En Molina de Segura ya no se discute únicamente sobre una planta de biogás. Lo que ocurre en el polígono industrial de La Polvorista se ha transformado en algo mucho más profundo: un choque frontal entre ciudadanía organizada, intereses empresariales multimillonarios y unas administraciones públicas a las que vecinos y empresarios acusan de haber actuado con opacidad, prisas e incoherencias para sacar adelante un proyecto cada vez más cuestionado.
La planta promovida por HEYGAZ Spain S.L., presentada institucionalmente como ejemplo de transición energética y economía circular, se ha convertido en uno de los conflictos ambientales y urbanísticos más tensos de los últimos años en la Región de Murcia.
Empresarios, vecinos y colectivos sociales mantienen abierta una ofensiva judicial sin precedentes contra una infraestructura que consideran “mal ubicada, mal tramitada y peligrosa”.
Y mientras los recursos se acumulan en los tribunales y el procedimiento judicial avanza lentamente, las obras continúan. El hormigón se seca cada día un poco más.
El conflicto que ha puesto a Molina en pie
El proyecto fue autorizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura el 1 de julio de 2024 y posteriormente respaldado por la Comunidad Autónoma mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Sobre el papel, la iniciativa encaja perfectamente en el discurso político de las energías renovables: convertir residuos orgánicos en biometano para producir energía limpia.
Pero detrás de esa imagen de sostenibilidad, los opositores denuncian un cúmulo de irregularidades ambientales, urbanísticas y de seguridad que ahora intentan desmontar en los tribunales.
La planta prevé tratar diariamente más de 100 toneladas de residuos orgánicos e industriales, entre ellos purines, lodos de depuradora, residuos agroalimentarios y subproductos animales SANDACH de categorías 2 y 3.
Todo ello en pleno entorno industrial y muy cerca de empresas, trabajadores, viviendas y centros educativos.
Según la documentación incorporada al procedimiento judicial, la instalación se sitúa a apenas 690 metros del Colegio CEU San Pablo, a unos 500 metros de una gasolinera BP y a menos de un kilómetro de dos industrias sujetas a normativa SEVESO por riesgo de accidente grave: Probelte Factories y Francisco Aragón.
La pregunta que lleva meses recorriendo Molina de Segura sigue siendo la misma: cómo una instalación de estas características terminó autorizándose en ese emplazamiento.
Una licencia concedida casi en silencio
Buena parte de la indignación social nace precisamente de la forma en la que se tramitó el proyecto.
La licencia urbanística fue aprobada por la Junta de Gobierno Local sin apenas publicidad ni notificación a los afectados, según denuncian los recurrentes.
La Asociación de Empresarios de La Polvorista sostiene que no pudo acceder al expediente hasta abril de 2025, casi un año después de la concesión de la licencia.
Los colectivos consideran que esa falta de transparencia vulneró el derecho de acceso a la información ambiental reconocido por el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, además del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Mientras tanto, las obras comenzaron en otoño de 2024. Según denuncian empresarios y vecinos, los carteles informativos aparecieron tarde y sin ofrecer información suficiente sobre el verdadero alcance del proyecto.
Para muchos afectados, el conflicto de La Polvorista se ha convertido precisamente en un símbolo de resistencia vecinal, transparencia y defensa ambiental frente a decisiones administrativas que consideran “opacas y precipitadas”.
Metano, sulfuro de hidrógeno y miedo industrial
Los informes técnicos aportados al procedimiento describen un escenario que preocupa seriamente a empresarios y trabajadores del polígono.
El biogás generado contendrá metano y sulfuro de hidrógeno, gases inflamables y tóxicos.
Especial inquietud genera el H₂S, un compuesto potencialmente mortal a altas concentraciones y asociado en la literatura científica internacional a accidentes graves en instalaciones similares.
Los recurrentes sostienen que las administraciones han minimizado los riesgos reales del proyecto y denuncian que ni la DIA ni la AAI habrían evaluado adecuadamente el impacto acumulado de una instalación de estas características en un entorno industrial ya saturado.
La preocupación no es únicamente ambiental. En La Polvorista trabajan miles de personas cada día. Hay empresas, transportistas, familias y trabajadores que observan cómo avanza una infraestructura que consideran una amenaza directa para su seguridad y para el futuro del polígono industrial.
La rambla que amenaza con derrumbar el proyecto
Pero si hay un elemento capaz de comprometer jurídicamente toda la operación es la existencia de un cauce natural en la parcela.
