La tragedia ambiental en la antigua zona industrial de Zincsa no cesa. A pesar de las medidas correctivas implementadas por la empresa propietaria del terreno, el problema de la mortandad de aves protegidas persiste, dejando en evidencia una preocupante ineficacia en las acciones tomadas hasta ahora.
La Asociación de Vecinos de Torreciega ha presentado un nuevo escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Cartagena, instando a la adopción inmediata de medidas cautelares para frenar esta situación que atenta contra la biodiversidad y la seguridad ambiental de la zona.
El pasado 22 de diciembre de 2024, un nuevo hallazgo encendió las alarmas. En las inmediaciones de las balsas de Zincsa, se encontró el cadáver de una garceta común (Egretta garzetta), una especie catalogada como «de interés especial» por el Real Decreto 139/2011. Este hecho refuerza las denuncias reiteradas desde 2021, cuando la Asociación de Vecinos de Torreciega comenzó a documentar la mortandad de especies protegidas en la zona.
Las coordenadas del hallazgo fueron debidamente registradas y documentadas a través de material fotográfico y audiovisual. Los vecinos de la zona temen que este no sea un caso aislado, sino la punta del iceberg de una tragedia ambiental que lleva años en desarrollo.
Falta de control
Según el informe pericial del UCOMA de la Guardia Civil, la empresa ha implementado disuasores acústicos y ha practicado la cetrería para ahuyentar a las aves. Sin embargo, estas estrategias han demostrado ser ineficaces, ya que la laguna artificial formada por los residuos sigue atrayendo fauna a un entorno letal. Las aves, sin advertir el peligro, se acercan a la superficie de estas balsas, donde quedan atrapadas y mueren debido a la toxicidad de los residuos industriales acumulados.
El informe también destaca que la empresa podría estar eliminando los cadáveres de las aves para borrar evidencias, lo que pone en duda la transparencia de su control ambiental. Esto ha llevado a los vecinos a cuestionar la efectividad del seguimiento por parte de la Dirección General de Medio Natural, que parece haber ignorado las reiteradas denuncias ciudadanas.
El Juzgado en el punto de mira
Más allá de la responsabilidad empresarial, el escrito presentado por los vecinos apunta directamente al Juzgado de Instrucción Número 5 de Cartagena, señalando su inacción en la adopción de medidas cautelares. La Asociación de Vecinos de Torreciega sostiene que, al no ejecutar las resoluciones ya dictadas para proteger la fauna en la zona, la propia institución judicial podría estar incurriendo en responsabilidad penal por omisión de funciones.
Según el documento presentado, «el Juzgado no debe de permitir más la continuación de esta situación, puesto que, en este momento en el que nos encontramos, con reiteración continuada del hecho delictivo por la no adopción de las medidas de protección, incluso el Juzgado es también responsable del mantenimiento de la situación delictiva que se está produciendo, pues los hechos están aconteciendo con el pleno de conocimiento, en este caso, también por parte del Juzgado, sin que su señoría obligue a la Administración para la ejecución subsidiaria. En caso de continuar la situación, habrá que dirimir las responsabilidades, incluida, incluso, la judicial».
El informe pericial ha calculado el daño económico asociado a la muerte de este último ejemplar de Egretta garzetta en 33.394 euros. Esta cifra se suma a los daños ya documentados en informes anteriores, lo que deja una pérdida ambiental millonaria y una deuda ecológica incalculable. La acumulación de estos valores evidencia que el deterioro de la biodiversidad en la zona no solo es un problema medioambiental, sino también económico y social.
En su escrito, la Asociación de Vecinos de Torreciega requiere del SEPRONA el informe sobre el último hallazgo de ave muerta. Pide que se dirija oficio a la Dirección General de Medio Ambiente para conocer las medidas adoptadas. También exigen la ejecución inmediata del sellado provisional de las balsas para evitar el acceso de aves y que se aperciba tanto a la mercantil investigada en las presentes diligencias como al órgano administrativo competente, de que la muerte de aves por la falta de adopción de las medidas correspondientes constituye un delito y que la no adopción de las medidas, puede dar lugar a un delito de desobediencia judicial.
El deterioro ambiental de Zincsa no solo afecta a la fauna, sino también a los residentes de la zona. Los vecinos han expresado su preocupación por la dispersión de partículas de metales pesados en el aire, que podría estar afectando la salud de la población circundante. Esta contaminación continuada refuerza la urgencia de una intervención decidida por parte de las autoridades.