Isabel Fernández Guerras, acusada por corrupción urbanística en el caso Umbra y para quien el propio Ayuntamiento de Murcia pide penas de inhabilitación, ejerció como secretaria general del Pleno municipal del mes de abril. Así, sin disimulo. Sentada a la izquierda de la vicealcaldesa, Rebeca Pérez. Un hecho grave que pone patas arriba la credibilidad institucional del consistorio murciano.
No es una suposición. No es una acusación partidista. Está en los documentos. En su propio escrito de acusación de 2019, el Ayuntamiento de Murcia solicitó para Fernández Guerras tres años de suspensión de empleo y sueldo y cuatro años de inhabilitación especial por un delito continuado de cohecho y otro de negociaciones prohibidas, en calidad de cooperadora necesaria. El Ministerio Fiscal pidió pide tres años y tres meses de prisión por un delito de cohecho.
¿Cómo es posible entonces que esta funcionaria, acusada de corrupción y sin habilitación nacional acreditada para ello, haya ocupado el puesto de secretaria general del Pleno?
Desde el Ayuntamiento de Murcia responden, a preguntas de RRNEWS, que lo ha hecho «de conformidad con el artículo 9.4 del reglamento orgánico del Pleno; en los supuestos de vacante, ausencia y enfermedad, sustituirá al Secretario el funcionario debidamente cualificado que designe el Alcalde». Es decir, consideran que no es necesaria la habilitación nacional. Y no aclaran los motivos de la ausencia del Secretario General, Antonio Marín, ni de la ausencia de la Directora de la Oficina del Gobierno Municipal, María Ángeles Horcajada Torrijos.
La Secretaría General del Pleno no es un puesto simbólico. Es el garante de la legalidad de los actos y acuerdos adoptados por los concejales. Y, sin embargo, Isabel Fernández Guerras actuó públicamente en pleno ejerciendo esas funciones. La pregunta se impone sola: ¿Quién la ha colocado ahí? ¿Quién lo permite? La ha colocado ahí el alcalde Ballesta. Lo permite el alcalde Ballesta sabiendo que está acusada de graves delitos de corrupción. Sabiendo que el propio Ayuntamiento pide que sea inhabilitada.
En RRNEWS apostamos por un periodismo libre y accesible para todos. Para seguir, necesitamos tu ayuda. Con tu apoyo mensual, garantizas nuestra independencia. Si tú crees en la verdad, nosotros podemos seguir contándola. Hazte mecenas.
El caso Umbra: la corrupción urbanística de la década
El escándalo no es menor. El caso Umbra investiga desde 2008 una trama de corrupción urbanística que salpica al núcleo duro del urbanismo municipal de Murcia. Entre los acusados también está su marido, Alberto Guerra, ex jefe de la Gerencia de Urbanismo -para quien el propio Ayuntamiento de Murcia solicita siete años de inhabilitación-, así como varios empresarios y técnicos. Se habla de pelotazos millonarios, tráfico de influencias, inflado de presupuestos públicos, y uso de empresas pantalla.
La Fiscalía, por su parte, pide para Alberto Guerra diez años y medio de cárcel por un presunto delito continuado de cohecho en concurso con otro de tráfico de influencias. Siempre según el fiscal, Guerra habría compatibilizado su labor como alto funcionario con la actividad privada, beneficiándose, supuestamente, de su cargo.
Lo más surrealista es que en paralelo a estas acusaciones, Alberto Guerra fue aupado por el propio Ayuntamiento de Murcia a Urbamusa como letrado asesor. Lo dicho: la mano que acusa es la misma que promociona.
La impunidad manda
Una ciudad con más de 450.000 habitantes no puede permitirse que su gobierno municipal normalice que personas procesadas por corrupción urbanística ocupen cargos técnicos clave. Murcia no merece esto.
El caso de Isabel Fernández Guerras es solo un síntoma. El problema es estructural. Porque cuando el Ayuntamiento acusa con una mano y protege con la otra, no estamos ante un fallo puntual. Es otro cosa.
La imagen que proyecta un ayuntamiento así es, sencillamente, indignante y demoledora. Transmite la percepción de una institución podrida por dentro, donde la legalidad se aplica según convenga y la corrupción no solo no se castiga, sino que se acomoda y se protege. Cuando un consistorio acusa formalmente a sus altos cargos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas, pero al mismo tiempo les permite seguir en el poder o incluso los promociona, lanza un mensaje claro: la impunidad manda, la desvergüenza campa a sus anchas.
Juicio en diciembre de 2027
El caso Umbra es una macrocausa de corrupción urbanística en Murcia que investiga, desde 2008, presuntas irregularidades en la expansión urbanística de la zona norte de la ciudad, donde se firmaron convenios que afectaban a más de 10 millones de metros cuadrados.
Varios altos cargos del Ayuntamiento, entre ellos Alberto Guerra (exdirector de la Gerencia de Urbanismo) y su esposa Isabel Fernández Guerras (subjefa de la Oficina de Gobierno Municipal), están acusados de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas, por haberse lucrado presuntamente a través de empresas pantalla, trato de favor a promotores y sobreprecios en contratos públicos. Fernando Berberena, el que fuera concejal de confianza del alcalde del Partido Popular, afronta una petición de dos años y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y fraude.
Se calcula que las maniobras urbanísticas podrían haber causado un perjuicio de hasta 500 millones de euros a las arcas municipales. El juicio, previsto para diciembre de 2027, afecta también a varios empresarios acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación y estafa.
Es la fecha señalada por la Audiencia provincial para celebrar el juicio por el caso UMBRA. Una fecha que se situaría 19 años después de que se desatara uno de los mayores casos de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia.