Pascual Piñera, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, se reincorporó hace varias semanas a su puesto de trabajo después de cumplir una sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo por el expediente abierto a raíz de las acusaciones de presunto acoso sexual formuladas por médicas, enfermeras y otras profesionales del centro.
La Gerencia del hospital lo ha situado en un despacho de la segunda planta, fuera de las dependencias asistenciales de Urgencias. La decisión pretende dar cumplimiento a las medidas de “no coincidencia” con las víctimas recomendadas por el Equipo de Apoyo de la Unidad de Igualdad del Servicio Murciano de Salud.
Sin embargo, la separación no es completa. Piñera continúa trabajando en el mismo hospital en el que permanecen la mayoría de las sanitarias que lo han denunciado judicialmente. Aunque no presta asistencia directa, no realiza guardias y no trabaja dentro del Servicio de Urgencias, puede coincidir con ellas en pasillos, ascensores, cafeterías, accesos y otras zonas comunes.
Las denunciantes sostienen que esa posibilidad las mantiene en una situación de “desprotección total” y agrava las consecuencias psicológicas que, según relatan, arrastran desde que comenzó el procedimiento.
Una de las sanitarias ha solicitado el traslado a otro hospital ante la imposibilidad de continuar trabajando en esas condiciones. Otras dos están de baja médica por cuadros de ansiedad que las afectadas relacionan con lo vivido durante el proceso. Varias precisan asistencia psicológica y tratamiento farmacológico con ansiolíticos.
El SMS asegura que no tiene constancia de que las bajas laborales estén vinculadas oficialmente al caso. También insiste en que Piñera no desarrolla actividad asistencial ni hace guardias. Pero el facultativo ha recuperado su categoría y su rango profesional y mantiene comunicaciones por correo electrónico con trabajadores del centro.
La reincorporación abre así un nuevo capítulo en un caso que no está cerrado. La sanción administrativa ya se ha cumplido, pero el procedimiento judicial continúa abierto después de que nueve sanitarias ratificaran ante la jueza sus denuncias por presuntos tocamientos y otros comportamientos de carácter sexual.
Piñera rechazó ser trasladado a otro centro
Antes de la reincorporación, el Servicio Murciano de Salud estudió trasladar al facultativo a otro centro del Área de Salud VII.
Según la versión facilitada por el SMS al periódico La Verdad, esa posibilidad fue ofrecida al médico, pero este la rechazó.
La Administración sanitaria sostiene que las medidas actualmente aplicadas cumplen las indicaciones de la Unidad de Igualdad. Argumenta, además, que el juzgado que investiga los hechos no ha acordado otras medidas cautelares.
La cuestión es si esa interpretación estrictamente formal garantiza realmente la protección de las denunciantes.
El informe interno del propio SMS dejó claro que la “no coincidencia” no debía limitarse a evitar que el investigado y las víctimas compartieran físicamente un turno o una misma unidad. El Equipo de Apoyo señaló que la separación debía abarcar también los contactos digitales y telemáticos, ya que determinadas conductas podían producirse o prolongarse mediante comunicaciones electrónicas.
La permanencia de Piñera en el mismo edificio, con su categoría profesional recuperada y comunicación por correo electrónico con parte de la plantilla, genera dudas sobre el alcance efectivo de esas garantías.
Catorce testimonios ante Igualdad y nueve denuncias judiciales
El expediente administrativo interno recogió inicialmente los testimonios de trece profesionales identificadas por el Equipo de Apoyo como víctimas. A ellas se sumaron once testigos, tres responsables o mandos intermedios y otras dos personas entrevistadas durante la investigación.
En junio de 2025, una segunda adenda añadió el testimonio de una decimocuarta mujer que pidió activar el protocolo después de que el informe definitivo ya hubiera sido emitido.
De esas catorce profesionales, nueve decidieron posteriormente presentar denuncia judicial contra Piñera.
Las nueve declararon ante la jueza y ratificaron presuntos episodios ocurridos entre 2018 y 2024. Relataron tocamientos en la espalda, el cuello, la nuca, el pelo, la cara, los muslos y las nalgas, además de aproximaciones físicas no deseadas, comentarios e insinuaciones.
El SMS archivó inicialmente las primeras diligencias
La respuesta inicial de la Administración sanitaria fue muy distinta a la que después adoptó la Unidad de Igualdad.
