En el Ayuntamiento de Lorca, la memoria pesa. Pesa tanto como una Medalla de Oro concedida en 1962 al dictador Francisco Franco y que, más de sesenta años después, sigue sin ser retirada oficialmente. La semana pasada, en lugar de zanjar una vergüenza histórica, el gobierno local –del que forma parte Vox– decidió burlarse de ella.
Ocurrió en pleno municipal. El concejal de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, defendía una vez más la retirada de la distinción, cuando la portavoz de Vox le ofreció con sorna una medalla de chocolate con un lazo de la bandera de España. “Aquí tiene su medalla”, ironizó. La escena, grabada y compartida en redes, ha despertado indignación entre colectivos memorialistas, representantes de la oposición y ciudadanos anónimos que, simplemente, esperaban que se cumpliera la ley.
Porque la ley es clara. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y, más aún, la Ley de Memoria Democrática de 2022, obligan a las administraciones públicas a retirar reconocimientos y honores que exalten la dictadura franquista. El artículo 40 de esta última norma establece que deben revisarse de oficio y revocarse, incluso a título póstumo, todos aquellos que sean “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos”. Justo el caso de la medalla otorgada a Franco.
Florencio Dimas, delegado regional de la Asociación Archivo Guerra Civil y Exilio (AGE), lo lleva reclamando desde hace 18 años. Nieto de Ginés Balsalobre, un lorquino represaliado por el régimen franquista, Dimas ha presentado hasta seis peticiones formales para que el consistorio corrija lo que considera un agravio institucional. Pero sus solicitudes han chocado sistemáticamente con el silencio político, la desidia o, como ahora, el desprecio más absoluto.
“La democracia no puede seguir premiando a quien la destruyó”, repite Dimas. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Lorca aún conserva con orgullo una medalla que fue entregada al dictador Francisco Franco en persona por el entonces alcalde, Lucas Guirao, en 1965. Ninguno de los gobiernos municipales -ni el PSOE, ni el PP, ni ahora el pacto con Vox- ha querido enfrentarse a esa sombra.
Mientras tanto, la extrema derecha convierte el debate en espectáculo y el deber institucional en una burla. Lo que debería ser un trámite administrativo, retirar un reconocimiento ilegal, se transforma en una escena grotesca con chocolatinas patrióticas y carcajadas.
La medalla de oro sigue ahí. Intacta. Como si el tiempo no pasara. Como si las leyes no contaran. Como si las víctimas no importaran.
Y así, Lorca continúa condecorando a un dictador, en contra de la dignidad democrática y, desde hace años, de la ley. La Asociación Archivo Guerra Civil y Exilio prepara una denuncia ante la Fiscalía contra la edil de VOX.