La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, ha exigido al Gobierno autonómico que haga público “de inmediato” el estudio sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena, elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). La dirigente socialista ha reclamado además la dimisión de la consejera de Agricultura, a la que acusa de haber mentido y de ocultar un informe financiado con fondos públicos.
La polémica se ha producido durante la sesión de control al Consejo de Gobierno celebrada este jueves en la Asamblea Regional. En ese contexto, Fernández interpeló a la consejera de Agricultura acerca del procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la UPCT para elaborar el estudio titulado “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, encargado por el Ejecutivo autonómico en 2023 mediante una subvención directa.
La portavoz socialista calificó el asunto como “de enorme gravedad política, institucional y social”, al considerar que afecta a la gestión de fondos públicos, a la credibilidad de las instituciones y a cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la salud pública.
“Estamos hablando de dos cuestiones muy graves: una mentira pública y la ocultación de un informe de enorme trascendencia para la salud de todos y todas”, afirmó Fernández durante su intervención parlamentaria.
Los niveles de plomo encontrados superan en varios órdenes de magnitud los permitidos para consumo humano en Europa.
Acusaciones de contradicciones del Gobierno regional
Según la dirigente socialista, la consejera ofreció inicialmente una versión que negaba la existencia del informe de la UPCT. “Primero dijo que ese informe no existía, que no se había realizado y que se había iniciado el procedimiento de reintegro de la subvención”, aseguró.
Sin embargo, según Fernández, dos días después la propia UPCT aclaró públicamente que el estudio sí se había realizado y que se habían entregado todos los informes correspondientes, así como la documentación relativa a las reuniones de seguimiento del proyecto.
Posteriormente, la consejera habría modificado su explicación. “Unos días después cambió la versión: dijo que el estudio sí existía, pero no servía e intentó desacreditarlo, y con ello, a la UPCT”, denunció la portavoz socialista.
Fernández sostuvo que el Gobierno regional habría encargado el estudio, financiado su elaboración y participado en las comisiones de seguimiento, recibiendo el documento final en mayo de 2025.
“Encargó un estudio, lo pagó, asistió a las comisiones de seguimiento de los trabajos, lo recibió en mayo de 2025 y, como no le gustan las conclusiones, lo esconde. Y un año después, cuando le piden que lo publique, lo desacredita y dice que le va a pedir a la UPCT que le devuelva el dinero”, afirmó.
Metales pesados en el Campo de Cartagena
Durante su intervención, Fernández planteó una cuestión directa sobre el contenido del informe: “¿Qué es tan grave en ese informe que la consejera es capaz de esconderlo y mentir de esa forma tan descarada?”.
Según explicó, un estudio posterior que incorpora los datos de ese trabajo incluiría mapas sobre la presencia de metales pesados en los suelos del Campo de Cartagena, entre ellos zinc, plomo, cadmio y cobre.
La portavoz socialista recordó que la Organización Mundial de la Salud advierte de que no existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse completamente seguro para la salud humana.
Transparencia y defensa del sector agrícola
Fernández criticó además lo que considera una contradicción entre el discurso político del Ejecutivo regional y su actuación en este caso. A su juicio, la falta de transparencia no solo genera inquietud social, sino que también perjudica al propio sector agrícola.
“El PP presume de ser el gran defensor del campo, pero cuando llega la hora de la verdad deja solos a los agricultores, porque la falta de transparencia no protege al sector primario, sino que lo perjudica y daña la imagen de la Región”, afirmó.
La portavoz socialista añadió que “la defensa seria de la agricultura no se hace con propaganda y eslóganes, sino con controles, ayudas, rigor, información veraz y apoyo público al sector”.
Petición de dimisión
Fernández sostuvo que un estudio científico financiado con dinero público no puede ser ocultado por motivos políticos ni desacreditado si sus conclusiones resultan incómodas.
“Un estudio científico no se puede despreciar porque incomode, y menos a costa del prestigio de una universidad seria y responsable como la UPCT; un trabajo pagado con fondos públicos no se puede esconder en un cajón; y una Administración no puede negar el acceso a una información de esta relevancia mientras existan dudas de riesgos para la salud y para la cadena agroalimentaria”, afirmó.
A su juicio, la actuación del Ejecutivo autonómico exige responsabilidades políticas.
“Cuando aparece una alerta así, un gobierno serio da la cara, publica el informe, verifica los datos y protege a la población. Quien miente y oculta información sensible no puede seguir en su puesto”, concluyó.
El PSOE ha exigido la publicación íntegra del informe, el acceso completo al estudio elaborado por la UPCT y la difusión de todos los mapas asociados al diagnóstico de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena.
Rubira no dimite y habla de «ruido»
Por su parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha restado importancia a las conclusiones de los trabajos realizados por la UPCT y ha criticado el debate público generado en torno a la contaminación por metales pesados en suelos agrícolas. Rubira se parapeta detrás de los técnicos e insiste en que el trabajo realizado por la universidad no se corresponde con los objetivos del estudio encomendado.
“No es conveniente alarmar ni confundir. No saben el daño que están causando al sector con esas afirmaciones”, afirmó la consejera.
Rubira defiende que los agricultores de la Región cumplen con todas las normativas vigentes y lamenta que la polémica esté poniendo en duda la calidad de los productos agrícolas murcianos.
“Lo peor de todo es poner en tela de juicio el trabajo que realizan nuestros productores de frutas y hortalizas” ha llegado a reprochar.
La titular de Agricultura ha advertido de que de que la controversia ya estaría teniendo consecuencias en el mercado, y señaló que ya hay clientes que ya están solicitando certificados adicionales a los agricultores para continuar trabajando con explotaciones agrícolas de la zona.
Pero la cuestión ya no se limita a un debate sobre la imagen del sector agrícola, sino que plantea interrogantes de mayor alcance sobre la presencia de metales pesados en el suelo, su origen y las posibles implicaciones ambientales y sanitarias.