Quince mil firmas deberían ser suficientes para provocar una reacción política inmediata. En Los Alcázares, sin embargo, han servido únicamente para confirmar una sensación que se extiende entre vecinos y responsables municipales: la Consejería de Salud de la Región de Murcia permanece instalada en la inacción.
El Ayuntamiento ha registrado oficialmente esas cerca de 15.000 adhesiones ciudadanas para exigir algo elemental -atención sanitaria 24 horas- y para rechazar la autorización de una incineradora de residuos sanitarios en el municipio. La recogida se inició en agosto y ha implicado a vecinos, asociaciones y colectivos locales en una movilización sostenida que revela la dimensión del malestar.
La reivindicación principal no admite matices: cobertura sanitaria continuada. No se trata de una infraestructura de prestigio ni de una inversión simbólica. Es atención básica. Es el primer nivel de respuesta ante una urgencia médica. Y es competencia directa del Gobierno autonómico.
Movilización social frente a silencio institucional
La concejal de Salud defiende la iniciativa como una demanda “justa y necesaria”, destacando la implicación ciudadana en la recogida de firmas. Pero el peso político no está en la declaración, sino en el respaldo social. Quince mil apoyos no son una protesta sectorial: constituyen una presión colectiva difícil de ignorar.
El alcalde, Mario Pérez Cervera, ha sido aún más explícito al subrayar que el municipio lleva años utilizando todos los canales institucionales posibles -mociones, manifestaciones y ahora esta entrega de firmas- sin obtener respuesta efectiva de la Consejería.
Mientras tanto, el modelo asistencial actual obliga a derivar urgencias a otras localidades, una situación que el propio consistorio califica de servicio precario y alejado de estándares de calidad. Y esa precariedad no es coyuntural. Es estructural.
Gestión sanitaria y prioridades
La responsabilidad última recae en la administración autonómica, que planifica la red sanitaria y decide dónde se asignan recursos. En ese contexto, el caso de Los Alcázares expone una contradicción incómoda: una ciudadanía movilizada por necesidades básicas mientras la respuesta administrativa se dilata sin explicaciones claras.
La ausencia de una solución tras años de reivindicaciones y miles de firmas no puede interpretarse únicamente como lentitud burocrática. Se percibe como desinterés. Como desidia en la gestión de un servicio esencial. Probablemente, porque en Los Alcázares gobierna el PSOE.
Y esa percepción se agrava con un segundo frente abierto: la autorización regional de una incineradora de residuos sanitarios rechazada por el Ayuntamiento de Los Alcázares, que ya ha anunciado acciones legales contra el proyecto. El contraste político es evidente: diligencia para aprobar infraestructuras controvertidas, demora para garantizar asistencia sanitaria.
La planta está prevista en el polígono industrial tendría capacidad para tratar hasta 1.024 toneladas anuales de residuos sanitarios, incluidos materiales considerados peligrosos procedentes de hospitales y centros de salud.
Entre ellos figuran vendajes contaminados, medicamentos caducados o restos citostáticos utilizados en tratamientos oncológicos.
De esa capacidad total, aproximadamente 640 toneladas corresponderían a residuos peligrosos, con la generación anual estimada de cenizas tóxicas derivadas del proceso de incineración
La pregunta que queda
Quince mil firmas no son solo una reivindicación. Son un diagnóstico político.
Describen un territorio que reclama lo básico y una administración que no quiere dar respuestas.
La cuestión que queda sobre la mesa no es si Los Alcázares necesita atención sanitaria continuada, eso ya lo ha respondido la ciudadanía. La cuestión es cuánto tiempo más piensa la Consejería ignorar esa demanda.