La preocupación por la contaminación del Campo de Cartagena vuelve a situarse en primer plano. Un conjunto de organizaciones sociales y ambientales en defensa del Mar Menor ha alertado públicamente de la existencia de suelos agrícolas y ganaderos con concentraciones elevadas de metales pesados y metaloides, especialmente en el Arco Sur del Mar Menor, una de las zonas más sensibles de la cuenca vertiente de la laguna salada.
Los colectivos exigen transparencia, controles inmediatos sobre los productos agrarios y la depuración de responsabilidades por una posible ocultación de datos con implicaciones directas para la salud pública.
La advertencia se basa en los resultados del proyecto “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, elaborado por el grupo de investigación GARSA de la Universidad Politécnica de Cartagena. La cartografía de isoconcentraciones incluida en este trabajo refleja niveles significativos de plomo, cadmio, zinc y cobre en determinadas áreas agrícolas, con valores que, según las organizaciones firmantes, superan los límites máximos permisibles fijados en el Real Decreto 1051/2022.
Ante estos datos, los colectivos consideran “necesario y urgente” investigar el grado de toxicidad real de los productos agrícolas cultivados en las zonas afectadas. Reclaman además la paralización preventiva de su distribución y comercialización hasta que se pueda garantizar, mediante analíticas oficiales, que dichos alimentos son seguros para el consumo humano. A su juicio, no se trata solo de un problema ambiental, sino de un posible riesgo sanitario que afecta tanto a los consumidores como a los trabajadores agrícolas que desarrollan su labor en estos suelos contaminados.
Las organizaciones advierten de que la presencia de metales pesados y metaloides supone una amenaza directa para un recurso natural esencial como el suelo, con efectos potenciales sobre la productividad agraria, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de toda la cuenca vertiente del Mar Menor. Subrayan además que la acumulación de estos contaminantes puede agravar la ya delicada situación ambiental de la laguna, sometida desde hace años a una fuerte presión antrópica.
Uno de los aspectos más críticos es la denuncia de la falta de transparencia por parte de la administración regional. Las organizaciones exigen que la Dirección General de Agricultura haga públicos los resultados completos del proyecto desarrollado por la UPCT, que fue subvencionado con fondos públicos mediante concesión directa en noviembre de 2023, iniciado en marzo de 2024 y finalizado en febrero de 2025. A su juicio, no existe ninguna justificación para que estos datos no estén a disposición de la ciudadanía, máxime cuando afectan a la seguridad alimentaria y a la salud pública.
En la misma línea, reclaman el acceso al estudio realizado en 2020 por la empresa IDOM sobre la determinación de niveles de fondo y suelos contaminados en la Región de Murcia, un trabajo financiado con fondos públicos y cofinanciado en un 80 % por fondos FEDER de la Unión Europea. Consideran “inaceptable” que informes de este calado permanezcan sin difusión pública mientras se siguen explotando terrenos agrícolas potencialmente contaminados.
Por todo ello, las organizaciones solicitan formalmente tres medidas inmediatas: la entrega íntegra de los informes solicitados por parte de la Consejería de Agricultura; la realización urgente, en aplicación del principio de precaución, de controles y analíticas exhaustivas sobre los productos agrarios procedentes de las zonas con mayores niveles de contaminación; y la intervención de las comisiones y la Tutoría del Mar Menor para investigar estos hechos y evaluar sus consecuencias ambientales y sanitarias.
Los colectivos sociales y ambientales respaldan las denuncias presentadas contra la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por una presunta ocultación de datos que podría tener afección directa a la salud pública. También exigen que se depuren responsabilidades y que este asunto tenga consecuencias administrativas y políticas “acordes a la gravedad de los hechos”.
Firman el texto Ecologistas en Acción Región de Murcia, AMARME Alianza Mar Menor, Banderas Negras, Mar Menor de los Niños, SEO BirdLife España, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Fundación Sierra Minera y el Pacto por el Mar Menor.
Riesgos para la salud
Consumir alimentos cultivados en suelos contaminados con metales pesados, como el plomo, supone un riesgo para la salud que la comunidad científica lleva décadas advirtiendo. No hablamos, en la mayoría de los casos, de intoxicaciones inmediatas, sino de un daño lento, acumulativo y muchas veces invisible, que se manifiesta con el paso del tiempo y cuya gravedad aumenta cuanto más prolongada es la exposición.
El plomo es especialmente preocupante porque el organismo humano no tiene capacidad para eliminarlo con facilidad. Una vez ingerido, se va acumulando en órganos y tejidos como los huesos, los riñones, el hígado o el cerebro. Esa bioacumulación explica por qué incluso exposiciones aparentemente bajas, pero continuadas, pueden acabar teniendo consecuencias relevantes para la salud.
Los efectos del plomo sobre el sistema nervioso están bien documentados. En adultos puede provocar problemas de memoria, dificultades de concentración y alteraciones neurológicas. En el caso de los niños, el impacto es aún más grave: afecta al desarrollo cerebral, reduce la capacidad de aprendizaje y puede generar trastornos de conducta. Los organismos internacionales de salud coinciden en que no existe un nivel seguro de exposición al plomo en la infancia.
La exposición crónica también se asocia a enfermedades cardiovasculares, aumento de la tensión arterial y daño renal progresivo. Además, el plomo interfiere en la producción de hemoglobina, lo que puede provocar anemia, y está relacionado con problemas de fertilidad, abortos espontáneos y bajo peso al nacer. En mujeres embarazadas, el metal puede atravesar la placenta y afectar directamente al feto.
El riesgo no se limita a este metal. Los suelos contaminados suelen contener una combinación de elementos tóxicos, como cadmio, mercurio o arsénico, cuyos efectos pueden sumarse o incluso potenciarse entre sí. El cadmio daña los riñones y los huesos; el mercurio es altamente neurotóxico; y el arsénico está vinculado a distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. La exposición simultánea a varios de estos contaminantes aumenta la incertidumbre y la gravedad del problema sanitario.
Los metales llegan al alimento de distintas formas: a través de la absorción por las raíces, por la deposición de polvo contaminado sobre los cultivos o mediante la cadena alimentaria cuando el ganado consume forrajes contaminados. Hortalizas de hoja, tubérculos y productos de origen animal pueden convertirse así en vehículos de exposición para la población.
Desde el punto de vista de la salud pública, cuando existen indicios sólidos de contaminación del suelo y no se dispone de analíticas claras y accesibles sobre los alimentos producidos, se impone el principio de precaución. Analizar antes de comercializar no es una medida alarmista, sino una obligación básica para evitar trasladar el riesgo al consumidor, que no tiene forma de conocer el origen real ni la carga contaminante de lo que compra.
Por eso, la demanda de paralizar de forma preventiva la producción y la comercialización de productos agrícolas procedentes de terrenos contaminados no responde a una postura ideológica, sino a un criterio sanitario elemental. Garantizar que los alimentos son seguros es una responsabilidad pública que no admite atajos cuando está en juego la salud de la población.