La investigación sobre la denominada trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud ya no se limita a un supuesto fraude económico en la compra y facturación de material sanitario. Los últimos documentos conocidos, incluidos en el sumario, revelan que responsables del hospital Virgen de la Arrixaca advirtieron desde comienzos de 2024 de que las irregularidades detectadas podían comprometer la trazabilidad de los implantes y dificultar la localización inmediata de los pacientes en caso de una alerta sanitaria.
La advertencia más explícita quedó recogida en un correo electrónico enviado el 11 de abril de 2024 por la directora de Gestión de la Arrixaca al gerente del hospital. En él señalaba que utilizar el código de un producto para pagar otro material distinto, que no estaba incorporado al catálogo del Servicio Murciano de Salud, generaba problemas tanto económicos como relacionados con la seguridad del paciente.
El correo trasladaba formalmente a la gerencia un informe sobre las irregularidades detectadas en el uso y la facturación de productos suministrados por Logimed, una de las empresas investigadas. La responsable adjuntó el documento en varios formatos y ofreció incluso una versión editable por si la dirección quería introducir modificaciones.
La comunicación es relevante porque acredita que la dirección del hospital conocía en abril de 2024 que la discordancia entre el producto realmente utilizado y el que aparecía en los registros económicos no constituía únicamente una anomalía contable. También podía impedir que el sistema sanitario identificara con rapidez a todos los pacientes portadores de un dispositivo determinado.
La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. La Policía Nacional detuvo en mayo de 2026 a once personas e investigó a otras dos por su presunta participación en una estructura que habría contado con la colaboración de funcionarios, profesionales sanitarios y representantes comerciales.
Los delitos investigados incluyen falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. El perjuicio económico estimado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, se aproxima a los 6,9 millones de euros, aunque el importe definitivo deberá determinarse mediante una pericial solicitada durante la instrucción.
Un producto no homologado desde 2018
Una de las piezas centrales del caso es el denominado Coil Prestige o Coil Prestige Plus, un dispositivo utilizado para realizar embolizaciones vasculares. Según la documentación incorporada al procedimiento, este producto no estaba homologado en el sistema de compras del Servicio Murciano de Salud, pero se utilizó de forma reiterada en la Sección de Radiología Vascular Intervencionista de la Arrixaca.
El entonces jefe de esa sección reconoció en un escrito fechado el 22 de febrero de 2024 que los materiales Coil Prestige habían sido empleados desde 2018, tanto por él como por el departamento de suministros del hospital, en función de las necesidades clínicas de los pacientes.
El documento fue aportado posteriormente al Servicio de Inspección por el supervisor de Enfermería de las unidades de Radiología Vascular, Neurorradiología y Hemodinámica. Sin embargo, cuando el antiguo jefe de sección fue interrogado por los inspectores, afirmó que no podía explicar el sistema utilizado para pagar de forma encubierta el producto.
También sostuvo que había emitido aquel certificado a petición del comercial de la empresa distribuidora y del nuevo jefe del Servicio de Radiología. Este último negó posteriormente haberle pedido que redactara el documento.
La investigación interna concluyó que el Coil Prestige Plus se había incorporado a la práctica habitual del hospital sin disponer de un código propio autorizado. Para que las facturas pudieran ser abonadas, se utilizaban las referencias de otros dispositivos que sí estaban incluidos en el catálogo del SMS.
En 2022, el producto se habría facturado como si fuera una espiral embolizadora homologada. Desde finales de ese año y durante 2023, pasó a registrarse como un tapón vascular distinto y de precio más elevado.
La directora de Gestión consideró difícil justificar esa operativa porque se trataba de dispositivos diferentes, fabricados incluso por empresas distintas, que se utilizaban de manera intercambiable únicamente a efectos administrativos y de facturación.
La historia clínica decía una cosa y la factura, otra
En la historia clínica podía constar correctamente el producto que se había implantado al paciente, mientras que el sistema de compras y facturación reflejaba otro dispositivo.
Esa discordancia distorsionaba el inventario, impedía conocer con precisión el material consumido y hacía que las cifras económicas no coincidieran con lo sucedido realmente en los quirófanos.
Pero el problema más grave aparecía ante una posible alerta sanitaria. Para localizar a los pacientes portadores de un producto defectuoso no bastaría con consultar directamente los registros de compras o facturación, ya que el código registrado podía corresponder a otro dispositivo completamente distinto.
La directora de Gestión reiteró esta preocupación cuando declaró ante la Policía Nacional el 6 de mayo de 2025. Según la documentación conocida, explicó a los agentes que la práctica no había tenido en cuenta la seguridad de los pacientes porque, aunque las historias clínicas contuvieran la información correcta, no era posible localizar rápidamente a todas las personas que llevaban implantados los nuevos productos ante una alerta.
El propio informe policial señala que el sistema de gestión del SMS dificultaba el control y la trazabilidad de las implantaciones. La UDEF sostiene que la falta de correspondencia entre los registros clínicos, administrativos y económicos pudo permitir que las irregularidades se mantuvieran durante años.
El origen: un incremento anómalo del gasto
Las primeras comprobaciones conocidas se remontan al 15 de enero de 2024. Ese día, la directora de Gestión convocó una reunión para analizar el incremento del gasto en catéteres de Neurorradiología Intervencionista y Radiología Vascular e Intervencionista.
Durante la reunión también se advirtió de que faltaba por incorporar el gasto correspondiente a intervenciones realizadas en centros concertados. Como consecuencia, se pidió un desglose detallado y su traslado al nuevo jefe del Servicio de Radiología.
El análisis permitió detectar un crecimiento anómalo en la utilización y facturación de determinados tapones vasculares. La revisión de las compras de 2023 y su comparación con años anteriores llevó al Servicio de Inspección a examinar las operaciones realizadas entre 2018 y 2023.
El 23 de febrero de 2024, el hospital ordenó revisar el material almacenado en Radiología, retirar los productos no homologados y suspender la utilización de aquellos que se encontraran en curso. El nuevo responsable de la sección dispuso además que los partes de implantación fueran guardados bajo llave en el área de Admisión-Radiodiagnóstico.
La inspección habría comprobado que Logimed suministraba un producto no autorizado que se pagaba mediante referencias ajenas. Los investigadores sostienen que se manipularon albaranes para justificar el abono de facturas correspondientes a materiales diferentes de los que figuraban formalmente en los pedidos.
Una alerta de Estados Unidos puso a prueba la trazabilidad
En medio de esas comprobaciones, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, publicó el 8 de febrero de 2024 una retirada de determinados lotes del Prestige Coil System.
El fabricante había detectado corrosión en un componente del sistema de liberación. Según la FDA, existía la posibilidad de que el material desprendido atravesara el microcatéter y llegara al sistema vascular del paciente, con riesgo de provocar una embolia por cuerpo extraño.
La retirada no afectaba a lotes distribuidos en España. Sin embargo, la alerta adquirió una importancia decisiva para la investigación murciana: permitió comprobar hasta qué punto el SMS habría podido identificar a los pacientes portadores del dispositivo si los lotes españoles hubieran estado afectados.
La conclusión recogida por la UDEF es preocupante. Sin la revisión realizada por la Inspección y sin el trabajo del personal informático para cruzar los datos, la localización rápida de los pacientes no habría sido posible.
La alerta estadounidense no ocasionó daños conocidos en la Región de Murcia porque los lotes afectados no se habían distribuido en España. No obstante, dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema: si una advertencia sanitaria hubiera afectado al material implantado en la Arrixaca, las diferencias entre las historias clínicas y los registros de facturación habrían dificultado reconstruir el recorrido de cada dispositivo.
De un sobrecoste de 650.000 euros a un fraude próximo a siete millones
La investigación comenzó examinando un número limitado de productos y un perjuicio económico mucho menor. Uno de los primeros informes calculó un sobrecoste de 650.140 euros relacionado con el Coil Prestige.
En algunos expedientes, la hoja de implantación reflejaba un producto homologado cuyo precio rondaba los 400 euros, mientras que el SMS terminaba pagando otro dispositivo por unos 1.200 euros. La diferencia se habría generado utilizando referencias de productos distintos para tramitar las facturas.
