Alberto Núñez Feijóo ha despejado una de las incógnitas centrales de la política española. Si el Partido Popular necesita a Vox para gobernar España, negociará una coalición y permitirá la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Consejo de Ministros.
Ya no es una advertencia lanzada por sus adversarios. Tampoco una hipótesis exagerada para movilizar al electorado progresista. Es una posibilidad reconocida por el propio presidente del PP: si las urnas dibujan ese escenario, ambos partidos se sentarán a negociar un Gobierno conforme a sus respectivos “principios básicos”. Conviene, por tanto, abandonar los eufemismos.
Votar al Partido Popular puede significar entregar a Vox ministerios, presupuestos, poder normativo, capacidad de nombramiento y participación directa en las decisiones del Estado. Puede significar que una fuerza política que cuestiona consensos básicos sobre igualdad, inmigración, diversidad sexual, memoria democrática o modelo territorial deje de presionar desde fuera y comience a decidir desde dentro.
La papeleta del PP ya no garantiza un Gobierno del PP. Puede ser también el vehículo que lleve a Santiago Abascal hasta la mesa del Consejo de Ministros.
Y esa posibilidad debería hacer reflexionar no solo a quienes jamás votarían a Vox, sino también a quienes siguen viendo en el Partido Popular una opción moderada.
La moderación como promesa; la coalición como posibilidad
Feijóo asegura que preferiría gobernar en solitario. Pero esa preferencia tiene un valor político muy limitado cuando, al mismo tiempo, admite públicamente que está dispuesto a compartir el Gobierno con Vox.
Decir que se desea una cosa mientras se prepara la contraria no es una garantía. Es una coartada.
El Partido Popular pretende tranquilizar al votante moderado con una idea recurrente: será el PP quien marque los límites, quien controle a Vox, quien rebaje sus exigencias y quien impida sus excesos.
Pero gobernar en coalición no consiste en sentar a un socio en una esquina del Consejo de Ministros y pedirle que guarde silencio. Gobernar en coalición significa compartir decisiones. Significa repartir áreas de poder. Significa negociar presupuestos, leyes, nombramientos, prioridades y políticas públicas.
Un ministro no ocupa un cargo simbólico. Firma resoluciones, dirige organismos, distribuye fondos públicos, propone normas y representa al Estado.
Por eso la pregunta no es si Feijóo cree que podrá controlar a Vox. La pregunta es cuánto estará dispuesto a conceder para llegar a La Moncloa y mantenerse en ella.
La experiencia autonómica demuestra que, cuando el PP necesita los votos de Vox, negocia con Vox, gobierna con Vox y acepta una parte de su lenguaje y de sus prioridades. Tras la ruptura de las coaliciones autonómicas en julio de 2024, ambas formaciones volvieron a explorar acuerdos en distintos territorios. El artículo original cita, entre otros precedentes, las negociaciones y pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
No estamos, por tanto, ante una amenaza abstracta. Estamos ante una posibilidad política que ya cuenta con antecedentes.
Las palabras nunca son solo palabras
La gravedad de la apertura de Feijóo se comprende mejor cuando se observa qué discursos encuentran cobijo en las instituciones bajo las siglas de Vox.
El artículo recuerda las declaraciones pronunciadas en la Asamblea Regional de Murcia por el diputado Antonio Martínez Nieto, quien vinculó al comunismo la salida de las “conductas trans” del ámbito de los trastornos y su incorporación al terreno de los derechos humanos.
No fue una simple provocación verbal. No fue una frase sin consecuencias.
Hablar de la diversidad sexual o de género como si fuera una patología significa recuperar un lenguaje que durante décadas justificó la discriminación, la exclusión familiar, la persecución institucional y las llamadas terapias de conversión.
Las palabras importan porque preparan el terreno.
Primero se ridiculiza a una minoría. Después se cuestiona que necesite protección. Más tarde se eliminan programas, se retiran campañas, se vacían protocolos y se recortan recursos. Finalmente, quienes ya sufrían discriminación descubren que el Estado que debía protegerlos ha decidido mirar hacia otro lado.
Los retrocesos democráticos rara vez comienzan con una gran declaración solemne. Suelen comenzar con una burla, una insinuación, un prejuicio repetido hasta que deja de escandalizar.
El peligro no está únicamente en lo que dice Vox. Está también en la disposición del Partido Popular a considerar compatibles esos discursos con un acuerdo de gobierno.
