Podemos Región de Murcia ha denunciado lo que considera un “veto indigno” del Partido Popular a la concesión de la Medalla de Oro de la Región a la familia de Sara Gómez, la mujer de Alcantarilla que murió el 1 de enero de 2022 tras someterse a una lipoescultura en una clínica privada de Cartagena.
La diputada regional María Marín ha acusado al PP de utilizar “artimañas en la Asamblea” para impedir el debate de la moción presentada por Podemos e Izquierda Unida con la que se pretendía reconocer públicamente la lucha de la familia. Según la formación morada, el Grupo Parlamentario Popular recurrió el rechazo de una enmienda por parte de la Mesa de la Asamblea, donde el PP también tiene mayoría, en una maniobra que, a juicio de Marín, buscaba bloquear el debate.
Podemos sostiene que la negativa del PP tiene una explicación política: el caso Sara Gómez ha puesto bajo el foco la actuación de la inspección sanitaria en la Región de Murcia, la autorización de determinados servicios sanitarios y la responsabilidad de la Administración autonómica en el control de centros privados.
“La lucha de esta familia tras la muerte de su hija por gravísimas irregularidades tras una operación estética ha conseguido algo histórico como que el Gobierno legisle por primera vez contra el intrusismo”, ha afirmado Marín. La diputada ha defendido que la familia de Sara “representa lo mejor de nuestra tierra, la de los murcianos de dinamita que se levantan contra las injusticias”.
Un caso que sacudió a Murcia
Sara Gómez Sánchez tenía 39 años, era vecina de Alcantarilla y madre de dos hijos. El 2 de diciembre de 2021 se sometió a una lipoescultura en un centro privado de Cartagena. La intervención derivó en complicaciones gravísimas. Fue trasladada al Hospital Santa Lucía de Cartagena y permaneció ingresada en la UCI durante casi un mes.
Según las informaciones conocidas durante la investigación, Sara sufrió perforaciones y daños en varios órganos, entre ellos el riñón, el hígado, el duodeno, el colon y el intestino. Los médicos que la atendieron en la UCI declararon que llegó en situación de extrema gravedad, con un deterioro clínico que acabó desembocando en un fallo multiorgánico. Falleció el 1 de enero de 2022, después de 29 días de ingreso hospitalario.
El caso provocó una fuerte conmoción social y abrió un debate que hasta entonces apenas había ocupado espacio público: quién puede realizar una intervención de cirugía estética en España, qué controles existen sobre los centros privados y qué margen había para que médicos sin la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora realizaran procedimientos invasivos con finalidad estética.
La investigación judicial dio un paso relevante en mayo de 2025. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena acordó que el procedimiento continuara por un presunto delito de homicidio imprudente contra diez sanitarios relacionados con la intervención y la atención posterior. Entre ellos, el cirujano que practicó la lipoescultura, el anestesista y otros profesionales que participaron en la asistencia médica.
La familia de Sara Gómez ha mantenido desde el principio que la muerte de Sara no fue una fatalidad inevitable, sino el resultado de una cadena de fallos: una intervención de riesgo realizada, según su denuncia, sin las garantías necesarias; una insuficiente supervisión administrativa; y una respuesta sanitaria que consideran tardía o inadecuada.
De la tragedia familiar al cambio normativo
El caso de Sara Gómez se convirtió en el motor de una reivindicación que ha acabado llegando al Boletín Oficial del Estado. Durante años, familiares, sociedades médicas y colectivos profesionales reclamaron una regulación más clara para evitar que cualquier médico, aunque no tuviera formación específica en cirugía estética, pudiera realizar intervenciones quirúrgicas con fines estéticos.
