Entre 2023 y 2025, un pequeño hostal de Puerto Lumbreras vinculado a la familia del ex presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recibió subvenciones públicas por un total de 516.000 euros, concedidas por distintas consejerías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). No obstante, la empresa, según publica el digital Diario.es, ha renunciado formalmente a una de las ayudas, de 150.000 euros, concedida en marzo de 2024 por la Consejería de Agricultura, para no superar el límite que establece el reglamento europeo conocido como “de minimis”.
Con esta renuncia, el total recibido por la empresa se ajusta a 296.999,53 euros, una cifra que se mantiene por debajo del umbral de los 300.000 euros establecido por la Unión Europea para este tipo de ayudas.
¿Qué es el reglamento “de minimis”?
Concretamente, el reglamento (UE) nº 1407/2013, vigente actualmente, establece que una empresa no puede recibir más de 300.000 euros en ayudas públicas “de minimis” en un periodo de tres ejercicios fiscales consecutivos. Este umbral se aplica por empresa y no por proyecto o convocatoria, y engloba la suma total de todas las ayudas “de minimis” concedidas, aunque provengan de administraciones o programas distintos.
El objetivo es evitar que empresas, especialmente pymes, acumulen ayudas públicas que les den una ventaja desproporcionada frente a sus competidores. Las ayudas sujetas a este régimen pueden tener distintos fines: inversión, digitalización, eficiencia energética, modernización de instalaciones, internacionalización o mejora de la competitividad, entre otros.
Para cumplir con esta norma, las administraciones que otorgan las subvenciones deben comprobar que el beneficiario no supera el umbral de los 300.000 euros. Y las empresas están obligadas a declarar todas las ayudas “de minimis” que han recibido en los tres años anteriores.
Cuando ese límite está a punto de superarse —como en el caso del hostal de Puerto Lumbreras— es legal y habitual que el beneficiario renuncie a una de las ayudas para no incumplir el reglamento. Esa renuncia puede producirse antes del cobro efectivo, incluso después de que haya sido publicada la resolución de concesión.
Cuatro subvenciones y una renuncia
Según los datos oficiales, la empresa familiar vinculada al expresidente recibió un total de cuatro subvenciones de distintas consejerías del Gobierno regional entre 2023 y 2025. La ayuda de mayor cuantía, concedida por la Consejería de Agricultura en marzo de 2024, ascendía a 150.000 euros y finalmente ha sido objeto de renuncia para cumplir con el reglamento europeo. Ya no aparece en el listado de subvenciones y ayudas públicas.
Con esta decisión, el total de ayudas efectivamente percibidas se queda por debajo del umbral legal, por lo que no existe ninguna irregularidad administrativa.
Un contexto delicado
Desde el punto de vista legal, el procedimiento es correcto. La renuncia, a priori, ha sido comunicada oficialmente, evitando así la incompatibilidad con la normativa europea. Es una práctica habitual en la gestión de subvenciones públicas: muchas empresas que concurren con éxito a varias convocatorias acaban renunciando a alguna de ellas cuando el total acumulado se acerca o sobrepasa el límite de 300.000 euros.
Sin embargo, el caso no ha pasado desapercibido por el perfil del beneficiario. El hostal pertenece a la familia del ex presidente regional Pedro Antonio Sánchez, condenado por corrupción en el llamado “caso Auditorio”. Tras su dimisión en 2017, Sánchez dejó la política activa y actualmente reside en Miami pendiente de que resuelva el Tribunal Supremo sobre su condena. Antes de marcharse, eligió como sucesor al actual presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, lo que cerró una transición política marcada por los escándalos judiciales. López Miras prometió entre lágrimas «dejarse la piel para reparar esta injusticia» en alusión a la dimisión forzada de su mentor político.
La práctica habitual de renunciar para no pasarse
Casos como este no son excepcionales. En los últimos años, varias empresas murcianas han renunciado a ayudas tras comprobar que la suma de subvenciones públicas recibidas en un trienio se acercaba peligrosamente al límite de 300.000 euros o lo sobrepasaba. La gestión técnica y legal de estas renuncias forma parte del procedimiento habitual en los servicios de intervención y control de las administraciones.
Lo que sí plantea este caso concreto es un debate sobre la oportunidad política en la asignación de fondos públicos, especialmente cuando los beneficiarios están relacionados con figuras públicas que han ocupado cargos de responsabilidad y luego han sido condenados por corrupción.