La Gerencia del Área de Salud VII abrió unas diligencias informativas tras recibir información sobre incidencias ocurridas durante las guardias de médicos residentes en Urgencias. El expediente terminó archivado y sobreseído.
La Gerencia consideró entonces que no se habían acreditado objetivamente conductas que pudieran encajar en infracciones disciplinarias del personal estatutario. El caso fue revisado meses después.
El 21 de noviembre de 2024, la Dirección General de Recursos Humanos, el Área de Igualdad y la propia Gerencia del Área de Salud VII analizaron de nuevo el expediente. Concluyeron que los hechos podían no haber sido correctamente examinados desde la perspectiva del protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.
Aunque la primera investigación no hubiera apreciado una infracción disciplinaria, sí contenía comportamientos susceptibles de ser calificados como “conductas no deseadas”.
El Área de Igualdad activó formalmente el procedimiento contra el médico el 12 de diciembre de 2024.
Días después llegaron dos nuevas comunicaciones internas. Una advertía de una posible incidencia de género sufrida por una trabajadora de una unidad asistencial. La otra recogía que varias médicas residentes de Medicina Familiar y Comunitaria habían comunicado haber sufrido presuntamente acoso sexual en el hospital.
Las primeras actuaciones permitieron vincular también esos episodios con el mismo facultativo.
Igualdad censuró la investigación “parcial” de la Gerencia
El informe definitivo no se limitó a examinar la conducta atribuida a Pascual Piñera. También cuestionó con dureza la respuesta de los responsables del hospital.
El Equipo de Apoyo afirmó haber comprobado que las víctimas se sintieron “desamparadas y cuestionadas” cuando acudieron a la Gerencia.
Según el documento, la investigación inicial fue “parcial” y alcanzó “conclusiones sesgadas”. La Unidad de Igualdad consideró especialmente grave que algunas mujeres fueran dirigidas hacia la firma de un documento de renuncia a acogerse al protocolo de acoso sexual, cuando ese protocolo era precisamente el instrumento previsto para investigar este tipo de comportamientos.
La Unidad de Igualdad sostuvo que la insuficiente actuación de los mandos permitió que las conductas se prolongaran y fueran asumidas como parte de la vida cotidiana del servicio.
El informe habla expresamente de “inacción” de los responsables de la dirección de la Gerencia para poner límites a Piñera y afirma que el médico habría actuado “de forma impune” durante años.
La conclusión del equipo es que las trece primeras mujeres entrevistadas representaban solo una parte de las profesionales que podrían haber sufrido situaciones similares.
Según el documento, otras afectadas no dieron el paso de declarar por miedo a las consecuencias, por el tiempo transcurrido o por su falta de confianza en la respuesta de la organización.
Una “cultura de la violencia” normalizada
El informe interno utiliza una expresión especialmente grave: la persistencia de una “cultura de la violencia” dentro del Servicio de Urgencias.
El Equipo de Apoyo detectó un entorno en el que determinados comportamientos habían terminado normalizándose. Las trabajadoras aprendieron a evitar al facultativo, a advertir a las compañeras recién llegadas, a proteger físicamente determinadas partes de su cuerpo cuando se acercaba y a procurar no quedarse a solas con él.
Las entrevistas también revelaron la existencia de grupos enfrentados dentro del servicio. Una parte de la plantilla respaldaba a las denunciantes, mientras otra apoyaba abiertamente al jefe de Urgencias y cuestionaba los testimonios. El clima de polarización aumentó durante la tramitación del expediente.
Las víctimas denunciaron haber recibido comentarios hostiles, cuestionamientos internos y ataques en redes sociales procedentes del entorno familiar de Piñera.
Para el Equipo de Apoyo, ese ambiente podía producir una nueva victimización de las mujeres que habían declarado y desincentivar a otras posibles afectadas.
Contactos físicos deliberados y no deseados
Las conclusiones del informe administrativo son inequívocas dentro del ámbito en el que fue elaborado.
El Equipo de Apoyo concluyó por unanimidad que existían indicios que corroboraban varias formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
En primer lugar, identificó comportamientos verbales: sugerencias, comentarios y proposiciones no deseadas.
En segundo lugar, describió conductas físicas deliberadas y sin consentimiento. Entre ellas aparecen tocamientos de distintas partes del cuerpo, masajes, caricias, manos cogidas, agarrones, pellizcos, roces y acercamientos excesivos e innecesarios.
