La Junta de Personal y los delegados del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia han alzado de nuevo la voz. Denuncian públicamente lo que califican como un incumplimiento “continuado y deliberado” de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional, presidido por Fernando López Miras, junto al consejero Marcos Ortuño.
Según los representantes de los trabajadores, tras años de promesas públicas, acuerdos firmados y compromisos adquiridos en mesas de negociación, la realidad es que “nada de lo pactado se ha materializado”. Recuerdan que entre 2021 y 2022 los bomberos se movilizaron, se manifestaron y dejaron de realizar horas extraordinarias para evidenciar una carencia estructural de personal que, advierten, supone un riesgo real para los municipios de la Región de Murcia.
El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia presta servicio a la práctica totalidad de los municipios de la Región, excepto aquellos que cuentan con servicio propio de bomberos. En concreto, da cobertura a 43 de los 45 municipios murcianos.
En 2022 se firmó un acuerdo que incluía medidas clave: la creación de 120 plazas estructurales, la negociación de un nuevo marco de condiciones laborales antes de finalizar ese mismo año y el compromiso expreso de que ningún trabajador cobrara por debajo del valor de la hora ordinaria. “Nada de ello se ha cumplido en su totalidad”, subraya la Junta de Personal.
Los incumplimientos, denuncian, se han ido acumulando. En 2023 volvieron a producirse retrasos y bloqueos. En 2025 se entregó un borrador de acuerdo marco que, a día de hoy, sigue sin respuesta oficial. Más recientemente, el Gobierno regional se comprometió por escrito en mesa general a implantar la jornada de 35 horas y el factor reductor por nocturnidad y profesión de riesgo, compromisos que, según los trabajadores, han sido ignorados en el cuadrante finalmente impuesto.
La situación del servicio, alertan, es crítica:
- Más de diez parques no cuentan con el mínimo de personal exigible para intervenir con seguridad.
- Solo un 10% de los municipios dispone de vehículos de altura adecuados.
- Hay vehículos operativos con más de 25 años de antigüedad.
- En la mayoría de los casos no se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Falta uniformidad suficiente para la reposición de trajes de intervención.
- Parte de los equipos de protección individual presenta deficiencias, con trajes y cascos caducados y sin garantías adecuadas de descontaminación tras intervenciones con agentes peligrosos.
Los representantes sindicales advierten de que esta situación no solo pone en peligro la integridad física de los profesionales, sino también la seguridad de la ciudadanía. “La plantilla está harta”, aseguran. Los propios bomberos han trasladado a sus delegados un mensaje claro: hasta que los acuerdos no se cumplan y se publiquen oficialmente, continuarán las reivindicaciones y se seguirá haciendo visible ante la sociedad la falta de personal, la precariedad de medios y el abandono institucional del servicio.
Las protestas ya son visibles en los parques, en las pancartas colgadas y en las pintadas en los camiones. Según denuncia la Junta de Personal, este clima de tensión ha derivado incluso en amenazas personalizadas dirigidas a los responsables de las guardias, un hecho que consideran “inadmisible” y que atribuyen al deterioro extremo del conflicto.
“El problema no va de promesas incumplidas, va de seguridad pública”, subrayan. Recuerdan que el Gobierno regional tiene una responsabilidad legal y moral de garantizar un servicio de emergencias digno, seguro y dimensionado a la realidad de la Región de Murcia. “A día de hoy, no lo está haciendo”, concluyen.
El mensaje final de los trabajadores es directo y sin matices: “Gobierno regional, basta de amenazas. López Miras, menos amenazas y más plazas.”
El Consorcio es responsable de la protección contra incendios, rescates, accidentes y emergencias en la inmensa mayoría del territorio regional, incluyendo zonas rurales, municipios pequeños y áreas industriales, donde la falta de personal y medios tiene un impacto directo y crítico en los tiempos de respuesta y en la seguridad tanto de los profesionales como de la ciudadanía.
Por eso, las denuncias de la Junta de Personal no afectan solo a las condiciones laborales de los bomberos, sino que inciden de lleno en la seguridad pública de casi toda la Región de Murcia.