El primer cambio llegó en septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Sanidad aprobó la Orden SND/1002/2024, que modificó la definición de la unidad asistencial U.47 de Cirugía Estética dentro del Real Decreto 1277/2003, la norma que regula las bases generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Esa orden estableció que la cirugía estética debía estar bajo la responsabilidad de un médico con la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, o de otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica que incluyera competencias en cirugía estética dentro de su programa oficial. Es decir, la norma vinculaba la práctica de estas intervenciones a una formación oficial y reconocida, no a una mera experiencia declarada o a cursos privados.
Sin embargo, esa primera regulación fue cuestionada judicialmente. El Ministerio de Sanidad optó después por reforzar el marco normativo mediante una modificación del propio Real Decreto 1277/2003, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2026.
La reforma estatal, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, obliga a los centros y servicios sanitarios a garantizar que la atención sea prestada exclusivamente por profesionales con titulación oficial, competencias y habilidades adecuadas a la asistencia que realizan. Además, los centros deberán disponer de información actualizada de todo su personal sanitario, incluyendo formación y especialidad oficial.
El Ministerio de Sanidad ha explicado que la modificación busca reforzar la seguridad del paciente y evitar el intrusismo profesional, especialmente en ámbitos como la cirugía estética, donde se habían detectado riesgos vinculados a prácticas realizadas por personal sin la cualificación adecuada.
Los centros sanitarios tendrán seis meses para actualizar los expedientes de su personal y acreditar que cuentan con profesionales formados conforme a su especialidad. Las comunidades autónomas, por su parte, dispondrán de un año para adaptar su oferta asistencial a las nuevas definiciones del Real Decreto.
Qué cambia ahora en la cirugía estética
La regulación actual no prohíbe la cirugía estética. Lo que hace es delimitar quién puede realizarla y bajo qué condiciones. La cirugía estética queda encuadrada como una actividad sanitaria que debe desarrollarse en centros autorizados y por profesionales cuya formación oficial incluya las competencias necesarias para ese tipo de intervención.
La clave está en la especialidad. La nueva regulación no abre la puerta a que cualquier especialidad quirúrgica pueda realizar intervenciones de cirugía estética de forma general. La norma permite que otros especialistas quirúrgicos o médico-quirúrgicos puedan llevar a cabo determinados procedimientos, pero solo cuando esas actuaciones estén incluidas dentro del ámbito propio de su especialidad y formen parte de las competencias recogidas en su programa formativo oficial. Es decir, no basta con ser médico ni con acreditar experiencia: la intervención debe estar amparada por una titulación oficial y por una formación reglada.
Esto significa que no basta con ser médico ni con acreditar experiencia privada en el sector. La intervención debe corresponderse con la titulación oficial y las competencias reconocidas del profesional. El objetivo es cerrar el espacio de ambigüedad que durante años permitió que procedimientos invasivos se ofrecieran en el mercado estético sin una delimitación clara de responsabilidades.
La reforma también refuerza las obligaciones de los centros. Ya no se trata solo de tener una autorización sanitaria genérica, sino de garantizar durante todo el funcionamiento del centro que cada acto asistencial lo realiza personal cualificado para esa asistencia concreta. Esa obligación afecta tanto a centros públicos como privados.
El reconocimiento que no llega
Para Podemos, la familia de Sara Gómez ha hecho lo que no hicieron las instituciones: sostener durante años una batalla pública, judicial y política para que ninguna otra persona vuelva a pasar por lo mismo. Por eso considera que la Medalla de Oro de la Región no habría sido un mero un gesto simbólico más, sino el reconocimiento institucional a una lucha que ha trascendido el dolor privado.
La formación acusa directamente al PP de Fernando López Miras de actuar por “venganza calculada” porque el caso, sostiene, ha dejado al descubierto la “inacción” de la inspección sanitaria regional y la relación del Gobierno autonómico con el hospital Virgen de la Caridad y el grupo Ribera.
La medalla, si llega algún día, no devolverá la vida a Sara. Pero su ausencia también dice mucho. Dice cómo una institución decide a quién honra. Y cómo una sociedad decide si mira de frente a quienes, desde el dolor, han obligado al Estado a cambiar las reglas.