Por la vía de urgencia, sin consenso y desoyendo de forma explícita a los propios servicios jurídicos de la Cámara, PP y Vox han aprobado una proposición de ley para recortar los límites del Parque Regional de Sierra Espuña, uno de los espacios naturales más emblemáticos y protegidos de la Región de Murcia. El objetivo no se oculta: facilitar la celebración del Rally de Totana y otros eventos, aun a costa de vulnerar la legislación básica estatal, el principio de no regresión ambiental y las garantías jurídicas más elementales. El recorte afecta a 58 hectáreas del parque.
La decisión se ha adoptado a pesar de un informe demoledor, claro y contundente de los letrados de la Asamblea Regional, que advierte sin ambages de que la iniciativa no cumple los requisitos legales exigidos para modificar los límites de un espacio natural protegido y que incurre en una arbitrariedad incompatible con el ordenamiento jurídico.
Una modificación “ad hoc” del parque regional
La proposición de ley, registrada conjuntamente por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, y el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, plantea excluir del Parque Regional de Sierra Espuña la zona recreativa y monumental de La Santa y la carretera RM-502, junto con su zona de afección.
Según la exposición de motivos, la modificación se justifica en la necesidad de “proteger y preservar las tradiciones y actividades históricas de Totana”, en particular la Romería de La Santa. Sin embargo, el informe jurídico desmonta uno a uno esos argumentos y concluye que no existe ninguna justificación ambiental ni científica que avale la reducción del espacio protegido.
La ley es clara: solo cabe reducir un espacio protegido por causas naturales
Los servicios jurídicos recuerdan que Sierra Espuña no es solo un parque regional. En su ámbito confluyen figuras de protección europeas de la Red Natura 2000, como la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la Zona Especial de Conservación (ZEC), declarada por acuerdo del Consejo de Gobierno el pasado 12 de febrero de 2026.
La legislación básica estatal, en concreto la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es taxativa. Tanto su artículo 49 como el 52 establecen que solo puede reducirse o alterar la delimitación de un espacio protegido cuando existan cambios derivados de su evolución natural, científicamente demostrados, y siempre tras un procedimiento garantista que incluya información pública y, en el caso de Red Natura 2000, comunicación a la Comisión Europea.
El informe es rotundo: “La modificación de los límites del Parque Regional (…) no viene justificada por cambios producidos en los mismos por su evolución natural científicamente demostrados”.
Razones ajenas al medio ambiente y un precedente peligroso
Los letrados subrayan que las razones esgrimidas por PP y Vox son completamente ajenas a cualquier criterio ambiental. Se centran exclusivamente en eliminar “obstáculos” para la celebración de una actividad concreta, con un itinerario parcial dentro del parque.
Más aún: el propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Sierra Espuña ya contempla la zona de La Santa como Zona de Uso Público Intensivo, donde se permiten expresamente actividades populares y religiosas, siempre bajo autorización administrativa. Es decir, la Romería es compatible con el parque, sin necesidad de amputarlo legalmente.
El informe va más allá y alerta de que, si existen problemas concretos, deberían abordarse con medidas específicas, no con la exclusión directa de terrenos protegidos “sin ningún tipo de estudio científico o justificación ambiental”.
Esta forma de legislar, advierte la letrada, vulnera el principio de no regresión ambiental, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional: un principio clave que impide dar pasos atrás en los niveles de protección alcanzados.
Su ampliación no fue un capricho
El informe recuerda el origen legal de los límites actuales de Sierra Espuña. La ampliación del parque hasta las 17.804 hectáreas no fue un capricho, sino el resultado de estudios técnicos realizados durante la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que demostraron que el valor ambiental del macizo era mayor del inicialmente protegido.
Es decir, los límites actuales no son arbitrarios, sino el resultado de un proceso técnico, ambiental y legalmente justificado. Reducirlos ahora sin estudios científicos equivalentes supone exactamente lo contrario a lo que exige la ley.
Ausencia total de datos técnicos o científicos
Uno de los aspectos más duros del dictamen es que no existe ningún informe técnico que acompañe a la proposición de ley. Ninguno.
No hay: estudios de impacto ambiental, informes científicos, análisis de biodiversidad ni evaluación de alternativas menos lesivas.
La letrada lo dice con claridad: la exclusión de terrenos se plantea “sin ningún tipo de estudio científico o justificación ambiental que lo avale”, lo que priva a la iniciativa de “fundamentación objetiva” y la sitúa en el terreno de la arbitrariedad.
Un recorte inútil incluso para lo que se pretende
El documento jurídico añade un elemento especialmente revelador: aunque se recorten los límites del parque regional, esos terrenos seguirán formando parte de la ZEPA y la ZEC. Es decir, seguirán sometidos a las exigencias ambientales europeas, por lo que la celebración de eventos como el rally continuará condicionada a su compatibilidad con los valores naturales protegidos.
En la práctica, la ley aprobada por PP y Vox no solo es jurídicamente cuestionable, sino que ni siquiera garantiza el objetivo que dice perseguir.
Desprecio selectivo a los servicios jurídicos
No es un hecho aislado. Este episodio vuelve a poner de manifiesto una práctica cada vez más habitual en la Asamblea Regional: PP y Vox solo atienden a los informes de los servicios jurídicos cuando refuerzan sus intereses políticos, y los ignoran cuando resultan incómodos.
En este caso, el informe no deja margen a la interpretación: “La proposición de ley (…) no cumple con los requisitos exigidos por la legislación básica estatal para la modificación de los límites de un espacio natural protegido”.
Pese a ello, la mayoría parlamentaria ha seguido adelante, utilizando la vía de urgencia para minimizar el debate y sortear el escrutinio público.
Una barbaridad ambiental con consecuencias
Lo ocurrido con Sierra Espuña marca un precedente extremadamente grave. Si se acepta que un espacio natural protegido puede recortarse por razones festivas, deportivas o identitarias, la protección ambiental queda reducida a papel mojado, sometida al interés coyuntural del poder político de turno.
Sierra Espuña no es solo un símbolo ecológico. Es un espacio protegido por la ley, por Europa y por décadas de consenso social y científico. Convertir sus límites en una moneda de cambio para un rally es una barbaridad ambiental, pero también un retroceso democrático y jurídico.
El informe de los letrados de la Asamblea Regional lo deja claro. PP y Vox han decidido, conscientemente, mirar hacia otro lado.