La investigación judicial sobre la denominada trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud ya no gira únicamente alrededor del dinero presuntamente defraudado. Los documentos incorporados a la causa revelan que las irregularidades detectadas en la compra y facturación de material sanitario pudieron afectar también a un elemento esencial para la protección de los pacientes: la trazabilidad de los dispositivos implantados.
El magistrado que instruye el procedimiento ha encargado a la Administración General del Estado una prueba pericial para determinar el verdadero alcance económico de las operaciones investigadas. La decisión responde a una petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que reconoce que no puede establecer por sí sola una cifra definitiva debido a la complejidad del entramado administrativo y al enorme volumen de documentación pendiente de revisar.
La estimación policial manejada hasta ahora ronda los 6,9 millones de euros. Sin embargo, la propia UDEF advierte de que se trata de una cantidad provisional. La auditoría deberá examinar durante años facturas, pedidos, albaranes, contratos, depósitos hospitalarios, hojas de implantes, historias clínicas y registros del programa económico SAP.
El objetivo será reconstruir qué materiales fueron solicitados, cuáles entraron en los almacenes del Servicio Murciano de Salud, qué cantidades se facturaron, cuánto se pagó y qué producto recibió finalmente cada paciente.
La investigación mantiene a trece personas investigadas. A la causa judicial se han incorporado además, como acusaciones populares, la Unión de Consumidores de Murcia y el PSOE.
Pero mientras el juzgado intenta precisar el posible perjuicio económico, un informe elaborado por la propia Consejería de Salud plantea una cuestión todavía más delicada: la manipulación de los registros de material sanitario pudo impedir que el SMS supiera con certeza qué dispositivo llevaba implantado cada enfermo.
Un informe reservado de 37 páginas
La UDEF ha trasladado al magistrado un documento de la Inspección de Salud fechado el 18 de noviembre de 2024. El informe, de 37 páginas y clasificado como «Información Reservada», analiza las irregularidades detectadas en el Servicio de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
La investigación interna se centró en la adquisición y facturación de un tapón o bobina de embolización, un pequeño dispositivo metálico utilizado para bloquear o reducir el flujo sanguíneo en determinados vasos.
Los inspectores detectaron un cambio significativo en el consumo de estos productos a partir de diciembre de 2022. Hasta entonces, La Arrixaca utilizaba un dispositivo autorizado por el comité de homologación de material del SMS, cuyo coste se situaba en torno a los 400 o 440 euros por unidad.
A partir de ese momento comenzó a aparecer en las facturas otro producto, denominado Coil Prestige Plus, por un importe de 1.400 euros la unidad.
El nuevo dispositivo no tenía código propio dentro del catálogo del Servicio Murciano de Salud. En términos administrativos, se trataba de un producto no homologado y, por tanto, no podía utilizarse ni facturarse siguiendo el procedimiento ordinario.
La Inspección calculó que esta operativa provocó durante 2022 y 2023 un gasto de 910.140 euros en La Arrixaca. Si se hubiera continuado utilizando y pagando el producto homologado más barato, el SMS habría ahorrado aproximadamente 650.140 euros.
La diferencia de precio era sustancial: alrededor de mil euros más por cada unidad facturada.
Se facturaba el dispositivo más caro, pero se implantaba otro
La irregularidad no consistía únicamente en pagar un precio mayor por un producto sin homologar.
Según el informe remitido al juzgado, en el programa de gestión económica SAP se hacía constar que al paciente se le había implantado el dispositivo más caro, el Coil Prestige Plus. Sin embargo, en el quirófano se habría utilizado el implante autorizado por el SMS, que era también el que aparecía identificado en la historia clínica.
De esta forma, los documentos económicos y los registros asistenciales ofrecían versiones diferentes de una misma intervención.
En SAP figuraba un material. En la historia clínica, otro.
Esta discrepancia habría permitido justificar la facturación del producto de 1.400 euros, aunque el paciente recibiera el dispositivo homologado cuyo precio era muy inferior.
