La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas y mantiene investigadas a otras dos por su presunta implicación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud. La investigación, dirigida por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales -UDEF- de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, atribuye a los implicados presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. El perjuicio económico detectado asciende, según la nota oficial de la Policía Nacional, a 6.886.738 euros.
El caso comenzó a investigarse en enero de 2025, después de que se detectara una supuesta actividad administrativa fraudulenta en los sistemas contables del SMS. Según la información policial, fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía tras localizar indicios de irregularidades en una auditoría realizada por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
La clave del presunto fraude estaría en la manipulación del sistema contable del Servicio Murciano de Salud. De acuerdo con la investigación, el entramado habría introducido datos falsos para permitir la compra y utilización de productos sanitarios no autorizados, que no habían sido incorporados al catálogo único de productos. Esos materiales se habrían adquirido a precios muy superiores a los de otros productos homologados y autorizados que, según la Policía, dejaron de utilizarse pese a tener un coste mucho menor.
La UDEF ha detectado al menos treinta productos no homologados y facturados presuntamente de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible. La investigación apunta a que los implicados conocían con precisión los puntos vulnerables del sistema informático contable y habrían contado con la colaboración de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del SMS y en áreas vinculadas a la facturación.
Uno de los elementos más graves de la investigación es la ausencia de licitaciones públicas. Según la Policía, esa falta de procedimientos abiertos habría permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, en contra de la Ley de Contratos del Sector Público. Al parecer, la operación afecta a funcionarios, comerciales y personal vinculado al ámbito sanitario, aunque oficialmente no se han difundido los nombres de los detenidos.
La mayor parte del fraude, según los investigadores, se habría producido en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados. En esos procedimientos se habrían pagado sobrecostes de entre el 100% y el 1.287%, se habría facturado por servicios que debían ser gratuitos y también por material sanitario que no llegó a utilizarse.
La investigación incorpora además un elemento especialmente delicado: la Policía sostiene que en algunas intervenciones se llegaron a utilizar productos sanitarios caducados, lo que habría generado un riesgo para la salud pública.
La Policía Nacional ha solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto a los principales investigados. Entre ellas, el bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.
El caso abre un frente de enorme gravedad para el Servicio Murciano de Salud, no solo por la cuantía económica del presunto fraude, sino por el mecanismo descrito por la investigación: productos fuera del catálogo, ausencia de licitación pública, sobrecostes desorbitados, facturación de material no utilizado y posible riesgo para pacientes. Todo ello dentro de un sistema sanitario público ya sometido a una fuerte presión asistencial y presupuestaria.
El PSOE exige la comparecencia inmediata de López Miras
El PSOE ha exigido la comparecencia inmediata del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional para dar explicaciones por el presunto fraude millonario al Servicio Murciano de Salud.
La diputada Carmina Fernández ha reclamado también al Gobierno regional que asuma responsabilidades políticas. “No solo se ha hecho caja con la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, sino que han puesto en riesgo la vida de los pacientes. Estamos hablando de unos hechos gravísimos. López Miras tiene que dar explicaciones de inmediato. Deben asumirse responsabilidades políticas”, ha señalado la portavoz socialista.
El PSOE sostiene que la presunta trama destapada por la Policía Nacional afecta a funcionarios de la central de compras y del sistema de facturación del Servicio Murciano de Salud, y apunta al uso de productos sanitarios no homologados y caducados en operaciones médicas, con el consiguiente riesgo para la salud pública. Los socialistas subrayan además que, según la investigación policial, las compras se habrían realizado sin licitaciones públicas y con posible incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.
La portavoz socialista ha insistido en que la gravedad de los hechos exige una respuesta política inmediata. “Es necesario y urgente que se depuren responsabilidades políticas. Hay un responsable de esta situación y López Miras debe dar explicaciones de inmediato en la Asamblea Regional”, ha concluido.
Salud niega que conste la implantación de prótesis caducadas
El Gobierno regional, a través de la Consejería de Salud, ha negado que conste la implantación de prótesis caducadas procedentes de la conocida como “trama de las prótesis”.
El departamento que dirige el Gobierno regional sostiene que las investigaciones abiertas por el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud se centran en “un supuesto fraude económico en la adquisición de material sanitario que no afecta a pacientes”.
El Gobierno regional insiste en que la Consejería de Salud ha actuado desde el primer momento como “un actor decisivo en la investigación frente a las posibles irregularidades cometidas en el marco de la compra de material”. En esa línea, asegura que seguirá colaborando con la investigación judicial en curso y que utilizará “todas las vías judiciales” para que se restituya la cuantía económica total presuntamente defraudada.
La versión de la Consejería contrasta con el comunicado difundido por la Policía Nacional, que atribuye a los detenidos presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, y que sitúa el perjuicio económico en casi siete millones de euros.
Según la investigación policial, el presunto entramado habría introducido datos falsos en el sistema contable para justificar la utilización de productos sanitarios no autorizados, no incluidos en el catálogo único oficial, y adquiridos a precios muy superiores a los de otros materiales homologados y de menor coste.