Con la ampliación de las diligencias, la UDEF identificó al menos treinta productos que podrían haber sido facturados irregularmente. Los sobreprecios detectados alcanzaban en determinados casos el 1.287%.
El perjuicio total estimado creció desde los aproximadamente 700.000 euros de las primeras comprobaciones hasta los 6,9 millones que figuran actualmente en la investigación policial.
El juez ha solicitado un informe técnico a la Administración General del Estado para cuantificar el daño económico con mayor precisión. Por tanto, la cifra de 6,9 millones continúa siendo una estimación policial y no una cantidad fijada definitivamente mediante sentencia o peritaje judicial.
Prótesis caducadas y operaciones en un hospital concertado
La ampliación de la investigación llevó a los agentes hasta un hospital privado concertado al que el SMS derivaba pacientes para determinadas intervenciones cardiovasculares.
Una enfermera de ese centro envió el 6 de septiembre de 2025 un correo anónimo a responsables de la Consejería de Salud y a la Fiscalía. En el mensaje explicó que un comercial investigado llevaba años trabajando en el hospital junto a un cirujano cardiovascular de la Arrixaca.
La denunciante describió una operativa consistente en escribir a mano las referencias y los lotes de los implantes, en vez de adherir a la hoja del paciente la pegatina identificativa del fabricante. Según su relato, este procedimiento permitía facturar unidades que no se encontraban en los depósitos e incluso material caducado.
La enfermera afirmó que no había comunicado antes los hechos por miedo a perder su puesto de trabajo.
Tras recibir esta información, el Servicio de Inspección y la Policía revisaron las intervenciones derivadas desde la Arrixaca al hospital concertado y realizadas por el facultativo mencionado en el correo.
La UDEF sostiene que encontró productos caducados facturados al SMS y detectó tres historias clínicas en las que constaban cinco prótesis fuera de fecha. Además, habría identificado materiales cobrados pero no utilizados y fungibles cuyo coste no correspondía asumir a la sanidad pública.
En otro análisis de expedientes, la Policía Judicial constató que al menos un paciente había recibido un stent caducado. Este hallazgo contradijo las primeras afirmaciones públicas de la Consejería de Salud, que había presentado el caso fundamentalmente como un fraude económico y había descartado inicialmente la implantación de productos caducados.
Que un producto hubiera superado su fecha de caducidad no permite concluir por sí solo que causara un daño clínico concreto al paciente. Tampoco se ha acreditado públicamente una relación causal entre los implantes investigados y lesiones o fallecimientos. Esa cuestión deberá determinarse individualmente mediante la revisión de las historias clínicas y, en su caso, mediante informes periciales.
La investigación alcanza los concursos públicos
Los últimos documentos conocidos añaden un nuevo frente: la posible intervención de representantes de una empresa privada en la elaboración de los pliegos de contratación del SMS.
La UDEF analiza varios correos intercambiados entre el entonces responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral, la central de compras del Servicio Murciano de Salud, y un comercial de Logimed.
El 15 de diciembre de 2021, el responsable público habría enviado al representante de la empresa un borrador de los pliegos para un concurso de endoprótesis de aorta. Le pidió que revisara el documento y propuso analizarlo conjuntamente después de las vacaciones.
El comercial devolvió los pliegos el 4 de marzo de 2022 con distintas modificaciones técnicas. Parte de esas sugerencias habría sido incorporada posteriormente al documento remitido al jefe de sección de la central de compras.
Las alteraciones afectaban, entre otros extremos, a los lotes 6 y 7 del contrato. En uno de ellos se modificaron el modelo de endoprótesis, las longitudes y los rangos de diámetro. En el otro se cambió el sistema de fijación, se introdujeron nuevas estructuras y se variaron materiales y mecanismos de anclaje.
No se trataba, por tanto, de simples correcciones formales. Las modificaciones podían influir en los criterios de valoración técnica y en la puntuación obtenida por las ofertas.
La existencia de esos correos no demuestra por sí sola que el concurso estuviera amañado ni que la adjudicación fuera delictiva. Sí constituye, según la Policía, un indicio que debe ser analizado para determinar si una empresa recibió información privilegiada o intervino irregularmente en la preparación de unas condiciones que posteriormente iban a regir la contratación pública.