La operativa, de confirmarse judicialmente, tendría una doble consecuencia. Por una parte, el perjuicio económico derivado de pagar un material más caro. Por otra, una alteración de los registros oficiales que podía dificultar la identificación de los dispositivos realmente implantados.
La Inspección advirtió de que esa manipulación podía haber generado un «riesgo grave para la salud» de los pacientes.
No porque se haya acreditado que el producto colocado fuera necesariamente inadecuado, sino porque la información disponible en los sistemas oficiales podía ser falsa o contradictoria.
Qué ocurriría ante una alerta sanitaria
La trazabilidad permite seguir el recorrido de un producto sanitario desde su fabricante y su proveedor hasta el hospital y el paciente que finalmente lo recibe.
Ese seguimiento resulta decisivo cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emite una alerta por un defecto de fabricación, un problema de seguridad o la necesidad de retirar un determinado lote.
En esas circunstancias, el sistema sanitario debe poder localizar rápidamente a todas las personas portadoras del dispositivo afectado.
El problema detectado en La Arrixaca es que el producto consignado en el programa económico no coincidía con el reflejado en la historia clínica.
La Inspección explica que, si se hubiera decretado una alerta sanitaria sobre el producto no autorizado, el Servicio Murciano de Salud podía no haber localizado correctamente a los pacientes, porque en el sistema económico figuraba como implantado un dispositivo diferente del utilizado.
El informe lo expresa de forma contundente: «Es un hecho grave que, al recoger en el programa SAP como implantado un producto falso, podría haberse causado un riesgo grave para la salud de los pacientes portadores de un producto que oficialmente no consta como implantado según la instrucción del gerente del SMS».
Y añade que, ante una alerta sobre el producto no autorizado, este no habría podido identificarse adecuadamente en el programa económico-contable, porque el registro reflejaba otro implante.
Por tanto, aunque los pacientes hubieran recibido un material homologado, la alteración documental podía dejar al SMS sin una relación fiable de los productos utilizados.
El fraude económico y el riesgo sanitario no serían dos cuestiones completamente separadas. La propia mecánica utilizada para elevar la facturación habría debilitado el sistema destinado a controlar la seguridad de los implantes.
Indicios de tres posibles delitos
La Inspección concluyó que existían «indicios fundados» de posibles delitos de falsedad en documento público-contable, prevaricación y malversación de fondos públicos.
También apreció posibles incumplimientos administrativos muy graves conforme al Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
El informe señala además que se habría vulnerado la resolución del director gerente del Servicio Murciano de Salud que regula la incorporación de nuevos dispositivos y productos sanitarios al catálogo, así como las obligaciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público.
Estas conclusiones forman parte de una investigación administrativa y deberán ser valoradas por el órgano judicial. La existencia de indicios no supone que los delitos estén probados ni elimina la presunción de inocencia de las personas investigadas.
Tres responsables apartados de sus funciones
La Inspección identificó como conocedores de la utilización del producto no autorizado a tres responsables del Servicio Murciano de Salud y del Hospital Virgen de la Arrixaca.
Se trata del entonces jefe de la Unidad de Aprovisionamiento Integral, la central de compras del SMS; del jefe de sección de esa misma unidad; y del médico que dirigía la Sección de Radiología Vascular Intervencionista.
Los tres fueron posteriormente apartados de sus funciones y figuran entre las personas investigadas en la causa judicial.
El informe sostiene que los dos responsables de compras habrían facilitado a un comercial de Logimed los códigos de homologación de otros productos necesarios para que pudiera facturarse el Coil Prestige Plus.
El comercial de esta empresa fue detenido por la Policía en mayo y aparece en la investigación como uno de los presuntos responsables principales de la trama.
Según la documentación remitida al juzgado, todos los productos depositados en los centros del SMS deben estar previamente dados de alta en su catálogo. Un material sin código no puede, en principio, ser utilizado ni facturado.
La presunta utilización de códigos correspondientes a otros dispositivos habría permitido sortear ese control.
La Consejería abrió una información reservada
La investigación interna no quedó limitada a la elaboración del informe.
Tras revisar las facturas y los registros correspondientes a 2022 y 2023, la Inspección tomó declaración a los tres responsables identificados y a otros funcionarios del Servicio Murciano de Salud.