El equipo apreció además indicios de acoso sexual de intercambio o quid pro quo, también denominado chantaje sexual. Esta modalidad se produce cuando el rechazo de las conductas puede provocar consecuencias negativas en la vida laboral o profesional de la persona afectada.
Varias mujeres aseguraron que, cuando pusieron límites, recibieron un trato hostil o vieron empeoradas sus condiciones de trabajo.
El informe también concluyó que existía acoso sexual ambiental, al haberse generado un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para las víctimas.
Finalmente, apreció acoso por razón de sexo porque ese ambiente no afectaba únicamente a quienes sufrieron directamente los comportamientos, sino al conjunto de las mujeres que trabajaban en el servicio.
El poder sobre las residentes
La situación de las médicas residentes ocupa un lugar central en el expediente adminstrativo.
Piñera no era únicamente un compañero de trabajo. Como responsable asistencial y superior jerárquico, podía intervenir en decisiones que afectaban a la formación y al futuro profesional de las residentes.
El informe recuerda que debía firmar, junto con el colaborador docente, las evaluaciones de las rotaciones.
Durante las guardias, las residentes dependían además de los médicos adjuntos para resolver dudas clínicas, atender complicaciones, validar altas y adoptar decisiones sobre pacientes.
Esa relación de dependencia, según el Equipo de Apoyo, explicaba que algunas mujeres no reaccionaran, no pidieran que cesaran los contactos o no presentaran una queja en el momento en que ocurrieron los hechos.
Las víctimas describieron miedo a represalias y a consecuencias en sus evaluaciones.
El documento concluye que las profesionales que se resistían o ponían límites podían recibir un trato discriminatorio con consecuencias negativas para su proyección profesional y formativa.
“Tienes que dejar que te haga algo para que te firme”
La segunda adenda incorporó el testimonio de una médica que relató un episodio sucedido cuando era residente de primer año.
La mujer explicó que se encontraba de madrugada en la denominada “pecera” de Urgencias y necesitaba que Piñera revisara y firmara un informe de alta.
Según su declaración, el facultativo le pidió que se sentara junto a él en un sofá. Mientras sostenía el informe con una mano, comenzó a tocarle las mejillas, el cuello, el pelo y la zona situada detrás de las orejas.
La denunciante aseguró que después desplazó la mano por su espalda, desde el cuello hasta los riñones y la cintura, durante aproximadamente dos minutos. Según su relato, llegó casi hasta las nalgas.
La residente permaneció rígida, tensa y tragando saliva mientras esperaba que firmara el documento.
Un compañero habría presenciado la escena y le habría dicho después: “Menudo repaso te ha dado”.
La mujer declaró que no se atrevió a pedirle que se detuviera porque era su superior y dependía profesionalmente de él. “Yo no podía poner límites a adjuntos porque dependo de ellos”, explicó.
La frase con la que resumió su experiencia muestra hasta qué punto percibía aquella relación como un abuso de poder: “Tienes que esperar a que el adjunto te firme. Tienes que dejar que te haga algo para que te firme”.
La profesional afirmó que procuraba evitarlo, que las residentes trataban de no coincidir con él y que buscaban a otros médicos para que firmaran las altas. También aseguró que su comportamiento era conocido por todo el personal.
“Vengo aquí porque quiero que no vuelva a pasar. Que las víctimas hablen y dejen de normalizarse estas situaciones”, declaró ante el Equipo de Apoyo.
El informe descarta una estrategia colectiva contra Piñera
El Equipo de Apoyo examinó también la posibilidad de que las declaraciones respondieran a una actuación coordinada para perjudicar al jefe de Urgencias. La descartó.
El informe señala que las mujeres no mantenían entre sí vínculos personales o profesionales relevantes, más allá de haber trabajado en algún momento en Urgencias.
Algunas ya no pertenecían al servicio. Las residentes procedían de promociones y especialidades diferentes. Los episodios se situaban en distintos momentos y contextos.
Para el equipo investigador, esa diversidad reforzaba la credibilidad del patrón descrito y descartaba que existiera una estrategia conjunta contra el facultativo.
El documento sostiene, además, que las mujeres no percibían beneficio alguno al denunciar. Al contrario, temían sufrir consecuencias laborales, profesionales y personales.
Del archivo de la Fiscalía a las nueve denuncias
El SMS remitió el informe definitivo a la Fiscalía. El Ministerio Fiscal archivó inicialmente sus diligencias porque ninguna de las sanitarias había presentado todavía una denuncia judicial individual. Posteriormente, nueve mujeres decidieron acudir a los tribunales.