Según la documentación aportada ante los tribunales, existiría una rambla natural reconocida incluso en cartografía de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que no habría sido correctamente incorporada ni evaluada durante la tramitación ambiental.
Los empresarios sostienen que esa omisión podría implicar la ocupación de dominio público hidráulico y provocar la nulidad radical de las autorizaciones concedidas.
La cuestión ya ha llegado a los tribunales. El TSJ de Murcia ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado contra la resolución de la CHS que negaba la existencia del cauce.
Los recurrentes consideran especialmente grave que se hayan ignorado informes periciales, estudios geotécnicos, cartografía histórica y documentación técnica que, según sostienen, acreditan claramente la existencia de la rambla.
La contradicción que persigue al Ayuntamiento
Uno de los argumentos más incómodos para el Ayuntamiento de Molina de Segura aparece en las propias alegaciones presentadas por los recurrentes.
En 2018, el consistorio rechazó una planta mucho menor en El Fenazar al considerarla correctamente una “industria especial”, obligando a ubicarla en suelo no urbanizable y a más de 2.000 metros de viviendas.
Sin embargo, para la planta de biogás de La Polvorista, mucho más compleja y de mayor capacidad, el Ayuntamiento no aplicó el mismo criterio.
La comparación se ha convertido en uno de los pilares de la impugnación judicial. Porque resulta difícil explicar por qué una planta menor fue considerada incompatible hace unos años y, en cambio, ahora sí se autoriza una instalación de dimensiones y riesgos muy superiores en pleno polígono industrial.
Los 20 millones que sobrevuelan el procedimiento
En sus escritos judiciales, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma y HEYGAZ han defendido la legalidad absoluta del proyecto y han pedido incluso la inadmisión del recurso por supuesta extemporaneidad.
Pero hay un elemento que ha incendiado aún más el conflicto: el dinero.
Según consta en el procedimiento, la promotora asegura que paralizar cautelarmente las obras podría ocasionar perjuicios cercanos a los 20 millones de euros debido, entre otros motivos, a contratos ya comprometidos para la venta futura de biometano.
Los recurrentes (vecinos y empresarios) denuncian que se está trasladando al terreno judicial la presión derivada de esos posibles beneficios millonarios.
Además, recuerdan que detrás de la operación existirían fondos de inversión extranjeros -franceses, saudíes y de otros países- interesados en el negocio del biometano.
Frente a ello, empresarios y vecinos responden con una idea que repiten desde hace meses: los enormes beneficios económicos nunca pueden colocarse por encima de la seguridad, la salud pública y el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental.
Un proceso judicial bajo sospecha de dilación
El procedimiento judicial afronta ahora una fase decisiva. Los empresarios del polígono La Polvorista denuncian que las administraciones y la promotora han desplegado maniobras dilatorias que estarían retrasando deliberadamente la resolución de las medidas cautelares solicitadas.
De hecho, el caso permanecía pendiente de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Murcia resolviera dichas medidas cautelares mientras las obras seguían avanzando.
El 29 de septiembre de 2025, el juzgado abrió un nuevo trámite de alegaciones sobre competencia y admisibilidad del recurso.
La Asociación de Empresarios respondió inmediatamente mediante un recurso de reposición en el que denunciaba que esa decisión repetía trámites ya realizados y contribuía a “vaciar de contenido” las medidas cautelares reclamadas meses atrás.
Porque cada día de retraso judicial acerca un poco más la consolidación definitiva de una planta que los opositores consideran que nunca debió construirse donde está.
Un movimiento ciudadano que no se detiene
Pese al desgaste del proceso, la movilización social sigue creciendo. La plataforma Stop Biogás Molina asegura haber superado las 10.000 firmas de apoyo y mantiene activa una intensa campaña de movilización ciudadana e información pública.
Además de los recursos judiciales, los colectivos han presentado denuncias ante la CHS, solicitudes de revisión de oficio ante el Ayuntamiento, reclamaciones de nulidad de la AAI y denuncias por posibles fraudes ambientales y urbanísticos.
Los opositores insisten en una idea que consideran esencial: no están contra las energías renovables. Lo que rechazan, aseguran, es una planta “mal ubicada, mal tramitada y peligrosa”.
Porque en La Polvorista ya no solo se discute sobre biometano. Lo que realmente está en juego es si las garantías ambientales, urbanísticas y de transparencia siguen funcionando cuando entran en escena inversiones millonarias y grandes intereses económicos.
Y esa es la pregunta que ahora tendrán que responder los tribunales.