Posteriormente planteó cuatro recomendaciones.
La primera consistía en remitir el informe a la Subdirección General de Asuntos Económicos del SMS para que analizara los pagos realizados e iniciara, en su caso, un procedimiento destinado a recuperar las cantidades presuntamente abonadas de manera indebida a Logimed.
La segunda proponía abrir expedientes disciplinarios a los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y al jefe de Radiología Vascular Intervencionista por posibles infracciones muy graves.
La tercera recomendaba trasladar los hechos a la Fiscalía ante los indicios de posibles delitos.
La cuarta reclamaba una auditoría retroactiva de los cuatro años anteriores en la central de compras del Servicio Murciano de Salud.
La Consejería de Salud siguió esas recomendaciones durante 2024, cuando Juan José Pedreño estaba al frente del departamento, y remitió la información a la Fiscalía.
Sin indicios contra los superiores jerárquicos
El informe delimita también el alcance de las responsabilidades que pudo identificar la Inspección.
Según sus conclusiones, no existían datos que permitieran afirmar que las instancias superiores del hospital o del Servicio Murciano de Salud conocieran estas irregularidades.
La Inspección no encontró indicios de que estuvieran al corriente la Dirección Médica de La Arrixaca, la Dirección de Gestión y Asuntos Generales, la Gerencia del hospital ni la Subdirección General de Asuntos Económicos del SMS.
El presunto fraude con los implantes vasculares se desarrolló durante el mandato de dos gerentes del Servicio Murciano de Salud: Francisco José Ponce y, posteriormente, Isabel Ayala, actual consejera de Salud. La actual gerente del SMS es Irene Marín.
La referencia temporal a esas responsabilidades institucionales no implica, según el propio informe, que los máximos responsables de la organización conocieran la operativa investigada.
Será el juzgado el que determine si las responsabilidades se limitan a las personas ya identificadas o si el análisis de la documentación permite ampliar el círculo de investigados.
El juez reclama una auditoría externa
La complejidad de la causa ha llevado al instructor a solicitar la colaboración de la Administración General del Estado para elaborar una pericial económica.
La UDEF venía reclamando esa auditoría desde hacía meses. En su atestado de 112 páginas, la Policía explicaba que no podía fijar con exactitud el perjuicio ocasionado sin el trabajo de especialistas externos.
Entre las dificultades encontradas se encuentra la ausencia de contratos en numerosas operaciones, lo que obliga a reconstruir las compras a partir de facturas, pedidos y comunicaciones internas.
También será necesario realizar estudios de mercado para conocer el precio real de determinados productos y comprobar si existieron sobrecostes injustificados.
Los peritos deberán averiguar, además, cuántos dispositivos se suministraron, cuántos fueron facturados y cuántos se utilizaron verdaderamente.
La auditoría tendrá que revisar expediente por expediente y cruzar los datos económicos con la información clínica.
Entre los documentos susceptibles de análisis figuran las facturas, los albaranes, los pedidos, las hojas de implantes, las historias médicas, los movimientos registrados en SAP y los inventarios de los depósitos de material sanitario.
La cifra de 6,9 millones de euros es, por tanto, una aproximación policial, no una cantidad definitiva fijada judicialmente.
El resultado de la pericial determinará si el perjuicio fue inferior, coincide con esa estimación o incluso la supera.
Dos frentes distintos dentro de la misma trama
La documentación conocida permite diferenciar, al menos, dos líneas relacionadas con la seguridad de los pacientes.
La primera afecta al Servicio de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca. En este caso, el riesgo detectado procede de la alteración de los registros y de la pérdida de trazabilidad, ya que se facturaba un producto distinto al que aparecía en la historia clínica.
La segunda línea se refiere a la Sección de Cirugía Cardiovascular y al presunto uso de material caducado.
La UDEF sostiene que se utilizó al menos un ‘stent’ vascular caducado en un paciente intervenido en marzo de 2022 en un centro concertado. La operación habría sido realizada por un cirujano cardiovascular de La Arrixaca que figura entre los investigados y se encuentra en situación de excedencia del SMS desde el año pasado.