Mientras una parte de Vox muestra el contenido ideológico que quiere introducir en las instituciones, Feijóo anuncia que está dispuesto a abrirle la puerta del Gobierno de España.
El PP no contiene a Vox: lo convierte en una opción de poder
Durante años, la dirección popular ha sostenido que sus pactos servían para moderar a la extrema derecha. Sin embargo, la realidad permite una interpretación muy distinta: no es el PP quien ha moderado a Vox, sino Vox quien ha desplazado al PP hacia posiciones, discursos y marcos que antes resultaban difícilmente asumibles para una fuerza conservadora que se presentaba como europeísta y constitucional. Vox ha embrutecido al PP. Y el PP ha convertido a Vox en un socio legítimo.
Le ha entregado vicepresidencias y consejerías. Ha aceptado que sus planteamientos condicionen presupuestos y políticas públicas. Ha permitido que discursos que hace unos años permanecían fuera del consenso democrático entren en los parlamentos, en los gobiernos y en la conversación cotidiana.
Cada pacto rebaja un poco más el umbral de lo que parece tolerable Cada fotografía conjunta normaliza un nuevo exceso. Cada acuerdo transmite a la ciudadanía que negar la especificidad de la violencia machista, estigmatizar a los migrantes, cuestionar los derechos de las personas LGTBI, desacreditar las políticas de igualdad o atacar el Estado autonómico no impide compartir el poder.
El problema, por tanto, no es únicamente Vox.
La extrema derecha puede recibir millones de votos, pero necesita un socio para gobernar. Necesita un partido que le abra las instituciones, que le entregue competencias y que acepte el coste político de sus exigencias. Ese partido puede ser el Partido Popular.
Feijóo no está siendo arrastrado contra su voluntad. Conoce lo que Vox defiende. Ha escuchado sus discursos, ha leído sus programas y ha observado su comportamiento en las instituciones. Sabe lo que ocurrió en los gobiernos autonómicos y conoce la presión que una fuerza minoritaria puede ejercer sobre un socio que necesita sus votos.
Y, pese a todo, mantiene abierta la posibilidad de gobernar con Abascal.
Por eso resulta cada vez menos creíble presentar al PP como un dique frente a la extrema derecha.
Un dique no comparte gobiernos con aquello que asegura contener.
Un dique no entrega consejerías.
Un dique no reserva ministerios.
Un dique no anuncia que, llegado el momento, negociará una coalición.
El Partido Popular no sería el freno. Sería la pasarela.
El votante moderado ya no puede mirar hacia otro lado
Muchos votantes del PP se consideran moderados, europeístas, constitucionalistas y partidarios de los avances sociales alcanzados durante las últimas décadas.
Hay votantes populares que respetan a las personas LGTBI. Mujeres que rechazan la violencia machista. Trabajadores que dependen de un salario digno. Pensionistas que necesitan una sanidad pública fuerte. Familias que esperan una plaza de dependencia. Jóvenes que reclaman una educación pública de calidad. Personas con discapacidad que necesitan protección y recursos.
No todos los votantes del PP comparten las posiciones de Vox. Precisamente por eso deberían preguntarse qué puede ocurrir con su voto. Después de las palabras de Feijóo, ya no cabe alegar desconocimiento.
Quien vote al Partido Popular deberá saber que su papeleta puede utilizarse para sentar a Vox en el Consejo de Ministros. No podrá fingir sorpresa si después llegan las exigencias sobre igualdad, inmigración, educación, derechos sexuales, memoria democrática o modelo territorial.
El voto no es una declaración abstracta de simpatía. No es solo una forma de castigar al Gobierno de turno. El voto produce consecuencias.
Un trabajador que vote al PP únicamente por enfado debería preguntarse qué políticas económicas y laborales apoyaría una coalición condicionada por Vox.
Una mujer debería preguntarse qué ocurriría si el socio imprescindible exige debilitar las políticas específicas contra la violencia machista o borrar las causas estructurales que explican esa violencia.
Una persona homosexual, bisexual o trans debería escuchar con atención los discursos pronunciados en los parlamentos y preguntarse si desea entregar poder institucional a quienes siguen hablando de su identidad en términos de trastorno, desviación o amenaza.
Una familia migrante debería valorar qué significa que la llamada “prioridad nacional” pueda convertirse en criterio para acceder a determinadas ayudas o servicios.
