La Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena ha dado un paso más en el conflicto por los suelos contaminados de Los Mateos.
Lo ha hecho con un escrito dirigido al coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia, en el que no solo vuelve a denunciar un posible vertido de residuos peligrosos, sino que cuestiona directamente cómo actuó el SEPRONA ante esos hechos.
No es una denuncia al uso. Es, sobre todo, una petición formal para que se investigue si la respuesta policial fue tardía, insuficiente o inadecuada en un momento clave.
Qué se denuncia: un posible vertido y una actuación bajo sospecha
El origen del conflicto se sitúa en la Unidad de Actuación 1 (UA1) de Los Mateos. Según los vecinos, en enero de 2026 se produjo el traslado y vertido de residuos que podrían ser peligrosos. Desde el primer momento alertaron de la gravedad de los hechos y pidieron medidas urgentes: inspecciones inmediatas, identificación de los responsables y, sobre todo, toma de muestras para asegurar pruebas.
Pero la denuncia actual va más allá del vertido. Lo que ahora se pone en cuestión es la actuación del SEPRONA: si se actuó con la rapidez necesaria y si se protegieron correctamente las pruebas en un caso donde el tiempo era determinante.
Por qué se denuncia: el tiempo perdido y las pruebas que desaparecen
El relato que hace la asociación es cronológico y preciso. El 20 de enero presentan la primera denuncia. Ese mismo día, una patrulla del SEPRONA acude a la zona. Sin embargo, según el documento, no consta que se tomaran muestras en ese momento ni en los días inmediatamente posteriores.
Las horas eran decisivas. Los propios denunciantes habían advertido de que el material podía ser enterrado, mezclado o retirado, lo que dificultaría su identificación.
Eso es, precisamente, lo que dicen que ocurrió. Cuando finalmente se inspecciona la zona de destino, los residuos ya están mezclados con otros materiales. Y la primera toma de muestras documentada no llega hasta el 9 de febrero, casi tres semanas después.
Para los vecinos, ese retraso puede haber supuesto la pérdida de una prueba clave.
Una cadena de avisos que, según los vecinos, no tuvo respuesta suficiente
Entre enero y febrero, la asociación asegura haber enviado múltiples ampliaciones de denuncia.
Aportaron vídeos, fotografías, documentos de transporte y avisaron de nuevos riesgos: lluvias que podían arrastrar contaminantes, dispersión de residuos fuera de la parcela y posible afección a zonas habitadas.
Pidieron actuaciones concretas: presencia policial durante episodios de lluvia, toma de muestras de lixiviados y control del material disperso. Sin embargo, según denuncian, no consta que esas actuaciones se llevaran a cabo.
Serias dudas sobre cómo se investigó
Los denunciantes también pone el foco en otro aspecto clave: la gestión de las pruebas.
Los vecinos aseguran haber entregado abundante documentación -vídeos, informes, correos- que debían incorporarse al atestado policial. Ahora piden que se aclare si todo ese material fue realmente registrado, descrito y conservado.
También cuestionan si se recogieron documentos esenciales para seguir el rastro de los residuos, como albaranes o tickets de pesaje vinculados al traslado.
El Ayuntamiento entra en escena
A esta situación se suma un elemento que refuerza las dudas: la posición del propio Ayuntamiento de Cartagena.
El 10 de marzo, el Ayuntamiento responde al SEPRONA con un informe técnico sobre la actuación policial. En ese documento, los servicios municipales cuestionan cómo se realizó la toma de muestras del 9 de febrero, la única que consta oficialmente.
Según ese informe, el Ayuntamiento no fue avisado previamente de esa actuación, no participó en ella y tampoco dispone de documentación básica para verificarla.
En concreto, los técnicos señalan que no recibieron comunicación previa de la toma de muestras, no tienen copia del acta oficial, desconocen qué método se utilizó para recoger la muestra y no se les entregó una muestra paralela para poder contrastar los resultados
Esto es relevante porque el Ayuntamiento es la administración competente en parte del control ambiental y urbanístico. Su falta de participación o información impide, según se desprende del documento, validar técnicamente esa prueba.
Más que un expediente administrativo
El propio escrito advierte de que no se trata solo de un problema burocrático. Está en juego la posible comisión de un delito ambiental y la capacidad de las instituciones para reaccionar a tiempo.
Porque, como subrayan los denunciantes, en este tipo de casos la diferencia entre actuar en horas o en semanas puede marcar la diferencia entre probar los hechos o no poder hacerlo nunca.
Los vecinos sospechan que los agentes del SEPRONA en Cartagena podrían no haber actuado con plena autonomía. Apuntan a la posibilidad de que hayan recibido instrucciones desde instancias superiores en Murcia que habrían condicionado su intervención. La comandancia de la Guardia Civil deberá decidir si abre o no una investigación interna para esclarecer que está sucediendo con los agentes del Seprona en Cartagena.