A raíz de estos hechos, el Tribunal de Instancia de Murcia, plaza número 7, investiga también un posible delito contra la salud pública.
La Policía no limita sus pesquisas a la compra o almacenamiento de productos caducados. Investiga si al menos uno de esos dispositivos llegó a implantarse efectivamente en un paciente.
La Arrixaca revisa 378 historias clínicas
La Consejería de Salud sostiene que el Servicio de Cirugía Cardiovascular no ha localizado hasta ahora ningún caso confirmado de implantación de ‘stents’ caducados.
El Hospital Virgen de la Arrixaca continúa revisando individualmente los historiales médicos de 378 pacientes considerados potencialmente afectados.
Se trata de personas intervenidas por el cirujano investigado dentro del periodo analizado.
La revisión busca comprobar qué dispositivo recibió cada paciente, en qué fecha se realizó la intervención y si el material se encontraba dentro de su periodo de validez.
La posición oficial del Gobierno regional es que la trama responde fundamentalmente a un fraude económico y que, hasta el momento, no se han detectado daños clínicos relacionados con la utilización de material inadecuado.
Sin embargo, la documentación incorporada al procedimiento introduce dudas que van más allá de la facturación.
Por una parte, la UDEF sostiene que al menos un ‘stent’ caducado fue utilizado en una intervención. Por otra, la Inspección de Salud advirtió de que la alteración de los registros de Radiología Vascular podía generar un «riesgo grave» para los pacientes al impedir la correcta trazabilidad de los implantes.
La ausencia de daños no elimina el problema
No consta hasta ahora que las irregularidades de Radiología Vascular hayan provocado un daño clínico concreto.
Tampoco existe, por el momento, una resolución judicial firme que determine que las personas investigadas cometieron los delitos analizados.
Pero la ausencia de lesiones acreditadas no convierte en irrelevante la alteración de los registros.
En un sistema sanitario, conocer qué producto lleva cada paciente no es una formalidad burocrática. Es una herramienta de seguridad.
Si una factura identifica un implante, el programa económico registra otro y la historia clínica recoge un tercero, la Administración pierde capacidad para responder ante una retirada de producto, un defecto de fabricación o una alerta sanitaria.
Ese es el núcleo de la advertencia de la Inspección: el supuesto mecanismo utilizado para aumentar la facturación podía haber dejado sin identificar correctamente a los portadores de determinados dispositivos.
El perjuicio económico podrá calcularse mediante una auditoría. El deterioro de la confianza en los controles del sistema público de salud será más difícil de medir.
Las preguntas que todavía siguen abiertas
La investigación deberá aclarar quién autorizó las compras, cómo se introdujeron en el sistema productos sin homologar y por qué se utilizaron códigos correspondientes a otros dispositivos.
También deberá establecer qué responsables validaron las facturas, si se comprobaron las diferencias entre SAP y las historias clínicas y cuánto tiempo se mantuvo esta operativa sin ser detectada.
La auditoría tendrá que determinar cuánto dinero se pagó de más y qué cantidades pueden ser reclamadas a las empresas proveedoras.
En el ámbito sanitario, será necesario confirmar si todos los dispositivos implantados pueden ser rastreados y si la revisión de los 378 historiales descarta definitivamente el uso de material caducado.
Queda igualmente por conocer si las irregularidades se limitaron a determinados profesionales y proveedores o si existieron fallos estructurales en los controles de la central de compras.
La causa judicial se encuentra abierta. Las trece personas investigadas conservan su presunción de inocencia y será el órgano judicial el que determine si existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales.
Pero los documentos conocidos ya han desmontado una idea: que el caso pueda explicarse únicamente como un desvío de dinero sin consecuencias para el funcionamiento sanitario.
La propia Consejería de Salud advirtió en 2024 de un «riesgo grave» causado por la falta de correspondencia entre el material facturado y el realmente utilizado.
La pregunta ya no es solo cuánto dinero perdió el Servicio Murciano de Salud. También es cómo pudo alterarse durante meses la identidad de los productos implantados sin que los mecanismos ordinarios de control lo impidieran.