“¡¡DE GRAVÍSIMA INCOMPETENCIA!!”. Con esta expresión, la Asociación Trencats contra las Violencias en las Escuelas ha cuestionado la actuación del centro educativo y de la Consejería de Educación tras la agresión sufrida por una alumna de 15 años el pasado 19 de febrero en Beniaján, pedanía de Murcia. La entidad sostiene que, de no haberse activado medidas inmediatas de protección,se estaría vulnerando la normativa estatal y los protocolos autonómicos en materia de prevención de la violencia contra menores.
La reacción se produce después de que la familia de la estudiante denunciara ante la Guardia Civil una agresión ocurrida a la salida del instituto, que terminó con una grave herida en la oreja de la menor tras, presuntamente, ser mordida por otra alumna del mismo curso.
Lo que ocurrió aquella tarde
Según consta en la denuncia presentada en el cuartel de Torreagüera, los hechos se produjeron sobre las 15.40 horas, en las inmediaciones del centro. La primera agresión tuvo lugar a unos 30 metros de la puerta principal, frente al pabellón. Allí, una compañera le habría propinado dos bofetadas. La víctima no respondió y continuó caminando hacia su domicilio.
Minutos después, ya a unos 80 metros del instituto, fue alcanzada por otra estudiante. Se produjo un forcejeo en el que ambas se agarraron del cabello. En medio del enfrentamiento, la menor notó “algo caliente” en la oreja derecha y escuchó un chasquido. Según el relato familiar, fue entonces cuando comprendió que la estaban mordiendo.
El parte médico del hospital Reina Sofía de Murcia describe una “herida inciso-contusa en el hélix del pabellón auricular derecho, con exposición de cartílago de aproximadamente 20 milímetros”. Los facultativos practicaron doce puntos de sutura en la parte superior de la oreja y otros tres en la zona posterior.
Tras el ataque, compañeras de la víctima lograron separarlas y la acompañaron a un jardín cercano, donde la madre de una de ellas avisó a la Policía Local. La menor fue trasladada posteriormente al hospital.
La denuncia inicial incluía únicamente a la presunta autora de la mordedura. Días después, la madre regresó al cuartel para ampliarla e incorporar a la alumna que, según sostiene, inició la agresión con las bofetadas.
Las diligencias abiertas por la Guardia Civil, junto con el parte de lesiones, serán remitidas a la Fiscalía de Menores, que deberá decidir si procede trasladar el caso al Juzgado de Menores.
La familia denuncia acoso previo
La madre afirma que su hija llevaba al menos una semana sufriendo hostigamiento por parte de las dos compañeras ahora denunciadas y que el curso anterior ya fue víctima de otro episodio violento vinculado al entorno de una de ellas. Según su versión, el profesorado tenía conocimiento del conflicto y no se activó ningún protocolo preventivo.
Desde la agresión, la menor no ha vuelto a clase. Debe acudir a curas y revisiones diarias y su entorno describe un estado anímico de ansiedad y temor ante una eventual reincorporación. La madre reclama garantías de seguridad y medidas concretas que protejan su integridad física.
También ha acudido a Inspección Educativa, donde -según explica- le indicaron que formalizara por escrito su reclamación ante la Consejería y ante la dirección del centro.
El debate jurídico: ¿era obligatorio activar el protocolo?
La Asociación Trencats sitúa el foco en la obligación legal de actuar ante cualquier indicio de violencia contra una persona menor de edad. En su comunicado recuerda que la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) establece en su artículo 16 el deber de comunicación inmediata a los servicios sociales -y, en caso de riesgo grave, a Policía o Fiscalía- sin necesidad de denuncia formal previa.
Asimismo, el artículo 34 obliga a las administraciones educativas a regular y aplicar protocolos de actuación ante indicios de maltrato, agresión o acoso. Para Trencats, estos mecanismos deben activarse en cuanto existan señales de violencia, incluso si los hechos se producen fuera del recinto escolar, siempre que afecten al desarrollo y bienestar del menor.
La asociación añade que los protocolos autonómicos vigentes en la Región de Murcia —integrados en el Manual de protocolos de convivencia y en el Protocolo de atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo— refuerzan esa obligación de intervención urgente, adopción de medidas cautelares y coordinación con las autoridades.
La versión de Educación
Desde la Consejería de Educación subrayan que los hechos ocurrieron fuera del recinto escolar y que no consta “ninguna denuncia de acoso, ni previa ni posterior, por parte de la alumna agredida” en el ámbito del centro.
Fuentes del departamento autonómico, recogen la prensa regional, indican que la dirección está recabando información “por si procediera la adopción de medidas sancionadoras”, aunque recuerdan que el incidente no tuvo lugar dentro del instituto. Añaden que la alumna señalada como autora de la agresión más grave no ha regresado a clase desde el 19 de febrero.
El caso abre ahora una doble vía: la judicial, en manos de la Fiscalía de Menores, y la administrativa, donde se dirime si la existencia de indicios de violencia obligaba a activar de inmediato los protocolos de protección. Mientras tanto, la menor continúa de baja médica y su familia insiste en una pregunta que resume el fondo del conflicto: quién garantiza su seguridad cuando vuelva a cruzar la puerta del instituto.