Los vecinos y colectivos medioambientales de las pedanías altas de Lorca están alarmados al conocer que el Ayuntamiento de Lorca ha recibido oficialmente diez propuestas de instalaciones de biometano y hasta una enorme planta de hidrógeno verde. Las empresas se han fijado en la zona por su ubicación estratégica cerca de la red gasista del tramo Almería-Chinchilla.
La Federación Espartaria Tierras Altas celebró anoche una reunión urgente en el centro social de Zarcilla de Ramos donde debatieron la «creciente invasión de macroplantas» de biogás y solares que afecta a la zona.
En esa pedanía, precisamente, la empresa Mykonos Power S.L. proyecta una planta que prevé gestionar hasta 80.000 toneladas anuales de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia que incrementará el tráfico pesado en la zona, con alrededor de 70 camiones diarios transportando residuos.
Plantas de biogás a no menos de 7 kilómetros de núcleos urbanos
El centro social de Zacilla de Ramos se quedó pequeño para acoger a todos los vecinos que acudieron preocupados en busca de información. La Federación Espartaria de Tierras Altas denuncia, entre otras cosas, la ausencia de legislación específica en el Ayuntamiento de Lorca para este tipo de proyectos y la facilidad con la que estas empresas logran el cambio de uso del suelo de rústico a industrial. Además, la citada federación denuncia que estas empresas gozan de bonificaciones del 75% en el Impuesto de Construcciones (ICIO) mientras que los vecinos se topan con trabas para emprender proyectos similares; y los ingresos generados, tras destrozar el entorno, no se reinvierten en las Tierras Altas de Lorca ni benefician directamente a nuestros pueblos.
La Federación Espartaria exige la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que se establezca una distancia mínima de 7 kilómetros entre estos proyectos y los núcleos urbanos de población. También piden una consulta vinculante entre los habitantes de las Tierras Altas de Lorca antes de aprobar cualquier proyecto. «Los habitantes debemos decidir, no los políticos» concluyen.
Esta demanda de participación ciudadana contrasta con la postura del presidente regional, Fernando López Miras, quien hasta ahora ha descartado la necesidad de una regulación específica para estas instalaciones. Su negativa a establecer normas claras para ordenar la ubicación de plantas de biogás y solares es, sin duda, un error puesto que esta falta de regulación solo incrementa la incertidumbre y el malestar social.
El alcalde examinará con lupa
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha reconocido la situación y ha asegurado que el Ayuntamiento abordará cada proyecto con el máximo rigor. “Vamos a analizar uno por uno con carácter garantista. Si alguna de estas plantas se ubica cerca de un núcleo rural y representa un perjuicio, no será autorizada”, afirmó. Además, destacó que estas iniciativas requieren una declaración de interés público, que será concedida únicamente si se consideran viables, necesarias y exentas de conflictividad social.
La preocupación principal radica en la posible saturación de estas áreas, donde las plantas de biogás aprovecharían la proximidad a la red gasista para inyectar biometano. Los vecinos de Doña Inés, una de las pedanías afectadas, han manifestado su rechazo ante un proyecto que se situaría a solo 1,3 kilómetros del núcleo urbano e invadiría el Cerro Tornajo, un espacio natural en proceso de protección bajo la modificación del Plan General de Ordenación Municipal.
Por otro lado, en la misma pedanía se ha propuesto un proyecto para la producción de hidrógeno verde que abarcaría más de 1.300 hectáreas y que plantea el consumo de 310.000 m3 de agua al año. Aunque este último no ha sido formalmente presentado al Ayuntamiento, el alcalde aseguró que su planteamiento es “inviable debido a su elevado impacto”.
Gil también subrayó que las plantas de biometano deben centrarse en gestionar los residuos generados por la actividad ganadera y otras industrias locales, no en recibir materiales de otras regiones. «Estos proyectos están diseñados para atender nuestras necesidades y, una vez cubierta esa demanda, no se justifica construir más plantas» ha explicado.
En cuanto al estado de los proyectos, el alcalde señaló que todos se encuentran en fases iniciales de tramitación, lo que permite al Ayuntamiento establecer criterios claros y examinar cada propuesta de forma exhaustiva. «No se va a dar vía libre indiscriminada. Es necesario imponer un orden. No se va a dar carta blanca. Hay que poner orden y analizar cada caso con lupa”, insistió.
El alcalde reconoció que estas plantas, bien gestionadas, son esenciales para tratar residuos de manera adecuada y producir energía. Sin embargo, advirtió que es fundamental garantizar que no generen más problemas de los que buscan resolver.
Riesgos ambientales
Entre los problemas señalados por ecologistas y expertos destacan el incremento del tráfico pesado para el transporte de residuos, el aumento de emisiones contaminantes y el impacto en áreas de alto valor paisajístico y ecológico. Además, algunos colectivos temen que estas instalaciones acaben gestionando residuos provenientes de otras regiones, algo que el alcalde ha descarta “El objetivo de estas plantas es tratar los residuos generados por nuestra actividad ganadera y otras industrias locales. Una vez cubierta esa demanda, no se justificará la construcción de más”.
El Gobierno regional se niega a aprobar su regulación
La concentración de proyectos en las pedanías altas de Lorca pone en evidencia la necesidad de una planificación más equilibrada que contemple criterios ambientales, sociales y territoriales. Sin embargo, el presidente López Miras se niega a aprobar una regulación regional.
El PSOE pide una moratoria
Frente a la creciente preocupación de los vecinos por la proliferación de plantas de biogás y fotovoltaicas, el PSOE ha solicitado al equipo de Gobierno municipal la suspensión temporal de la concesión de licencias durante seis meses. Este periodo, según explicó el concejal José Luis Ruiz, sería clave para analizar la situación y establecer normativas claras que regulen la ubicación de estas instalaciones en relación con los núcleos rurales del municipio.
“Exigimos al Partido Popular y VOX que adopten medidas inmediatas y eviten la concesión de nuevas licencias para este tipo de instalaciones durante el plazo de seis meses que proponemos. Esta pausa es fundamental para estudiar cómo y dónde pueden establecerse estas infraestructuras sin poner en riesgo la calidad de vida y el medio ambiente de las zonas rurales de Lorca, así como las contraprestaciones que estas zonas recibirán a cambio”, explicó Ruiz.
Ruiz subrayó que no basta con prometer que estos proyectos serán rechazados si afectan a los vecinos; es necesario crear una regulación concreta y vinculante para proteger a las comunidades locales. «Es imprescindible establecer medidas claras que eviten que estas plantas puedan perjudicar la calidad de vida de los habitantes de las pedanías», declaró.