La investigación también ha puesto el foco en la prolongada ausencia de concursos para determinados suministros vasculares. Según la documentación conocida, el SMS estuvo varios años sin convocar licitaciones para adquirir algunas de estas prótesis, lo que habría favorecido el recurso a compras directas y dificultado la competencia entre proveedores.
Una estructura que atravesaba toda la cadena
La hipótesis policial describe una organización con presencia en prácticamente todas las fases del proceso: selección de productos, almacenamiento, intervención quirúrgica, cumplimentación de documentos, facturación y autorización del pago.
Entre las personas investigadas figuran responsables de la central de compras, personal administrativo, profesionales de Enfermería, médicos y representantes comerciales.
La participación coordinada de personas situadas en distintos puntos del circuito habría permitido introducir datos falsos en el sistema, sustituir referencias, tramitar el pago de productos no autorizados y ocultar la discordancia entre el material implantado y el facturado.
La UDEF considera que no se trataba de episodios aislados, sino de una operativa sostenida durante años. Las diligencias deberán aclarar el grado de conocimiento y responsabilidad de cada investigado. Todos ellos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Salud pide tranquilidad y reivindica la actuación de la Inspección
El Gobierno regional sostiene que fue el propio Servicio de Inspección del SMS el que detectó las irregularidades, abrió una investigación de oficio y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
La Consejería de Salud ha defendido además que no existen indicios de una afectación generalizada a los pacientes y ha pedido tranquilidad. Tras conocerse los hallazgos policiales, ha anunciado nuevas revisiones para delimitar el alcance asistencial del caso.
La posición oficial, sin embargo, ha ido variando a medida que avanzaba la investigación. Inicialmente, Salud negó que se hubieran implantado prótesis caducadas y presentó el asunto como un presunto fraude económico. Posteriormente, la información incorporada al atestado policial reveló al menos un caso de implantación de un stent caducado y varias historias clínicas con productos fuera de fecha en un centro concertado.
La ausencia de daños clínicos confirmados no elimina el problema de seguridad denunciado por la directora de Gestión. La seguridad sanitaria no se limita a comprobar si un dispositivo ha provocado una lesión. Incluye también la capacidad de conocer qué producto lleva cada paciente, identificar su número de lote, reconstruir su procedencia y actuar de forma inmediata ante cualquier retirada o alerta.
Las preguntas que continúan abiertas
La instrucción deberá determinar quién autorizó la utilización prolongada de productos no incorporados al catálogo del SMS, quién conocía el sistema de facturación mediante referencias ajenas y por qué las anomalías no fueron detectadas antes, pese a que algunas prácticas se remontan al menos a 2018.
También deberá aclarar por qué no existía una correspondencia automática entre el producto recogido en la historia clínica y el facturado, cómo se controlaban los depósitos de material en los centros concertados y si se pagaron productos que nunca llegaron a implantarse.
Otra cuestión esencial será establecer qué decisiones adoptaron los responsables del hospital y del SMS cuando recibieron las primeras advertencias. El correo enviado al gerente de la Arrixaca en abril de 2024 demuestra que la dirección conocía entonces que el sistema utilizado provocaba problemas de trazabilidad y podía afectar a la seguridad del paciente.
La Justicia tendrá que esclarecer igualmente si las modificaciones introducidas por un comercial en los pliegos de una licitación beneficiaron deliberadamente a una empresa, así como el alcance real de los sobrecostes y el destino del dinero presuntamente desviado.
El caso comenzó con un incremento inexplicable en el gasto de determinados materiales y ha terminado abriendo una investigación que recorre toda la estructura de adquisición y utilización de prótesis vasculares en la sanidad murciana.
Lo conocido hasta ahora dibuja tres planos inseparables: el posible perjuicio millonario para las arcas públicas, las sospechas sobre la contratación y la pérdida de trazabilidad de productos implantados en pacientes.
Esa última dimensión es la que convierte el caso en algo más que un fraude contable. Cuando el producto que aparece en una factura no coincide con el que lleva una persona dentro de su cuerpo, el problema deja de pertenecer únicamente al departamento de compras. Se convierte en una cuestión de seguridad sanitaria, responsabilidad pública y confianza en el sistema.