universidad de Murcia, quien será la voz de la evidencia científica dentro del nuevo modelo de gobernanza.
Además, se ha nombrado a Sergio Marco, abogado, como gerente de la Tutoría, figura que se encargará de la gestión operativa, incluyendo cobros, pagos y contratación de servicios a nombre del nuevo sujeto jurídico que es la laguna del Mar Menor y su cuenca.
Un sujeto con derechos y obligaciones
El nuevo estatus jurídico, recogido en el Real Decreto 90/2025, implica que el Mar Menor y su cuenca son considerados un ente legal con capacidad para actuar, representar y ser representado. La Tutoría asume funciones como: ejercer la representación legal de la laguna ante tribunales y administraciones, contratar bienes y servicios bajo su identificación fiscal propia, elaborar presupuestos y llevar contabilidad conforme al derecho privado y convocar plenos de gobernanza al menos cuatro veces al año.
El órgano estará compuesto por más de 44 personas que ya han tomado posesión de sus cargos durante la asamblea celebrada este jueves en la Universidad de Murcia.
De la “sopa verde” a la personalidad jurídica
El camino hasta aquí no ha sido corto ni fácil. El colapso ecológico de 2016, cuando el exceso de nutrientes convirtió el Mar Menor en una “sopa verde” de microalgas, supuso un punto de no retorno. Le siguieron episodios dramáticos en 2019 y 2021, con miles de peces y crustáceos muertos, y la sensación creciente de que las instituciones fallaban.
Fue entonces cuando juristas, científicos y colectivos sociales articularon una respuesta sin precedentes: reconocer al Mar Menor como sujeto de derechos. La movilización ciudadana logró superar el medio millón de firmas necesarias para registrar una ILP que, dos años después, se convertiría en ley. La norma superó incluso un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el partido Vox, y hoy se materializa con la creación formal de sus órganos de gobernanza.
Un precedente europeo
Con este paso, el Mar Menor se convierte en un referente internacional en la protección jurídica de la naturaleza. Si antes los ríos y lagunas eran bienes gestionables, ahora pueden ser considerados titulares de derechos, con capacidad de exigir su cumplimiento a través de quienes han sido designados como sus representantes. La laguna ya no está sola. Tiene nombre, tiene voz y tiene quien la defienda.