El proyecto para retirar las instalaciones de Puerto Mayor y recuperar ambientalmente el entorno en San Javier (Murcia) seguirá adelante sin cambios. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Constructores de Murcia (ACOMURCIA) contra los pliegos de la licitación, respaldando el criterio técnico del Ministerio para la Transición Ecológica.
La resolución, firmada el 19 de marzo de 2026, pone fin a la vía administrativa y levanta la suspensión cautelar que pesaba sobre el procedimiento. En juego, un contrato de más de 21 millones de euros para intervenir en uno de los espacios más controvertidos del litoral murciano.
Un recurso centrado en los costes
ACOMURCIA cuestionaba el núcleo económico del proyecto. En su recurso, la patronal sostenía que el presupuesto base de licitación no reflejaba correctamente los costes reales, especialmente en lo relativo a la gestión y transporte de residuos derivados de la actuación.
El principal reproche se centraba en la forma de medir esos residuos: mientras el pliego los cuantifica en metros cúbicos, los vertederos autorizados aplican sus tarifas por toneladas. A juicio de la asociación, esa diferencia implicaba una infravaloración del coste real.
Además, advertía de que la distancia hasta los gestores autorizados era mayor de la contemplada en el proyecto, lo que -según su planteamiento- incrementaría tanto el coste del transporte como las emisiones asociadas, poniendo en cuestión incluso el estudio de impacto ambiental.
El límite de la revisión: discrecionalidad técnica
El Tribunal, sin embargo, no entra a sustituir el criterio técnico de la Administración. Y lo deja claro desde el inicio: su función no es decidir qué cálculo es mejor, sino determinar si existe error o arbitrariedad.
“La discrecionalidad técnica” del órgano de contratación -recoge la resolución- impide al Tribunal corregir metodologías si no se acredita que el presupuesto es insuficiente o contrario a mercado. En este caso, considera que ACOMURCIA no logra demostrar ese extremo.
Sin error acreditado en los cálculos
Sobre la gestión de residuos, el TACRC concluye que el recurso se limita a proponer un sistema alternativo de medición, pero no acredita que el importe fijado sea incapaz de cubrir los costes reales. Es decir, no prueba que el presupuesto esté mal, sino que podría hacerse de otra manera.
En cuanto al transporte, el Tribunal detecta un error de base en la interpretación del recurrente. El dato cuestionado -0,26 horas- no corresponde al tiempo de un trayecto, sino a un coeficiente técnico por unidad de volumen. Aplicado correctamente, el cálculo arroja tiempos de uso del camión coherentes con las distancias reales.
Ese mismo error arrastra la tercera alegación. Si el cálculo del transporte es correcto, también lo es el de las emisiones, concluye el órgano administrativo.
Luz verde al procedimiento
Con estos argumentos, el Tribunal acuerda desestimar íntegramente el recurso, levantar la suspensión cautelar y permitir que la licitación continúe su curso. No aprecia, además, mala fe ni temeridad en la actuación de ACOMURCIA, por lo que descarta la imposición de sanción.
La resolución es definitiva en vía administrativa, aunque cabe recurso ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
Un proyecto con fuerte carga simbólica
Más allá del debate técnico, la decisión desbloquea una actuación largamente esperada. El proyecto de Puerto Mayor busca revertir décadas de deterioro en una zona especialmente sensible del litoral murciano, donde permanecen estructuras abandonadas desde hace años.
La intervención pretende eliminar esas instalaciones y restaurar el espacio desde el punto de vista ambiental, en línea con las políticas de recuperación del dominio público marítimo-terrestre.
El aval del Tribunal no solo despeja el camino administrativo, sino que refuerza el respaldo institucional a una actuación que combina ingeniería, gestión de residuos y restauración ecológica en un enclave de alto valor ambiental.
En definitiva, el TACRC cierra el debate sobre los pliegos y sitúa el foco en lo que viene: la ejecución de un proyecto millonario que, tras años de controversia, entra ahora en su fase decisiva.
El Tribunal avala el proyecto de Puerto Mayor y rechaza las objeciones de los constructores murcianos
El proyecto para desmontar las instalaciones de Puerto Mayor y recuperar el entorno natural en San Javier podrá seguir adelante. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado el recurso presentado por la Asociación de Constructores de Murcia (ACOMURCIA) y ha dado por válidos los pliegos de la licitación.
La decisión, adoptada el 19 de marzo de 2026, levanta la suspensión que mantenía paralizado el procedimiento y despeja el camino para un contrato de más de 21 millones de euros.