No era una rueda de prensa del partido. No era un mitin en campaña. Era la presentación de un informe económico en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Un espacio pensado para el diálogo sereno entre agentes sociales, académicos y representantes institucionales. Y, sin embargo, lo que se escuchó allí ha tenido más de arenga política que de análisis técnico.
El Ejecutivo que preside Fernando López Miras llegó al CES en un contexto evidente: el crecimiento electoral de Vox aprieta por la derecha robando electores al PP. Y cuando el espacio electoral se estrecha, el discurso se endurece y radicaliza. PP y VOX ya son indistinguibles.
El secretario general de Política Social, Nicolás Gonzálvez, ha tomado la palabra para cargar contra el proceso de regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España con un relato construido sobre cifras infladas, advertencias apocalípticas y una narrativa que vinculaba inmigración con inseguridad y colapso de servicios públicos.
En la sala había personas migrantes. Había profesionales que trabajan cada día en su integración. Y había economistas. Nicolás Gonzálvez aprovechó su invitación el acto del CES para colocar su discurso xenófobo.
Y entonces ocurrió algo poco habitual en un foro institucional de este tipo: numerosos asistentes comenzaron a levantarse y abandonar la sala en señal de protesta. No fue un gesto aislado. Fue visible, sostenido y elocuente. El silencio que quedó tras el portazo simbólico dijo tanto como las intervenciones.
El malestar no se debía solo al posicionamiento político -legítimo en democracia-, sino al uso de un espacio de diálogo social para lanzar un discurso percibido por parte del público como estigmatizador.
El problema no es discrepar. Es cómo y con qué datos
En democracia es legítimo oponerse a una regularización. Lo que no es legítimo es sostener la oposición sobre afirmaciones que no se explican ni se contextualizan.
Hablar de “1,2 millones de personas entrando en el sistema” sin detallar metodología, sin aclarar que los procedimientos son individualizados y con requisitos, no es rigor: es simplificación interesada.
Vincular regularización con inseguridad sin aportar evidencia empírica no es análisis: es alimentar percepciones.
Presentar a España como “aislada de Europa” cuando el marco comunitario permite instrumentos nacionales de gestión interna no es precisión jurídica: es eslogan.
«La inmigración, bien gestionada, es una bendición del cielo»
El contraste fue evidente con la intervención de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, quien recordó algo básico: la irregularidad es el verdadero foco de precariedad. Personas sin papeles no cotizan, no pueden trabajar legalmente y son más vulnerables a la explotación. Eso sí tensiona el sistema. Eso sí genera economía sumergida.
A la vez, Costas manifestó que «es un despilfarro de energías y de capacidades para el país en la medida en que la población que está en situación de irregularidad es aquella que no puede trabajar legalmente, que se ve más explotada y que tiene más probabilidades de estar en situación de precariedad».
Costas ha recordado que España lleva ya seis regularizaciones extraordinarias, «independientemente de los gobiernos que han estado al mando del país». El gobierno de Aznar (PP) aprobó tres regularizaciones de inmigrantes.
Para Costas, «la inmigración, bien gestionada, es una bendición del cielo para la demografía y la economía de España» y advierte de que la mayor parte de los inmigrantes llegan a España como turistas a través de los aeropuertos. También subraya que a la administración estatal le toca regularizar y a las administraciones autonómicas les toca garantizar la inclusión de los inmigrantes.
Un giro hacia la radicalización discursiva
Lo ocurrido en el CES no ha sido un desliz retórico. Es parte de un giro más amplio. El PP regional ha ido desplazando su tono hacia posiciones más duras en materia migratoria, en una estrategia evidente de contención frente al avance de VOX.
Pero cuando esa estrategia se traslada a un órgano institucional concebido para el consenso y el análisis, el daño no es solo político. Es institucional.
Porque el mensaje que se envía no es solo electoral. Es social. Y en una región como Murcia, donde miles de trabajadores extranjeros sostienen sectores clave como la agricultura, la hostelería o los cuidados, señalar sin matices tiene consecuencias reales.
La responsabilidad de las palabras
La inmigración no es una consigna. Es una realidad estructural. Se puede discutir el modelo, la financiación, los plazos o la coordinación con Europa. Lo que no debería hacerse es convertir un foro técnico en tribuna de confrontación ideológica ni alimentar el miedo como herramienta de posicionamiento electoral.
La política tiene derecho a ser firme. Lo que no puede permitirse es ser irresponsable.
Lo sucedido en el CES deja una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno regional en su competencia por el espacio electoral de la derecha? Y, sobre todo, ¿a qué precio para la convivencia?