Un pensionista, una madre sola, un joven precario, una persona dependiente o un pequeño agricultor deberían preguntarse si las guerras culturales de Vox mejorarán verdaderamente sus vidas o si servirán para apartar la atención de los problemas materiales que padecen.
No se trata de afirmar que todos los votantes del PP son responsables de cada frase pronunciada por Vox. Se trata de recordar algo más sencillo y más incómodo: cuando se conoce de antemano el destino posible de un voto, resulta más difícil desentenderse de sus consecuencias.
También se puede votar contra uno mismo
Votar contra los propios derechos no siempre se hace de manera consciente. A veces se hace por enfado. A veces, por miedo. A veces, por lealtad a unas siglas. A veces, porque se piensa que las amenazas nunca llegarán a materializarse. Pero la historia está llena de retrocesos que parecían imposibles hasta que dejaron de serlo.
Los derechos no se mantienen solos. No permanecen intactos por una especie de ley natural. Los derechos existen porque hay leyes, presupuestos, instituciones, profesionales y políticas públicas que los sostienen. Y también pueden perderse.
España no avanzó hacia la igualdad por inercia. Los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de los trabajadores, de las personas con discapacidad y de las minorías fueron conquistados mediante décadas de movilización, sufrimiento, legislación y cambio cultural. Nada garantiza que sean irreversibles.
Un derecho no siempre desaparece porque una ley lo derogue de forma explícita. También puede vaciarse desde dentro. Basta con retirar financiación. Basta con paralizar protocolos. Basta con eliminar campañas de prevención. Basta con modificar los contenidos educativos. Basta con desmantelar organismos. Basta con multiplicar las trabas administrativas. Basta con colocar al frente de una institución a alguien que no cree en la finalidad para la que esa institución fue creada.
La regresión nunca se presenta diciendo: “vamos a quitarte derechos”. Se disfraza de sentido común. De neutralidad. De libertad. De protección de la familia. De lucha contra una supuesta ideología. De defensa de los nacionales frente a quienes son señalados como intrusos o privilegiados.
Después, las palabras se convierten en presupuestos. Los presupuestos, en políticas. Y las políticas, en vidas concretas. En la mujer que no encuentra protección. En el adolescente que vuelve a sentir vergüenza por ser quien es. En la familia que pierde una ayuda. En la persona migrante que descubre que nunca será considerada plenamente parte de la sociedad. En el trabajador que comprueba que su malestar ha servido para llevar al poder a quienes nunca mejorarán sus condiciones de vida. Ahí es donde termina la retórica y comienza el daño.
Feijóo ha elegido
Feijóo podía haber establecido una frontera clara. Podía haber declarado que nunca formaría un Gobierno con una fuerza que cuestiona consensos esenciales sobre igualdad, diversidad y derechos humanos.
Podía haber buscado acuerdos alternativos antes que entregar ministerios a Vox. Podía haber seguido el camino de quienes, dentro de la derecha europea, consideran que hay límites que no deben cruzarse, ni siquiera para alcanzar el poder.
No lo ha hecho. Ha elegido mantener abierta la posibilidad de una coalición.
Ha elegido anteponer su llegada a La Moncloa a la construcción de una derecha democrática plenamente autónoma respecto a la extrema derecha. Ha elegido convertir a Vox en una opción legítima de gobierno.
Y esa decisión redefine al Partido Popular. Porque un partido no es únicamente lo que dice defender. También es aquello que está dispuesto a aceptar para gobernar.
Feijóo podrá seguir hablando de moderación. Podrá prometer líneas rojas. Podrá asegurar que controlará a Abascal. Pero una coalición no consiste en controlar al socio. Consiste en compartir con él el Estado.
La cuestión ya no es si Vox quiere entrar en el Gobierno. Lo quiere y lo ha manifestado reiteradamente. La cuestión es quién está dispuesto a abrirle la puerta. Feijóo ya ha respondido.
Ahora corresponde responder a la ciudadanía. Quien introduzca una papeleta del PP en la urna debe saber que puede estar introduciendo también la llave que permita a Vox entrar en el Consejo de Ministros.
Y una vez abierta esa puerta, quizá sea demasiado tarde para lamentar lo que entró por ella.
El retroceso no llegará oculto. Llegará anunciado. Llegará negociado. Llegará firmado.
Y puede llegar con las siglas del Partido Popular impresas en la papeleta.