El pasado mes de abril ratificaron ante la jueza los hechos y describieron presuntos tocamientos producidos entre 2018 y 2024. El procedimiento judicial continúa abierto y deberá determinar si existen responsabilidades penales.
La situación procesal obliga a mantener la presunción de inocencia de Pascual Piñera, pero no invalida las conclusiones del procedimiento administrativo ni las medidas de protección reclamadas por las víctimas.
Piñera denuncia una “lapidación pública”
Pascual Piñera ha negado reiteradamente las acusaciones.
Durante las entrevistas con el Equipo de Apoyo aseguró que no era un acosador y atribuyó lo sucedido a posibles malentendidos. «Quiero que se sepa que no soy un acosador; niego que cualquiera de los hechos descritos, cualquiera de esas acciones, hayan sido inapropiados» y añadió «creo que esto es un malentendido por parte de alguien que puede sentir agobio ante el contacto físico, que no le guste que la toquen. Tengo 60 años y no voy a tontear con alguien que podría ser mi hija».
Reconoció que podía haber tocado la espalda de compañeros y compañeras para preguntarles cómo iba la guardia, pero negó cualquier intención sexual.
Piñera reconoce haber llamado «rubia» a algunas compañeras, pero rechazó que lo hiciera de forma despectiva o con contenido sexual.
También admitió haber utilizado la expresión «¿qué me das a cambio?», aunque sostuvo que se trataba de un comentario coloquial y habitual, empleado tanto con hombres como con mujeres.
La misma explicación ofreció sobre expresiones como «siéntate y cuéntamelo». Según su defensa, se trataba de una invitación para comentar con calma un caso clínico, revisar una radiografía o analizar un electrocardiograma, no de una maniobra de aproximación personal.
Piñera aportó 24 declaraciones firmadas de compañeros y compañeras, entre médicos, enfermeras y otros profesionales, que afirmaron no haber presenciado situaciones de acoso, no haber recibido quejas previas o no haber escuchado comentarios sexuales por su parte. Las denunciantes aseguran que muchos de los que firmaron «lo hicieron obligados».
El facultativo rechazo también haber castigado laboralmente a las mujeres que le pusieron límites o haberles asignado más trabajo como represalia.
Aseguró que no controlaba la distribución del trabajo ni la asignación de guardias: «la distribución del trabajo dentro del servicio no depende de mí, y la asignación de guardias era realizada directamente por los residentes, sin intervención de los tutores».
Después de hacerse público el caso, el médico afirmó que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y su presunción de inocencia.
“Me siento en una absoluta indefensión ante esta lapidación pública”, declaró. También acusó a quienes difundieron el caso de intentar convertirlo en un asunto mediático para destruir su imagen mientras él se defendía por las vías jurídicas.
Una sanción cumplida, pero un conflicto aún abierto
Administrativamente, Piñera ya ha cumplido la sanción de seis meses de empleo y sueldo. Judicialmente, el caso continúa. De hecho, Piñera declaró ante el juez este 18 de mayo coincidiendo con su incorporación al trabajo en el hospital Reina Sofía después de disfrutar de su mes de vacaciones correspondientes al año 2025, aunque formalmente se encuentra apartado de Urgencias.
Para las denunciantes, esa solución no garantiza una separación efectiva. Continúan compartiendo hospital con la persona a la que atribuyen los hechos y pueden encontrársela en cualquier zona común.
La situación resulta especialmente difícil para quienes están de baja, reciben tratamiento psicológico, toman ansiolíticos o han solicitado un traslado.
Las víctimas responden que el problema no es solo si Piñera entra o no en Urgencias, sino el impacto de su presencia cotidiana en el mismo centro y la sensación de que son ellas quienes deben marcharse, esconderse o modificar su vida laboral.
El informe del propio Servicio Murciano de Salud concluyó que durante años existió un entorno intimidatorio y ofensivo, que las víctimas se sintieron desamparadas y que la respuesta inicial de la Gerencia fue insuficiente.
Ahora, con el jefe de Urgencias de nuevo en el hospital, la pregunta vuelve a dirigirse a la Administración sanitaria: si la obligación era proteger a las denunciantes, ¿por qué son ellas las que están de baja, reciben tratamiento o piden el traslado?