El CES desmonta el relato del miedo de la derechas PP y VOX
El Consejo Económico y Social de España ha puesto negro sobre blanco lo que los datos llevan años mostrando: la inmigración no es una anomalía ni una amenaza coyuntural, sino un componente estructural de la sociedad española. Así lo recoge el informe “La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas” aprobado por el Pleno del CES el 29 de octubre de 2025.
El documento, de casi 300 páginas, no es un panfleto ideológico. Es un análisis técnico solicitado por el propio Gobierno de España para estudiar necesidades, previsiones y propuestas en materia migratoria. Y sus conclusiones desmienten varios de los mantras que hoy dominan el debate público.
La inmigración sostiene el crecimiento
El informe es claro desde su primer mensaje clave: la inmigración es “componente estructural y decisivo” de la sociedad española. España ya no es país de emigración. Es uno de los principales destinos de la Unión Europea. Y ese flujo no solo explica el dinamismo demográfico reciente -en un país envejecido- sino que ha sido determinante en la recuperación postpandemia y en la continuidad del crecimiento económico.
Las personas de origen migrante representan en torno al 20% de la población activa y del empleo. Su tasa de participación laboral es elevada y su contribución al mercado de trabajo resulta decisiva en sectores como agricultura, hostelería, construcción y, especialmente, cuidados. El CES lo resume así: la inmigración no lastra la economía; la sostiene. Alrededor de una de cada cinco personas en edad de trabajar en España es de origen migrante.
La irregularidad es el verdadero problema
Uno de los mensajes más contundentes del informe apunta a la irregularidad administrativa. El empleo sin papeles implica precariedad extrema, vulnerabilidad laboral y economía sumergida.
El documento insiste en que la regularidad, estabilidad y acceso a derechos no son concesiones ideológicas, sino condiciones básicas para la cohesión social y el funcionamiento ordenado del mercado de trabajo. Es decir: el problema no es que haya inmigración, sino que haya personas trabajando sin protección jurídica.
Persisten brechas, pero no colapso
El CES no dibuja un escenario idílico. Reconoce desigualdades persistentes: mayor desempleo relativo, concentración en ocupaciones de menor cualificación, dificultades en homologación de títulos y segregación sectorial.
También advierte de la doble vulnerabilidad de las mujeres migrantes, concentradas en cuidados y empleo doméstico y expuestas a mayores riesgos de explotación. Más del 50 % de la población inmigrante residente en España son mujeres, y su presencia crece en sectores como cuidados, servicios domésticos y atención directa.
Pero el informe no avala discursos de colapso ni de desbordamiento. Habla de necesidad de reforzar políticas, mejorar coordinación administrativa y dotar de más medios a los servicios públicos, no de una crisis estructural del sistema.
Administración lenta, brecha digital y barreras
Donde sí hay un diagnóstico crítico es en la gestión administrativa. Persisten retrasos y obstáculos en extranjería, dificultades de empadronamiento, brecha digital en la tramitación online y riesgos derivados del uso de inteligencia artificial sin supervisión adecuada.
El CES reclama más coordinación institucional y más recursos humanos y técnicos. No pide cerrar puertas, sino gestionar mejor las que ya están abiertas. España se encuentra entre los cuatro grandes países de destino de inmigrantes en la Unión Europea, junto a Alemania, Francia e Italia.
Racismo y polarización: el riesgo político
Uno de los capítulos más relevantes del informe aborda el auge de discursos de odio y narrativas nativistas. El documento alerta de una desconexión entre datos y percepciones y del apego emocional a marcos que presentan la inmigración como amenaza.
El CES llama explícitamente a construir una “narrativa veraz” basada en evidencia y a evitar que un fenómeno estructural se convierta en arma de polarización política.
Segundas generaciones y futuro
El éxito del modelo de integración se medirá en las segundas generaciones. El informe insiste en apostar por la infancia y juventud, mejorar la información estadística y evitar la transmisión intergeneracional de desigualdades. No se trata solo de integrar a quienes llegan, sino de garantizar igualdad real a quienes ya han nacido aquí.
Un Pacto de Estado por la convivencia
El informe culmina con una apelación política clara: España necesita un Pacto de Estado por la convivencia.
El CES sostiene que los poderes públicos deben liderar un relato ajustado a la realidad, preservar la confianza social y evitar que la inmigración sea instrumentalizada como conflicto identitario.
El informe del CES no es complaciente. Reconoce retos administrativos, brechas laborales y desafíos de integración. Pero su mensaje central es difícil de tergiversar: «la inmigración no es un fenómeno marginal ni una anomalía que pueda revertirse. Es una realidad estructural que exige políticas eficaces, derechos garantizados y gestión rigurosa».
La alternativa no es “menos inmigración” frente a “más inmigración”. La alternativa es gestión responsable frente a gestión basada en el miedo. Y en ese terreno, los datos pesan más que los eslóganes.